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A cinco días de la “Toma de Lima” se realiza la Gran Marcha Nacional contra Boluarte
El jueves pasado fue la Toma de Lima, convocada por organizaciones sociales de todo el país, especialmente de las convulsionadas regiones del sur andino.
Y este martes es el turno de la Gran Marcha Nacional, que al igual que la anterior y todas las que hubo desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido Pedro Castillo, piden la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales inmediatas.
La convocatoria tendrá su punto de concentración en Lima en la céntrica plaza Dos de Mayo, donde se encuentra la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal organización sindicato del país. Como el jueves pasado, la Policía volvió a blindar el área con vallas.
Al igual que en los últimos días, las protestas continuaron este lunes en Lima, donde las delegaciones llegadas la semana pasada desde diferentes regiones recorrieron las calles del centro junto a integrantes de organizaciones y gremios sociales y políticos.
Los convoyes de vehículos con manifestantes no dejan de llegar a la capital mientras la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que una decena de regiones del país se encuentran afectadas por cortes de ruta en al menos 74 puntos. Hay 18 rutas nacionales interrumpidas.
Desde diciembre, cuando el gobierno dictó el estado de emergencia y sacó a los militares a la calle para sumarse a la Policía, la cantidad de muertos oficialmente contabilizados por la Defensoría del Pueblo ascienden a 47 (46 manifestantes y un uniformado). Si se suman los fallecidos en accidentes por los cortes u obstrucciones, la cifra asciende a 60, según todas las agencias internacionales de noticias.
ACNUR (la agencia de la ONU para refugiados) reportó el fin de semana la muerte de cuatro migrantes haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras. Unicef, por su parte, denunció la muerte de un bebe nonato, cuya madre, embarazada de 7 meses, no pudo llegar a tiempo a un hospital. A estas víctimas se agregó una muerte más en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.
La Unión Europea pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se respete el criterio de racionalidad en el uso de la fuerza contra manifestantes desarmados. El Papa Francisco pidió el fin de la violencia “venga de donde venga” y un diálogo “entre hermanos de una misma nación” que respete los derechos humanos y el estado de derecho.
La salida de la presidente y elecciones anticipadas, pero no para abril de 2024 como decidió el Congreso, es el común denominador de todas las protestas convocadas por organizaciones sociales, campesinas, sindicales y políticas.
El jueves hubo duros enfrentamientos con gases y corridas en la céntrica plaza San Martin, una zona calificada patrimonio histórico de la humanidad. Derivó en cientos de detenciones y en el incendio de un edificio que los manifestantes adjudican a proyectiles lanzados por la Policía Nacional del Perú (PNP). Este último hecho todavía está siendo investigado.
El sábado, la Policía, con tanquetas, ingresó al campus de la Universidad Mayor de San Marcos derribando las verjas de ingreso y deteniendo a 200 manifestantes. Hasta en Washington hubo rebote porque crece la impresión de que tantos muertos sólo puede ser obra de la permisividad gubernamental y un desprecio por la vida que mezcla racismo y odios ancestrales.
Es lo que puede leerse en toda la prensa europea, y lo denunciado por presidentes de la región, como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce
Los bloqueos de carreteras que aplican las comunidades desde hace dos semanas también comenzaron a producir desabastecimiento de productos en varias regiones.
En la frontera con Bolivia en el departamento de Puno la fila de camiones atascados suma varios kilómetros.
