A ocho años de aprobada la ley, aumentan los casos de femicidios en Brasil por el desmantelamiento de las redes de protección

Los casos, todos ellos ocurridos en Río de Janeiro, son apenas un puñado de los registrados en los primeros días de este año y confirman que los asesinatos de mujeres en situación de violencia doméstica, familiar o por desprecio y/o discriminación se incrementaron, pese la sanción en 2016 de la Ley 13.104, conocida como Ley de Feminicidio, que modificó el Código Penal y prevé el femicidio como circunstancia agravante del delito de homicidio.

Los casos que comenzó a recopilar el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro  (ISP) en el estado desde 2016 muestran un constante crecimiento de los femicidios. Según los informes oficiales, fueron 78 en 2020, 85 en 2021 y 97 en 2022, cuando todavía falta computar al menos tres casos ocurridos en diciembre pasado. Según el ISP, en cada uno de esos años hubo 270, 264 y 265 tentativas de femicidios, respectivamente.

Según la abogada Leila Linhares Bargsted, del Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, “los casos se intensificaron con la pandemia, cuando las víctimas y sus agresores comenzaron a convivir durante más tiempo”. Su lectura, además, subraya que la situación refleja “el machismo estructural y los altos índices de violencia del país”.

“El incentivo a portar armas de fuego y los discursos de odio refuerzan una misoginia y un machismo que se hacen cada vez más fuertes en la sociedad. Ese discurso machista, que se hizo un poco más discreto, está en las páginas de los diarios y lo pronuncian los dirigentes de las instituciones del Estado. Es como si hubiera una licencia para que los hombres ejercieran la violencia contra las mujeres en forma cada vez brutal", asegura Bargsted.

El Dossier Mujer del ISP precisa que la mayoría de las víctimas de femicidio son asesinadas por su pareja o expareja (59%) y en lugares cerrados (59%). Bargsted explica que “estos hechos suelen ocurrir precisamente cuando las mujeres ya no quieren vivir en situaciones de violencia y deciden separarse” y que “el machismo es producto de la idea de que el hombre tiene posesión de la mujer y cuando la pierde decide castigarla”.

Al asumir como gobernador de Rio de Janeiro, el conservador Cláudio Castro, del Partido Liberal, prometió priorizar el combate contra los femicidios. Con ese objetivo creó la Secretaría de la Mujer y citó programas ya implementados por su gestión, como la Red Mujer, la asistencia a las familias de las víctimas y la implementación de casas refugio. Con el mismo objetivo designó a una mujer, Patricia Cardoso, para encabezar la Defensoría Pública de Río de Janeiro.

Para Bargsted, el hecho de tener dos mujeres al frente de la Secretaría de la Mujer y de la Defensoría debería contribuir a mejorar la situación de indefensión en la que encuentran muchas mujeres. Sin embargo, no es suficiente. Según la abogada, “es necesario institucionalizar el diálogo entre los diversas organismos que trabajan en el área para promover efectivamente una red integral de protección y, de esta manera, prevenir los femicidios”.

La abogada también destacó la necesidad de garantizar fondos para la implementación de las medidas de protección: “Muchas veces lo que está escrito en grandes documentos, en grandes propuestas, no tiene recursos. Además, hacen falta datos más completos, por ejemplo sobre los perfiles de las víctimas y de los agresores, como así también qué clase de respuesta recibió la mujer por parte del Poder Judicial. Hay muchas preguntas que aún necesitan respuesta”.

Luiz Inácio Lula da Silva, quien durante la campaña electoral admitió la gravedad del problema y prometió desplegar políticas a nivel nacional, designó 11 mujeres al frente de un total de 37 ministerios. Su gabinete de transición, poco antes de que el líder del Partido de los Trabajadores asumiera la presidencia, advirtió que “en la primera mitad de 2022, Brasil rompió un récord de femicidios, registrando alrededor de 700 casos”.

Según el documento que difundió en base al Anuario Brasileño de Seguridad Pública, más de 66 mil mujeres fueron víctimas de violación en 2021 y más de 230.000 sufrieron agresiones físicas por violencia doméstica. “Aunque todas las mujeres están expuestas a esta violencia, el racismo es evidente: las mujeres negras son el 67% de las víctimas de feminicidios y el 89% de las víctimas de violencia sexual”, puntualiza el anuario.

En años anteriores, el anuario reportó 1.229 feminicidios en 2018, 1.330 en 2019, 1.354 en 2020 y 1.341 en 2021. El informe del gabinete de transición apuntó al “desmantelamiento de las políticas de combate a la violencia contra las mujeres como la causa del empeoramiento de la situación”, como la paralización del programa Dial 180, que contaba apenas con R$ 6 millones para 2023 destinados a servicios de denuncia, recepción y orientación de mujeres víctimas de violencia doméstica, según el proyecto de presupuesto elaborado por Jair Bolsonaro antes de perder las elecciones.

“En el caso del programa Mujer Vivir sin Violencia, los ejes principales que garantizaban la capacidad de ejecución fueron eliminados, liberando al Estado de cumplirlos. El presupuesto del programa cayó un 90% y se paralizó la construcción del programa Casas de Mujeres Brasileñas”, una iniciativa que tiene como objetivo relocalizar a las víctimas proporcionándoles una nueva vivienda. “La red de atención se debilitó en los últimos años. Los centros de referencia fueron desmantelados o vieron reducidas sus posibilidades de actuar por falta de equipos, y lo mismo ocurrió con las comisarías y centros de salud especializados”, puntualizó Bargsted.

El igual que otros especialistas, Bargsted enfatiza “la urgente necesidad de un cambio de mentalidad para sacar al país de la barbarie que imponen pensamientos como el machismo, el racismo y la homofobia, así como el incremento de la cultura de las armas”. Su visión destaca que no se trata “sólo de castigar a los agresores, de castigar a los criminales, se trata de reeducar a la sociedad en patrones civilizatorios de las relaciones entre los individuos”.

(Con información de Agência Brasil de Noticias)