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A ocho años de Ayotzinapa: un crimen de Estado, su encubrimiento y la búsqueda de justicia

La noche del 26 de setiembre de 2014, 43 estudiantes normalistas mexicanos fueron atacados y secuestrados por fuerzas de seguridad. Aún siguen desaparecidos

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26 de septiembre de 2022 a las 09:53

Cuando se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el caso que sacudió los cimientos del Estado mexicano y conmovió al mundo dista de estar resuelto, mientras continúan los reclamos de justicia no solo de parte de los familiares de las víctimas sino de los organismos internacionales de Derechos Humanos.

En estos ocho años, luego de las desapariciones ocurridas el 26 de setiembre de 2014 en esa localidad del estado de Guerrero, se fueron encandenando acciones de encubrimiento, informes falsos, intimidaciones y un entramado de corrupción que ha llegado a los más altos niveles del poder en México, con capítulos que todavía no están cerrados.

Este agosto de este año la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia creada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró el caso como “crimen de Estado” y arrestó a altos funcionarios acusados de obstruir la justicia, dando un primer paso firme hacia el esclarecimiento del caso.

Los hechos

La noche del 26 de septiembre de 2014, unos 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados por la policía de la municipalidad de Iguala cuando se dirigían a la Ciudad de México para asistir a una protesta en conmemoración de la masacre a estudiantes de Tlatelolco en 1968.

El estado de Guerrero, y en particular la ciudad de Iguala, es una zona clave en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esto ha hecho que los enfrentamientos y colusión de intereses entre grupos delictivos e instituciones hayan sido frecuentes desde hace décadas.

La Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, por otra parte, tiene una larga tradición de lucha social y suele albergar a estudiantes de pocos recursos de las zonas marginadas del estado de Guerrero y otras regiones del país.

La última versión del gobierno indica que el 26 de septiembre decenas de estudiantes de entre 17 y 25 años se trasladaron a Iguala para hacerse con ómnibus para trasladarse a la capital.

La policía municipal recibió informes de supuestos secuestros de vehículos y altercados protagonizados por los estudiantes. Entonces se produjo la confrontación y agentes dispararon contra los vehículos que transportaban a los estudiantes. La agresión policial fue de una violencia inusitada.

En apoyo a los municipales de Iguala también acudieron policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco. Dos alumnos murieron esa noche y un tercero apareció también sin vida y con signos de tortura al día siguiente.

Decenas de jóvenes fueron detenidos y liberados después, pero jamás se supo qué pasó con otro grupo de 43 estudiantes. Solo los restos de tres de ellos han sido identificados hasta hoy.

La falsa “verdad histórica”

Según la primera versión oficial, construida y difundida durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, los desaparecidos fueron entregados aquella noche por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos.

Según el gobierno, los miembros de Guerreros Unidos confundieron a los jóvenes con integrantes de los Rojos, una banda rival, y los asesinaron para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula en Guerrero.

La investigación que llegó a estas conclusiones fue liderada por el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y el jefe de investigación Tomás Zerón.

Esta versión, titulada como "verdad histórica", apuntaba que los estudiantes no habían acudido a Iguala por los autobuses, sino que su propósito era boicotear un acto de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del entonces alcalde de la localidad José Luis Abarca Velázquez.

Abarca y Pineda se encuentran hoy en prisión y fueron acusados por el exfiscal Murillo Karam de estar detrás de la desaparición de los estudiantes y de colaborar con grupos criminales.

Sin embargo, esta "verdad histórica" fue puesta en duda desde el comienzo por familiares de víctimas, organismos nacionales e internacionales y la administración de AMLO que arrancó en 2018.

Una investigación independiente

La falsedad de la “verdad histórica” promovida por el gobierno de Peña Nieto fue desestimada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que durante casi dos años analizó el expediente del caso y realizó su propia investigación.

Y organizaciones como Amnistía Internacional señalaron que la "verdad histórica" no había "atendido adecuadamente la línea de investigación", demostrando la existencia de "una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano".

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México se abrió una esperanza para llegar a desentrañar los hechos. Al principio de su mandato, AMLO se comprometió a "encontrar la verdad sobre la desaparición de los estudiantes" y a los pocos días anunció la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ).

Cancelación de la “verdad histórica”

En julio de 2020 la "verdad histórica" fue cancelada y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Entre ellos, el jefe de la investigación Tomás Zerón, quien se encuentra fuera de México.

Contra algunas de estas personas existían elementos para presumir alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa, dijo entonces el fiscal Gertz. Pero en los casi seis años de la desaparición hasta entonces, los expedientes no se habían procesado.

"Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la PGR", dijo el fiscal Gertz Manero en ese momento.

Ya en esta nueva etapa se descartó por completo la versión de que los estudiantes fueron incinerados.

El nuevo informe

Las conclusiones preliminares de la CVAJ fueron finalmente presentadas este jueves 18 de agosto por Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos del actual gobierno.

El informe estableció que en el crimen "concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano".

"La creación de la 'verdad histórica' fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes", dice el informe de la CVAJ.

Las primeras consecuencias no se hicieron esperar y este viernes detuvieron en México al exfiscal de la República Jesús Murillo Karam "por desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa".

Además, la Fiscalía anunció que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.

Veintiséis personas clave vinculadas han muerto por ejecución, accidente o muerte natural a lo largo de la investigación, lamentó Encinas durante la presentación del informe.

Además de concluir que la desaparición de los estudiantes constituyó "un crimen de Estado", el informe también apunta que:

Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos

En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas

El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado

Existen indicios suficientes para que la FGR (fiscalía general de la República) inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y funcionarios federales

A ocho años de los hechos, no hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

(Con información de agencias, BBC Mundo y medios mexicanos)

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