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Operación Minkar: a prisión la propietaria de una whiskería por un delito de trata de personas

La mujer de 52 años explotaba a al menos ocho mujeres centroamericanas

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11 de junio de 2020 a las 20:31

La Justicia imputó este jueves a la mujer que había sido detenida dos días antes en medio de una investigación de trata de personas en una whiskería ubicada en la localidad de Guichón, en Paysandú.

La fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio logró que la mujer de 52 años, propietaria del prostíbulo, fuera imputada por este delito, y enviada a prisión preventiva por 180 días mientras espera el inicio del juicio oral.

Hasta el momento, la policía identificó a al menos ocho víctimas de la trata: mujeres venezolanas, cubanas y una dominicana, que están a disposición de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la nación.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección general de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol y el operativo con los allanamientos días atrás, denominada Minkar, fue en coordinación con la Jefatura de Policía de Paysandú.

La indagatoria del caso comenzó cuando los investigadores detectaron "indicios" de "trata y proxenetismo" en algunas páginas web, particularmente de Instagram y Facebook, según revelaron fuentes de la investigación a El Observador. 

En algunas cuentas de esas redes sociales los investigadores observaron que se requerían "mujeres con determinados perfiles", como por ejemplo que fueran jóvenes o extranjeras.

La mujer que fue imputada este jueves era investigada, a su vez, por narcotráfico, y por este caso fue condenada esta semana por por un delito  tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de negociación y en calidad de autora,  penada con 16 meses de libertad vigilada. En cuanto salió del juzgado este mismo martes, fue trasladada a Montevideo para ser interrogada por la fiscal Lovesio. 

Al comienzo de la investigación, los policías de Interpol tenían una segunda línea, que apuntaba a un segundo prostíbulo ubicado en Montevideo, por la zona del Centro, pero que no llegó a abrir debido a la emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo. 

Los investigadores también siguieron la pista de una posible organización internacional que estuviera detrás de la mujer detenida, pero hasta el momento no se encontraron elementos que sustentaran esa hipótesis.

La ley 19.643, de 2018, definió como trata de personas la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación, entre las que figuran la explotación sexual, el matrimonio forzado o servil, el embarazo forzado, los trabajos o servicios forzosos obligatorios, la explotación laboral, la mendicidad forzada. Esos delitos se castigan con penas que van de los 2 a 16 años de penitenciaría.

Esa norma establece que junto con la sentencia de condena por trata de personas o alguna de las formas de explotación de personas, además de la pena, se debe disponer una reparación patrimonial para las víctimas identificadas, por un monto equivalente a 24 ingresos mensuales del condenado para cada una de ellas, o en su defecto 24 salarios mínimos nacionales.

 

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