De esta manera Dalmao, que estaba al frente de la División de Ejército IV con asiento en Minas, se convierte en el primer militar en actividad procesado por un crimen cometido durante la dictadura. Además, fue el primer militar en ser ascendido a general durante el gobierno de Tabaré Vázquez
El magistrado le imputó un delito de “homicidio muy especialmente agravado”. Junto con Dalmao fue procesado el coronel retirado José Chialanza. Para ambos la imputación es en calidad de “coautores”, ya que la sede penal no pudo probar que fueran los autores materiales de la muerte, aunque sí la responsabilidad de ambos en el hecho.
En el auto de procesamiento, Vomero concluyó que Chialarza "tenía una participación en las detenciones y posterior interrogatorio", que se realizaba en el Batallón de Transmisiones Nº 1, donde fue detenida la víctima.
Ambos permanecen en Jefatrura a la espera de que se les asigne destino, aunuqe se estima que serán conducidos a la cárcel especial para militares de Domingo Arena, donde hasta el momento hay 17 militares recluidos.
Dalmao era alférez en la unidad del Ejército en la que apareció muerta Sabalsagaray. Según la versión oficial, la joven se ahorcó en su celda del Batallón de Transmisiones N° 1, pero las pericias que se adjuntaron al expediente indican que su muerte se produjo como consecuencia de torturas.
En su comparecencia ante la Justicia, Dalmao negó cualquier implicancia en el hecho y se limitó a relatar que el día en que Sabalsagaray murió (29 de junio de 1974) en la recorrida por los calabozos la halló colgada de una sábana.
En ese entonces Chialanza era comandante de la unidad militar y Dalmao, estaba al frente del S2, área encargada de la denominada “lucha antisubversiva”.
El abogado de Dalmao, Miguel Langón, había basado su defensa en que se trataba de un caso de suicidio. Sin embargo, en su dictamen el juez Vomero afirmó que Sabalsagaray "fue sometida a diversos tormentos, entre ellos sofocarla mediante presión en el cuello".
El caso de la muerte de Sabalsagaray fue el primero para el cual la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad.
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