El viernes 15 de mayo estaba terminando y también, sin que nadie lo supiera todavía, la vida cotidiana de tres familias. En la fría noche de Los Cerrillos —una localidad canaria de apenas 3.561 habitantes— un policía tomó su arma de reglamento, asesinó a su expareja, mató al actual novio de ella y luego se suicidó.
La noticia sacudió al sistema político y volvió a instalar preguntas incómodas. No tanto por la novedad del episodio —en un país donde las denuncias por violencia doméstica y delitos asociados tienen una tendencia al alza desde que hay registros— sino por la brutalidad del desenlace y por todo lo que vino después: las explicaciones rápidas, las estadísticas lanzadas sin contexto y las discusiones urgentes sobre armas, estrés y salud mental policial.
Enseguida aparecieron afirmaciones difíciles de sostener con rigor: que los policías se suicidan “el doble o el triple” que el resto de la población, que el arma de reglamento es el principal problema, que los test psicolaborales fallan.
Según datos a los que accedió El Observador, entre 2019 y 2025 se suicidaron 108 funcionarios del Ministerio del Interior. Casi todos (103) eran policías ejecutivos. El promedio es de unos 15 casos por año. Pero los especialistas advierten que se trata de un universo estadístico pequeño, insuficiente para establecer comparaciones sólidas con otros grupos de la sociedad.
Además, existen variables que complejizan cualquier análisis. Los suicidios son más frecuentes entre varones y la Policía es una institución fuertemente masculinizada.
“Casi todos los suicidios de policías se dan con el arma de reglamento, pero eso no es indicador de nada en un país donde no es difícil acceder a un arma de fuego o a cualquier otro método para quien quiere suicidarse”, dice Tatiana Salerno, directora nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial del Ministerio del Interior.
Desde que asumió el cargo, Salerno viene intentando ordenar información dispersa y lidiar con una burocracia estatal que, según reconoce, muchas veces dificulta reconstruir antecedentes y trayectorias.
Después de revisar los datos disponibles, llegó a una conclusión que desmonta algunas ideas instaladas: “No existe un perfil de policía que tiende a suicidarse. A veces está la fantasía de que esto funciona como un chequeo de lista, como si todo fuera causa y efecto”.
Junto a July Zabaleta, directora nacional de Políticas de Género, comenzaron a detectar algunos patrones que se repiten en varios casos. Entre ellos, rupturas de pareja mal procesadas, situaciones de violencia doméstica —incluso sin denuncias previas— y una fuerte resistencia de los funcionarios a pedir ayuda psicológica.
“En algunos lugares de Estados Unidos se condecora a los policías que piden ayuda psicológica. En Uruguay pasa lo contrario: quien pide ayuda siente que queda señalado, que puede perder el arma o perjudicar su carrera”, afirma el sociólogo Pablo Hein, especializado en conducta suicida.
Ese temor es uno de los principales obstáculos que intenta enfrentar la actual administración. Salerno y Zabaleta impulsan cambios normativos para dejar en claro que la violencia doméstica no constituye una enfermedad psiquiátrica en sí misma y que consultar por salud mental no debería ser vivido como un castigo institucional.
“No todos los ofensores tienen una patología psiquiátrica ni todas las personas con patologías son ofensores en temas intrafamiliares”, enfatiza Zabaleta. “Hay que desterrar la idea de que hablar de lo que le pasa a uno es una debilidad”.
Las dos reconocen que la tarea es compleja. La construcción tradicional de la masculinidad atraviesa toda la sociedad, pero dentro de la Policía encuentra un terreno especialmente fértil: la exigencia de mostrarse fuerte, resolver problemas, soportar presión y obedecer órdenes dentro de una estructura rígidamente vertical.
Hein resume ese fenómeno en dos conceptos: “Jerarquía y cultura institucional”. Y sostiene que, en los pocos estudios uruguayos sobre suicidio policial, esos factores aparecen con más peso que el simple acceso a un arma.
Por eso una parte del trabajo actual apunta a los mandos policiales. La idea es que, además de controlar el cumplimiento de las tareas, puedan detectar señales de deterioro emocional en sus subordinados, aun dentro de una lógica institucional basada en la disciplina y la formalidad.
Haciendo escuela
La nueva administración también se propuso modificar la formación policial desde la base.
“Los policías ejecutivos antes tenían solo tres meses de asignaturas vinculadas a salud integral. Ahora esos contenidos pasan a ocupar nueve meses”, explica Salerno. Allí se incluyen temas como autocuidado, salud mental, manejo del estrés, adicciones, procesamiento de duelos y síndrome de burnout.
A eso se suman talleres sobre masculinidades dirigidos a policías en actividad. Zabaleta admite que el concepto genera resistencia en algunos sectores, aunque insiste en que el objetivo está lejos de cualquier discusión ideológica.
“Se trata simplemente de entender que por ser varón uno no tiene que ser el único proveedor de la casa, ni demostrar fortaleza todo el tiempo aunque esté roto por dentro”, explica.
Las autoridades saben que ningún curso evitará por sí solo episodios extremos como el de Los Cerrillos, donde la impulsividad en contextos de separación juega un papel central. Pero entienden que sí puede ayudar a detectar señales de alerta antes de que sea demasiado tarde.
En esa línea, el Ministerio del Interior planea extender a todo el país controles periódicos de salud mental para funcionarios policiales cada dos años, aprovechando la renovación del carné de salud.
“El objetivo no es retirar armas automáticamente ni castigar a quien consulta”, aclara Salerno, consciente de que ese sigue siendo uno de los mayores temores entre los policías ejecutivos.
El retiro del arma, explica, queda reservado para situaciones donde exista riesgo inminente para la persona o terceros, o en casos de violencia doméstica donde consten elementos suficientes para considerar que el funcionario ejerce violencia.
“No se trata solo de sancionar”, concluye Zabaleta. “También se trata de reparar e intentar que esa persona pueda cambiar su comportamiento”.
