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A vueltas con la independencia de Cataluña
Gobierno catalán se metió en un callejón sin salida y ahora paga las consecuencias
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04 de noviembre de 2017 a las 05:00
La crisis desatada en España tras la celebración del controvertido referéndum en Cataluña del pasado primero de Octubre (1-O), se agrava y adquiere ribetes insólitos, tras la ida del ex presidente catalán y cuatro de sus consejeros a Bélgica. ¿Por qué lanzó el gobierno catalán el órdago si no estaba dispuesto a aguantar el chaparrón?
Todo parece indicar que Puigdemont sigue una estrategia centrada en internacionalizar su causa y presentarse como víctima de persecución política, mientras gana tiempo y deja correr las semanas, previsiblemente para enmarañar la campaña electoral de cara a las elecciones fijadas por el gobierno para el 21 de diciembre.
Toda esta situación es un cúmulo de desaciertos y sumatoria de obstinaciones que han terminado por dividir y enfrentar a la sociedad catalana primero y buena parte de la española después.
Es inaudito que tanto el gobierno dirigido por Mariano Rajoy como los dirigentes políticos catalanes independentistas, no hayan encontrado los caminos que conduzcan a un diálogo civilizado con el que dirimir sus diferencias.
No será fácil olvidar las imágenes dolorosas de la carga policial violenta que se produjo en la jornada del 1-O. Nadie en su sano juicio duda en denunciar el uso excesivo de la fuerza para prohibir que ciudadanos catalanes que acudían a expresarse pudieran emitir su voto. Sin embargo, este hecho lamentable no puede alejarnos del debate de fondo.
Sucesivos gobiernos de Cataluña vienen manifestando hace años sus pretensiones de independizarse de España, so pretexto de contar con una cultura, en su sentido más amplio, propia y distinta.
Otro argumento, el más contundente quizás, es que el tratamiento fiscal que reciben los catalanes por parte del gobierno de la nación es injusto.
Y desde que la última crisis financiera mundial golpeó a España y comenzaron los recortes presupuestales para servicios como la educación, muchos ciudadanos catalanes se sienten estafados y contrariados con un gobierno central al que se identifica con la corrupción escandalosa del PP.
Desde la vuelta a la democracia y más concretamente desde 1978, cuando se aprobó la Constitución vigente, las diferentes comunidades autonómicas del territorio español invirtieron ingentes esfuerzos y dinero para promover una cultura propia en base sobre todo a una lengua autóctona.
Este es el caso particular del País Vasco o Cataluña. El idioma construye identidad, que duda cabe, pero no debiera ser motivo de separación sino todo lo contrario.
No hay impedimento en mantener la lengua materna y sumar otras. O amar y defender la patria chica mientras se respeta otra más grande.
Seguir recordando injusticias que ocurrieron durante los años del franquismo no es sólo anacrónico, sino que resulta un argumento tramposo que tergiversa la realidad que se vive desde hace décadas en Cataluña y en el resto de comunidades autónomas.
Desde 1978 hasta la crisis desatada en 2008, Cataluña creció económicamente de manera constante hasta convertirse en una región próspera y con un estado del bienestar envidiable.
Por algo es una de las regiones del territorio español que mayor cantidad de inmigrantes recibe y donde reside una nutrida colectividad uruguaya de aproximadamente 45.000 personas.
El independentismo catalán construyó un relato en el que Cataluña ha sido víctima de discriminación y expolio fiscal por parte de sucesivos gobiernos de Madrid.
Sin embargo, poco se menciona que incluso durante la dictadura de Franco, dicha región, así como el País Vasco, se vieron beneficiadas por un trato preferencial en materia de infraestructura, en base a que eran – y lo siguen siendo– el motor industrial del país.
Además, Cataluña goza de un nivel de autogobierno elevado, lo cual incluye el control del sistema educativo y medios de comunicación propios.
Algo que fue aprovechado por los partidos independentistas catalanes de distinto signo para defender sus intereses y trabajar en pos de una agenda secesionista durante los últimos casi cuarenta años.
Así lograron inculcar, especialmente en las generaciones más jóvenes, la imagen de una Cataluña víctima del trato injusto y desfavorable de gobiernos instalados en Madrid, por un lado y del vampirismo practicado por comunidades autónomas más atrasadas en lo económico, por el otro.
Puigdemont actuó irresponsablemente. Lanzó la piedra y ahora esconde la mano en Bruselas. Atrás deja una sociedad profundamente fracturada, que transita entre la rispidez y la violencia social, palpable incluso a la distancia, a través de las redes sociales.
Esta regresión a un pasado que se creía superado, en el que unos ciudadanos tildan a otros de fascistas mientras algunos trasnochados retoman viejas consignas franquistas, no sólo afecta la imagen exterior de España, algo que tanto tiempo y esfuerzo costó forjar, sino que además debilita internamente al país.
Puigdemont continúa con su arremetida contra el ejecutivo de Rajoy, ahora desde el exterior. Incluso si no lo solicita, la figura del exilio político flota en el ambiente, lo cual banaliza el concepto y resulta francamente inaceptable.
Decir que en la España actual hay persecución política y pretender escudarse en que el gobierno de Madrid es el único intransigente en esta triste situación es falso además de grave.
A base de medias verdades y abundante manipulación los independentistas consiguieron convencer a muchos catalanes de que la independencia política y económica era factible.
La rápida salida de varias empresas, entre las que figuran importantes bancos, cuya sede central estaba en Barcelona en los días posteriores al 1-O, dejó a las claras, una vez más, que el capital es temeroso.
Dichas empresas aportaban el 30% del trabajo en la comunidad catalana. ¿De que sirve la independencia política sin una estructura financiera y económica sólida?
Puigdemnot está sólo pero no lo reconoce. En Europa, solo partidos de extrema derecha y otros como el nacionalista flamenco N-VA expresaron su apoyo.
Estos son partidos euroescépticos. Y es que la independencia y la división de estados nación va en contra del proyecto de integración económica regional que es la base de la Unión Europea.
En el mundo existen unas 5.000 etnias que gozan de señas de identidad y lengua únicas. Steven Pinker recuerda que no todas ellas pueden tener su Estado.
En este siglo pautado por la irrupción imparable de las nuevas tecnologías, la globalización económica no es ya una quimera.
Sin embargo, la globalización de sentimientos propios del ser humano como la generosidad o la solidaridad no crece al mismo ritmo, sentenciaba por estos días el filósofo Emilio Lledó.
Pocos dudan hoy de que España se debe en su conjunto un debate profundo y serio sobre la pertinencia o no de la monarquía, pero no hay que entreverar la madeja.
España experimenta el hastío de amplias capas de su sociedad que no se sienten representadas ni por el PP ni por un presidente como Mariano Rajoy que dio nulas muestras de empatía y cintura para lidiar con la crisis catalana.
Se impone antes que nada la construcción de un diálogo con las diecisiete comunidades autónomas que comprende España, que establezca las bases para revisar la Constitución de 1978.
La unión hace la fuerza y para seguir creciendo y ser competitivos en un mundo regido por bloques económicos, el separatismo no es la mejor vía para garantizar lo que, tanto ciudadanos catalanes como otros españoles desean: seguir alcanzando mayores cuotas de libertad, democracia y bienestar.
Todo parece indicar que Puigdemont sigue una estrategia centrada en internacionalizar su causa y presentarse como víctima de persecución política, mientras gana tiempo y deja correr las semanas, previsiblemente para enmarañar la campaña electoral de cara a las elecciones fijadas por el gobierno para el 21 de diciembre.
Toda esta situación es un cúmulo de desaciertos y sumatoria de obstinaciones que han terminado por dividir y enfrentar a la sociedad catalana primero y buena parte de la española después.
Es inaudito que tanto el gobierno dirigido por Mariano Rajoy como los dirigentes políticos catalanes independentistas, no hayan encontrado los caminos que conduzcan a un diálogo civilizado con el que dirimir sus diferencias.
No será fácil olvidar las imágenes dolorosas de la carga policial violenta que se produjo en la jornada del 1-O. Nadie en su sano juicio duda en denunciar el uso excesivo de la fuerza para prohibir que ciudadanos catalanes que acudían a expresarse pudieran emitir su voto. Sin embargo, este hecho lamentable no puede alejarnos del debate de fondo.
Sucesivos gobiernos de Cataluña vienen manifestando hace años sus pretensiones de independizarse de España, so pretexto de contar con una cultura, en su sentido más amplio, propia y distinta.
Otro argumento, el más contundente quizás, es que el tratamiento fiscal que reciben los catalanes por parte del gobierno de la nación es injusto.
Y desde que la última crisis financiera mundial golpeó a España y comenzaron los recortes presupuestales para servicios como la educación, muchos ciudadanos catalanes se sienten estafados y contrariados con un gobierno central al que se identifica con la corrupción escandalosa del PP.
Desde la vuelta a la democracia y más concretamente desde 1978, cuando se aprobó la Constitución vigente, las diferentes comunidades autonómicas del territorio español invirtieron ingentes esfuerzos y dinero para promover una cultura propia en base sobre todo a una lengua autóctona.
Este es el caso particular del País Vasco o Cataluña. El idioma construye identidad, que duda cabe, pero no debiera ser motivo de separación sino todo lo contrario.
No hay impedimento en mantener la lengua materna y sumar otras. O amar y defender la patria chica mientras se respeta otra más grande.
Seguir recordando injusticias que ocurrieron durante los años del franquismo no es sólo anacrónico, sino que resulta un argumento tramposo que tergiversa la realidad que se vive desde hace décadas en Cataluña y en el resto de comunidades autónomas.
Desde 1978 hasta la crisis desatada en 2008, Cataluña creció económicamente de manera constante hasta convertirse en una región próspera y con un estado del bienestar envidiable.
Por algo es una de las regiones del territorio español que mayor cantidad de inmigrantes recibe y donde reside una nutrida colectividad uruguaya de aproximadamente 45.000 personas.
El independentismo catalán construyó un relato en el que Cataluña ha sido víctima de discriminación y expolio fiscal por parte de sucesivos gobiernos de Madrid.
Sin embargo, poco se menciona que incluso durante la dictadura de Franco, dicha región, así como el País Vasco, se vieron beneficiadas por un trato preferencial en materia de infraestructura, en base a que eran – y lo siguen siendo– el motor industrial del país.
Además, Cataluña goza de un nivel de autogobierno elevado, lo cual incluye el control del sistema educativo y medios de comunicación propios.
Algo que fue aprovechado por los partidos independentistas catalanes de distinto signo para defender sus intereses y trabajar en pos de una agenda secesionista durante los últimos casi cuarenta años.
Así lograron inculcar, especialmente en las generaciones más jóvenes, la imagen de una Cataluña víctima del trato injusto y desfavorable de gobiernos instalados en Madrid, por un lado y del vampirismo practicado por comunidades autónomas más atrasadas en lo económico, por el otro.
Puigdemont actuó irresponsablemente. Lanzó la piedra y ahora esconde la mano en Bruselas. Atrás deja una sociedad profundamente fracturada, que transita entre la rispidez y la violencia social, palpable incluso a la distancia, a través de las redes sociales.
Esta regresión a un pasado que se creía superado, en el que unos ciudadanos tildan a otros de fascistas mientras algunos trasnochados retoman viejas consignas franquistas, no sólo afecta la imagen exterior de España, algo que tanto tiempo y esfuerzo costó forjar, sino que además debilita internamente al país.
Puigdemont continúa con su arremetida contra el ejecutivo de Rajoy, ahora desde el exterior. Incluso si no lo solicita, la figura del exilio político flota en el ambiente, lo cual banaliza el concepto y resulta francamente inaceptable.
Decir que en la España actual hay persecución política y pretender escudarse en que el gobierno de Madrid es el único intransigente en esta triste situación es falso además de grave.
A base de medias verdades y abundante manipulación los independentistas consiguieron convencer a muchos catalanes de que la independencia política y económica era factible.
La rápida salida de varias empresas, entre las que figuran importantes bancos, cuya sede central estaba en Barcelona en los días posteriores al 1-O, dejó a las claras, una vez más, que el capital es temeroso.
Dichas empresas aportaban el 30% del trabajo en la comunidad catalana. ¿De que sirve la independencia política sin una estructura financiera y económica sólida?
Puigdemnot está sólo pero no lo reconoce. En Europa, solo partidos de extrema derecha y otros como el nacionalista flamenco N-VA expresaron su apoyo.
Estos son partidos euroescépticos. Y es que la independencia y la división de estados nación va en contra del proyecto de integración económica regional que es la base de la Unión Europea.
En el mundo existen unas 5.000 etnias que gozan de señas de identidad y lengua únicas. Steven Pinker recuerda que no todas ellas pueden tener su Estado.
En este siglo pautado por la irrupción imparable de las nuevas tecnologías, la globalización económica no es ya una quimera.
Sin embargo, la globalización de sentimientos propios del ser humano como la generosidad o la solidaridad no crece al mismo ritmo, sentenciaba por estos días el filósofo Emilio Lledó.
Pocos dudan hoy de que España se debe en su conjunto un debate profundo y serio sobre la pertinencia o no de la monarquía, pero no hay que entreverar la madeja.
España experimenta el hastío de amplias capas de su sociedad que no se sienten representadas ni por el PP ni por un presidente como Mariano Rajoy que dio nulas muestras de empatía y cintura para lidiar con la crisis catalana.
Se impone antes que nada la construcción de un diálogo con las diecisiete comunidades autónomas que comprende España, que establezca las bases para revisar la Constitución de 1978.
La unión hace la fuerza y para seguir creciendo y ser competitivos en un mundo regido por bloques económicos, el separatismo no es la mejor vía para garantizar lo que, tanto ciudadanos catalanes como otros españoles desean: seguir alcanzando mayores cuotas de libertad, democracia y bienestar.
