Al mismo tiempo que se recortan gastos en la asistencia estatal por la pandemia, se impulsa un impuesto a las grandes fortunas y se reflota el proyecto de ley para legalizar el aborto
A Alberto Fernández le llegó el momento de poner a prueba la condición que se atribuye a todo gobierno peronista: mantener controlada la situación social aun en medio de un duro ajuste económico.
Y el plan está en marcha. Por un lado, hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que considera excesivo el déficit fiscal de 4,5% del PBI previsto en el presupuesto del año próximo. Y en consecuencia, el ministro Martín Guzmán se esmera en el envío de señales “market friendly”, no solamente en la contracción monetaria sino también en el plano fiscal.
Es así que se confirmó el corte de programas de asistencia social instrumentados para la emergencia de la pandemia, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia, un subsidio de 10.000 pesos a los desempleados que originalmente había sido pensado para dos millones de beneficiarios y que tuvo que abarcar a nueve millones de personas, ante la profundidad de la recesión.
Cuando todo hacía presumir que se otorgaría un último IFE antes de fin de años, sobre todo, teniendo en cuenta la tradición argentina de disturbios sociales y saqueos en las semanas previas a la Navidad, Guzmán confirmó que se recortaría esa ayuda.
JUAN MABROMATA / AFP
Esto provocó el enojo de los sindicatos y organizaciones sociales, que afirman que la emergencia de la pandemia no pasó. Y los datos estadísticos les dan la razón. Por más que las calles de las ciudades argentinas ya no estén vacías y ahora muestren una imagen más acorde a la normalidad, lo cierto es que el desempleo real supera el 25 por ciento, según estiman los economistas.
El tema no solamente enoja a sindicalistas y piqueteros sino que genera protestas cada vez menos disimuladas en la propia interna del gobierno.
Pero el recorte a los programas de asistencia no es el único motivo de irritación. Acaso más importante, el nuevo esquema de indexación de las jubilaciones que está en preparación tiene condimentos que ni el mismo Mauricio Macri se hubiese animado a echar mano.
Concretamente, la nueva fórmula alarga los períodos de indexación, que pasan de los tres meses actuales a seis meses. Mucho, para un país con inflación que ya se anticipa en torno de 48 por ciento para el año próximo. Y, para peor, la actualización no será por inflación, sino que estará atada a la recaudación del organismo de la seguridad social.
En otras palabras, es una típica fórmula “pro-cíclica”, en la que las jubilaciones crecen cuando la economía se recupera, pero se hunden en una recesión. Hace tres años, Macri sufrió violentas manifestaciones cuando el Congreso votó una fórmula mucho menos regresiva.
Pero este es un gobierno peronista, y eso le otorga un plus. Cuenta, en principio, con cierta tolerancia de los sindicatos y, además, puede echar mano a una serie de iniciativas de contenido simbólico que hagan las veces de compensación para hacer más digerible ese ajuste.
El recorte fiscal había tenido un guiño implícito de Cristina Fernández de Kirchner, quien había dejado su convicción de que la prioridad absoluta del gobierno debía ser evitar una devaluación. Y que, en consecuencia, eso implicaba aceptar medidas desagradables si ayudaban a esa causa.
De manera que la situación actual es la siguiente: mientras el “ala económica” del gobierno busca rubros fiscales donde recortar y además procura un acuerdo con el FMI que permita reforzar las castigadas reservas del Banco Central, el “ala política” hace el juego de las compensaciones.
Una primera prueba de ello fue una carta pública de los legisladores kirchneristas al FMI, en el cual le reprochan haberle prestado una suma récord de dinero a Macri aun al costo de violentar los estatutos del FMI –que no permite que los bancos centrales usen la ayuda para vender divisas y defender el tipo de cambio-.
El objetivo de la carta era recordarle al FMI que era co-responsable de la crisis argentina y que, en consecuencia, no puede ahora hacer demandas excesivas sobre ajuste fiscal como condición para dar su ayuda.
Pero la carta, en realidad, tenía también un destinatario interno, el de la base militante del kirchnerismo, a quien se le hace difícil ver cómo su gobierno está procurando un acuerdo que siempre se dijo que no se haría.
Sin embargo, la señal política más potente para la base militante no es una misiva, sino que tiene la forma de un nuevo impuesto. El que afecta a las grandes fortunas y que, según sus impulsores, está inspirada en los aportes que realizaron en Europa las grandes empresas e individuos de alto patrimonio, como forma de ayudar a paliar la crisis provocada por la pandemia.
Técnicamente no se trata de un impuesto, porque está planteado como un pago por única vez, dada la emergencia de la pandemia, pero todos los opositores han recordado en los últimos días que muchos impuestos que fueron originalmente planteados como temporarios terminaron quedando como permanentes.
De manera que el debate ha subido mucho de tono, porque los críticos plantean que se trata de una nueva avanzada contra la propiedad privada y, lo que es peor, una medida que implicará un desincentivo a las inversiones.
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El proyecto, que ya tiene media sanción del Congreso, es impulsado por la bancada kirchnerista, y particularmente por Máximo Kirchner, el hijo de la expresidenta. Durante meses hubo rispideces internas en el gobierno, porque desde el kirchnerismo se percibía que Alberto Fernández no demostraba gran interés por impulsar el nuevo impuesto.
El proyecto alcanza a las personas con patrimonio superior a 200 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial equivale a 2,5 millones de dólares, pero al paralelo es 1,2 millones de dólares. La tasa del aporte arranca en 2,5 por ciento y sube progresivamente hasta un máximo de 3,48 por ciento.
La estimación oficial es que se llegará a recaudar $300.000 millones, unos 3.600 millones de dólares, al tipo de cambio oficial.
El gobierno alega que no afectará a más de 10 mil personas en todo el país, pero la oposición afirma que en realidad alcanzará a mucha más gente. De hecho, las agremiaciones rurales advierten que cualquier productor de porte mediano ya estaría en situación de tener que pagar.
Y las advertencias son duras. Por ejemplo, que muy pocos de los que deban aportar tienen dinero en efectivo para hacer el aporte, por lo que deberán vender activos o resignar inversiones. De manera que el supuesto beneficio de la recaudación se verá diluido porque habrá una caída de productividad.
En el campo, se está calculando en más de 2.000 millones de dólares la caída que provocará indirectamente el nuevo impuesto, por su impacto negativo sobre las exportaciones.
Pero la mayor polémica está en la faz legal. La Unión Industrial argumenta que el nuevo proyecto viola el principio de no realizar una doble imposición, dado que grava activos que actualmente están alcanzados por el impuesto a los bienes personales.
Y, de hecho, en los estudios jurídicos ya anticipan que habrá una ola de juicios, con lo que la ley deberá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia. Lo cual hará, en la práctica, que resulte muy improbable que se pueda recaudar el monto que oficialmente calcula el gobierno.
Lo que se apunta desde la oposición es que, en realidad, el gobierno está al tanto de esta situación, pero que el debate parlamentario en sí es también una concesión a la propia militancia, de manera de compensar el ajuste fiscal en marcha.
Y quienes abonan esta tesis de la “compensación a la militancia” señalan otro hecho destacado de los últimos días: la extraña coincidencia del envío al congreso de la ley para legalizar el aborto.
Se trata de un proyecto que Alberto Fernández había prometido impulsar durante la campaña electoral, pero que luego fue pospuesto, con el argumento de que la emergencia de la pandemia no generaba el marco propicio.
Pero en la propia interna se generó la suspicacia de que el verdadero motivo para la demora era no generar un factor de irritación con el Vaticano, que estaba ayudando al gobierno en su negociación para reperfilar la deuda externa.
Ahora, al mismo tiempo que se realiza el ajuste, el presidente finalmente anunció el envío del proyecto, con lo cual logró que toda la corriente juvenil y feminista del kirchnerismo tuviera un nuevo foco de atención en el cual canalizar la energía militante.
Lo cierto es que ya hubo manifestaciones masivas de apoyo para el proyecto en las calles de Buenos Aires. Y los asistentes a los actos son militantes que durante meses habían criticado las marchas opositoras por romper los protocolos de la seguridad sanitaria en la pandemia.
De momento, Alberto Fernández intenta mantener ese equilibrio de recortar gastos con una mano y ofrecer señales políticas con la otra. Un equilibrio difícil en un país donde la pobreza supera al 40 por ciento y empiezan a verse señales de saturación de la paciencia en los sectores más castigados.