En su Anuario 2014 –presentado en mayo del año pasado– la Asociación del
Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) había marcado la necesidad de aprobar una ley que estableciera un límite a la antigüedad de la flota de camiones que circula por Uruguay.
El país, argumenta la ACAU, no definió todavía una edad máxima permitida para que un vehículo pueda recorrer las calles. Para la gremial, se debe estipular la cantidad de años, es decir, qué es lo que se entiende como una vida útil "razonable".
En diciembre, la gremial insistió con ese reclamo y presentó formalmente una iniciativa ante diferentes actores gubernamentales: Dirección Nacional de Transporte del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas; Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria; Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y la Unidad Nacional de
Seguridad Vial. Ahora la propuesta está a su estudio.
El plan para modernizar la flota de camiones que presentó ACAU busca, de acuerdo a un documento al que accedió El Observador, tener efectos en varios niveles.
Si se miran los camiones que componen el parque automotor nacional, de 67.378 unidades, 14.122 fueron empadronadas en 1975 o antes, de acuerdo a datos del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Se trata de 20,9% del total.
Esa cifra desciende si se pone la lupa en los camiones que tuvieron por lo menos un pago en 2014 o 2015. En ese caso, de 45.548 unidades, 4.144 (9%) data de 1975 o antes.
Por un lado, se persigue el objetivo de bajar de manera "significativa" la siniestralidad y sus consecuencias, como lesiones o muertes. También menciona que el impacto que generan los vehículos más viejos sobre el pavimento es más dañino que el que producen los modelos más nuevos.
Asimismo, postula, este plan podría usarse como una "herramienta" para "estimular y apoyar a aquellos transportistas que hoy se encuentran en una situación no formal".
El grueso de los camiones que circulan por el país no cumplen con las normas que elaboró el Poder Ejecutivo para controlar la emisión de gases y ruidos, y que desde 2008 regulan a los vehículos pesados, según el estudio. El documento también señala que resta diseñar el sistema de retribución y el monto a compensar por cada camión "desafectado".