En febrero, a pocos días de cerrar el plazo legal para nuevos ingresos de funcionarios al Estado (por el año electoral), el Directorio del ente ferroviario AFE innovó en su forma de seleccionar un profesional. Entre los casi 100 puestos del último llamado a aspirantes se encontraban cargos para peones, operarios y distintos profesionales, como, por ejemplo, abogados, ingenieros, escribanos y contadores. Uno de ellos se reservó a un médico laboralista, para cubrir a quien suele trabajar en la seguridad de la plantilla y realizar tareas de seguimiento, entre otras funciones. Pero lo que llamó la atención a varios en AFE fue cómo se eligió al profesional.
El llamado para el médico en salud ocupacional fue abierto a cualquier uruguayo que tuviera su título de doctor en medicina expedido o revalidado por la Universidad de la República o universidades privadas, además del título de posgrado en la especialidad. También se pedía conocimientos básicos en informática y describía características subjetivas de la persona deseada.
Cerrado el plazo de inscripción, se citó el jueves 20 de febrero a los dos postulantes a Rondeau 1921, piso 9, para la entrevista con el tribunal del concurso. Los aspirantes debían llevar los originales de la documentación que presentaron al momento de la inscripción, y ya en la citación se advertía que la no observancia de este requisito los eliminaría de la nómina.
La primera entrevista era a la hora 10 y la segunda, a las 10.30. Pero llegada la hora señalada para la primera, no había nadie esperando fuera de la oficina a tener la entrevista.
El tribunal, que estaba integrado por médicos del ente petrolero ANCAP, tuvo que conectarse vía Skype (un programa de comunicaciones de voz y video gratuito, que funciona con conexión a internet) para entrevistar al primero de los postulantes.
Del otro lado de la pantalla estaba una uruguaya radicada en Madrid (España).
El otro médico, que esperaba su turno al otro lado de la puerta, no entendía nada. Creyó por un momento que no tenía competidores para el cargo del llamado. Pero, días después, se enteró por notificación oficial que su contendiente lo había vencido desde España.
La Constitución impide contratar personal para la función pública a menos de un año que se inicie el próximo período electoral, es decir, el 1º de marzo de 2014.
Por entonces, la Gerencia de Recursos Humanos tuvo que usar la imaginación para hacer que esa uruguaya residente en el viejo continente pudiera ocupar el cargo, ya que el tribunal le otorgó más puntaje que a su competidor uruguayo, que vivía en el país. Resulta que la profesional contratada no podía regresar a Uruguay antes de mediados de julio.
¿Cómo podía ser, entonces, que fuera contratada? El Directorio de AFE tomó la decisión de nombrarla en el cargo, pero esperar a su retorno a Uruguay. Fueron casi cinco meses con la asignación del cargo pero sin médico para cumplir con la tarea.
“Contratamos a una médica laboralista, que está en España y que regresará para ocupar su cargo el 14 de julio, ya que se muda definitivamente al Uruguay”, le comunicó el 29 de mayo de 2014 el secretario general de AFE, Juan Silveira, al secretario general de la Intendencia de Montevideo (IMM), Ricardo Prato. El jerarca municipal entra en la historia porque el médico que hasta el 30 de junio cumplió con las tareas que debía realizar la nueva médica ejercía esa función en AFE en régimen de pase en comisión de la IMM. Silveira le planteó a Prato en esa nota –en poder de El Observador– que el médico municipal se quedara hasta la vuelta de la profesional en cuestión.
Silveira logró su cometido, aunque no del todo, ya que el médico de la IMM regresó a sus funciones el primer día hábil de julio, y, desde ese día hasta el lunes pasado (que la médica ganadora del concurso comenzó a trabajar), en AFE no hubo quien realizara la tarea.
Para subsanarlo, según dijo Silveira a El Observador, el ente ferroviario contrató a la empresa Unidad Coronaria Móvil (UCM).
“Proactivo, ordenado, meticuloso en su trabajo, cordial y empático” eran parte de los requisitos que exigía el llamado a médico laboralista de AFE. El sueldo ofrecido era de $ 23.473,56 más beneficios sociales, como hogar constituido y asignación familiar, por 20 horas semanales. El médico de AFE debe también participar de juntas médicas, evaluar las condiciones de trabajo en el ente y vigilar la salud de los empleados en tareas de riesgos específicos.
Silveira defendió la decisión cuando fue consultado por El Observador. Informó finalmente que la médica se dirigió a la Oficina Nacional de Servicio Civil ni bien llegó al país, para presentar su documentación. l
