Al borde de la “lista negra”

La reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005 (interrumpidos en el gobierno de Luis Alberto Lacalle en 1990) fue uno de los logros más destacados, incluso por algunos empleadores. Sin embargo, la sanción de la norma que regula la negociación nunca terminó de convencer a los empresarios. Cuando Tabaré Vázquez fue electo manifestó su voluntad de buscar consensos para elaborar una ley que permitiera acordar salarios y discutir sobre condiciones de trabajo. La propuesta contó de inmediato con el apoyo del PIT-CNT y el rechazo de los empleadores, que en varias oportunidades se quejaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los alcances de su contenido.

La ley que está vigente hace cuatro años sigue en el centro de la agenda. El caso será analizado en las próximas semanas por la asamblea anual de la OIT que se está celebrando en Ginebra, Suiza.

En esa instancia existe la posibilidad de que Uruguay sea incluido en la denominada “lista negra”, que integran los países con los casos más graves de incumplimiento de derechos sindicales y laborales.

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, explicó a El Observador que el hecho puede concretarse a partir de la ampliación de la queja que las cámaras de Comercio e Industria en conjunto con la Organización Internacional de Empleadores, realizaron a principios de año ante el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT.

En ella se insiste en que el Poder Ejecutivo no cumple con las recomendaciones hechas por el organismo y se mantiene el reclamo de que se garantice el respeto de la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa en caso de que se ejerza el derecho de huelga o se realice una ocupación.

En el gobierno existe preocupación debido a que la inclusión en la lista puede afectar la imagen del país y dar pie a sanciones comerciales en el futuro. Si bien la OIT no prevé sanciones directas, hay países de Europa que ya han tomado represalias contra otras naciones acusadas de no respetar la normativa laboral internacional y que integran la nómina.

A modo de ejemplo, empresas multinacionales dejaron de comprar mercaderías a países asiáticos que han sido incluidos en las lista por violar convenios sobre trabajo infantil.
El criterio utilizado por la OIT no establece categorías, por lo que Uruguay puede ser incluido en una misma lista junto a países que están observados, por ejemplo, por no respetar las libertades sindicales o porque registran asesinatos de dirigentes en su territorio (ver infografía).

“El gobierno ha actuado de buena fe, recurrió al diálogo y promovió a nivel parlamentarios las acciones que se nos recomendó realizar. A Uruguay no hay nada que reprocharle. Me duele la injusticia que significaría una decisión de este tipo”, expresó Brenta.

Uruguay estuvo en la “lista negra” en 2011 y salió en 2012, en función de la nueva etapa de diálogo que se inició para examinar los comentarios de los órganos de contralor de la OIT.

En 2011, cuando se realizaba la conferencia anual en Ginebra, empleadores y trabajadores alcanzaron un preacuerdo que implicaba el retiro de la queja presentada por las cámaras en 2009. Pero luego el tema no fue aprobado cuando se sometió a consideración de los dirigentes del PIT-CNT que estaban en Montevideo y por eso el caso fue incluido en la lista.

La otra ocasión fue durante la presidencia de Jorge Batlle en 2002 y a instancias de una queja hecha por la central de trabajadores, donde se reclamaba por la falta de aumento del salario mínimo nacional durante casi 10 años.

La asamblea que comenzó el martes 4 se extenderá hasta el 20 de junio y la nómina de países se conocerá en la última semana.

Por esa fecha arribará a Ginebra el ministro Brenta. En la capital suiza también está presente una representación empresarial integrada por Juan Mailhos y Juan Fostik y una delegación sindical que encabezan Jorge Bermúdez y Beatriz Fajián.

“Nosotros vinimos a remarcar lo que es la ley tanto para privados como para públicos. Cuestionar a Uruguay porque aplique una ley de negociación colectiva es un despropósito. El Estado uruguayo ha hecho planteos de acuerdo a las recomendaciones de la OIT y esperamos que sean suficientes para que Uruguay no esté incluido en la lista”, dijo Jorge Bermúdez, dirigente del PIT-CNT, a El Observador.

Sin consensos
A fines del año pasado y después de no lograr que las cámaras y los sindicatos se pusieran de acuerdo, el gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley en respuesta a las recomendaciones hechas por la OIT en 2011. Entre las modificaciones más sobresalientes se propone eliminar la ultra actividad de los convenios.

Esto implica que la vigencia de los acuerdos no será atemporal y las posteriores prórrogas quedarán a resolver en la negociación entre trabajadores y empleadores.

Con anterioridad, en una ley sancionada en 2012, se modificó la integración del Consejo Superior Tripartito que ahora está compuesto en partes iguales por trabajadores, empresarios y gobierno.

Antes el Ejecutivo tenía nueve representantes y los trabajadores y empresarios seis cada uno. Esa fue una de las recomendaciones que hizo una delegación OIT que visitó Uruguay en 2011.

Sin embargo, en el sector empresarial se entiende que de las nueve recomendaciones realizadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el gobierno “cumple” en todos sus términos con dos de ellas.

En otros dos casos relacionados a la negociación por empresa y la integración del Consejo Superior Tripartito lo hace “parcialmente”, mientras que en las restantes cinco que hacen referencia a las competencias de los Consejos de Salarios para fijar salarios por encima de los mínimos legales, entre otros puntos, “no cumple”.

Pero el punto que encabeza las reivindicaciones se basa en la negativa a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones.

Si bien el articulado sobre el tema fue eliminado de la ley de Negociación Colectiva cuando el presidente Vázquez envió la iniciativa al Parlamento en 2008, la queja que los empresarios realizaron en 2009 se hizo en base al decreto 165/06 que reglamenta las ocupaciones y que se entiende debe derogarse.

En 2010, la OIT pidió al gobierno que velara por el respeto a los derechos de empresarios y no huelguistas, pero a juicio de las gremiales ello no ha sucedido porque el gobierno “no ha hecho nada en la práctica”, según expresaron al organismo el año pasado. Desde el sector empleador se sostiene que la ocupación no está incluida dentro del derecho de huelga. Si bien la Constitución reconoce este derecho, no admite la ocupación de una empresa como medida de acción gremial.

Si la OIT decide finalmente incluir a Uruguay en la llamada “lista negra”, el Poder Ejecutivo podría frenar el proyecto con las modificaciones que mandó al Parlamento y pedirle a los partidos políticos que no lo voten.

“¿Qué sentido tiene hacer un seguimiento de las orientaciones que fija la OIT si vas a ir a una lista negra dando todos los pasos? (…) Si esto se traduce en que nuevamente vamos a estar bajo la observación del Comité de Libertad Sindical no vamos a defender el proyecto”, había dicho el ministro Brenta.