Al menos 41 reclusas murieron, 25 de ellas calcinadas, como resultado de un enfrentamiento entre bandas criminales dentro de una prisión para mujeres en Honduras, cuyo gobierno dispuso la intervención militar del establecimiento, según informaron fuentes oficiales y la prensa local.
El incidente ocurrió por la mañana en el Centro de Adaptación de Mujeres (Cefas), en el distrito de Támara, a 30 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital del país, afirmó Yuri Mora, vocero del Ministerio Público en declaraciones recogidas por los diarios El Heraldo, La Prensa y La Tribuna.
El hecho se originó en un enfrentamiento entre integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13 y la Pandilla 18, dos de las organizaciones criminales más extendidas en Centroamérica, creadas respectivamente en El Salvador y Estados Unidos.
La viceministra de Seguridad y presidenta de la Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Julissa Villanueva, anunció la declaración del estado de emergencia en la unidad y advirtió que el gobierno “no tolerará actos vandálicos ni irregularidades”.
"No vamos a tolerar actos vandálicos ni tampoco irregularidades en esa cárcel. Se autoriza la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares, se declara emergencia" posteó en Twitter la funcionaria.
Por su parte, Delma Ordóñez, titular de la Asociación de Familiares Privados de Libertad, relató que las víctimas formaban parte de la Mara Salvatrucha, por lo que sospecha que el ataque lo perpetuaron miembros de la mara rival Barrio 18. "El módulo está completamente destruido, fue quemado en su totalidad", aseguró Ordóñez, quien afirmó que en la prisión hay unas 900 reclusas.
Por lo menos cinco equipos de Medicina Forense trabajaban por la tarde en el levantamiento de los restos de las reclusas que murieron calcinadas, al tiempo que la cárcel quedó a cargo de efectivos militares.
Villanueva fue nombrada en su puesto después de que varios enfrentamientos en cuatro cárceles registrados en abril y que dejaran un muerto y siete heridos. La viceministra anunció en esa ocasión un plan para controlar las 26 prisiones del país, en las que hay unos 20.000 internos.
El plan incluye un "desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100% de las instalaciones" y "el bloqueo total de la señal telefónica" para que los reos no puedan dirigir acciones criminales desde las cárceles.
Según las autoridades, los cabecillas del crimen organizado presos ordenan extorsiones, secuestros, asesinatos, operaciones con drogas y otros delitos desde el interior de los presidios. “La criminalidad organizada ha secuestrado el sistema penitenciario del país y las pandillas desde adentro y afuera de las cárceles producen acciones nefastas”, dijo Villanueva.
(Con información de AFP)
