Sobre la polémica que se ha generado en la última semana por la postura del gobierno electo para flexibilizar la llegada de argentinos a Uruguay y que tuvo la respuesta del presidente argentino Alberto Fernández, se expresó en la tarde de este jueves el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie.
El economista dijo que Uruguay nunca fue un paraíso fiscal y que tampoco va rumbo a serlo. Añadió que cuando Uruguay estuvo en una lista negra de la Unión Europea –entre abril de 2009 y diciembre de 2011- fue porque es un país "sudamericano".
“Hay que mirar países de otros lugares, ver algunas cosas y no están en ninguna lista gris. Lo que hay que estudiar es la experiencia de los países y ver qué es lo que se puede simplificar, sin perder la esencia. Vaya a abrir la cuenta en un banco acá y vaya a otro lugar, y va a ver las diferencias. Bueno, esa hojarasca que se ha generado hay que sacarla nada más. Usted puede tener músculo y arriba del músculo grasa. Usted saca la grasa y no pierde nada más, hasta gana”, comentó el economista.
"A Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal que volver a caer en eso no es una buena noticia", dijo el presidente argentino Alberto Fernández sobre la propuesta de flexibilizar regulaciones para la residencia fiscal
Consultado sobre la posibilidad de que el próximo gobierno vuelva a implementar como mecanismo de captación de capitales extranjeros las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), Alfie respondió: “Yo no sé si las SAFIS sí o las SAFIS no. Yo lo único que sé es que en 60 años de historia de las SAFIS hubo menos casos de problemas con las SAFIS, que los que hubo después que se eliminaron con determinadas sociedades anónimas”.
Las SAFIS están habilitadas para funcionar en Uruguay desde 1948. Los únicos bienes que estas sociedades podían tener dentro del territorio nacional eran cuentas bancarias, siempre que los saldos de las mismas no superaran la décima parte total de bienes. También podían ser tenedoras de títulos de deuda del Estado y acciones de otras sociedades de su misma clase.
La reforma tributaria de 2007 estableció que este tipo de sociedades tenían que dejar de funcionar el 31 de diciembre de 2010. Lo que permitían básicamente era realizar actividades offshore (fuera del país) pagando un único impuesto de 0,3% sobre el patrimonio fiscal de la sociedad, pero la diferencia más importante con otras sociedad no era tanto en lo impositivo, sino en su utilización para realizar actividades fuera del país sin ser gravadas por impuestos como el IRAE, el IVA y el Impuesto al Patrimonio.
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