Se conocieron las conclusiones de la investigación realizada por Amnistía Internacional en torno a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos que se estarían produciendo en forma masiva en el marco del “régimen de excepción” decretado por el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo y que, entre otras cosas como la suspensión de las garantías constitucionales, permite el juzgamiento y condena de niños de 12 años al que se le pruebe pertenencia a alguna de las pandillas que practican actividades criminales violentas en el país.
Según Amnistía, “como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos y criminalizando a las personas en situación de pobreza”.
La investigación de Amnistía ha establecido que el régimen de excepción, las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal y la práctica cotidiana de los Juzgados especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía, han limitado el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al recurso judicial y al acceso a un juez independiente.
Se detienen a miles de personas (18.000 según registros oficiales) sin cumplir requisitos formales mínimos y por el mero hecho de ser percibidos por las autoridades como criminales, por tener tatuajes, por tener familiares en una pandilla, por tener antecedentes penales o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla.
La mayoría de los detenidos son acusados del delito de “agrupaciones ilícitas” cuyas penas van de los 20 a los 30 años de prisión y juzgados en audiencias colectivas sumarias de hasta 500 personas a la vez, sin prácticamente ningún tipo de ayuda o asesoría letrada.
Amnistía también documentó casos de tortura y maltrato al interior de los centros de detención que adolecen de las mínimas condiciones de habitabilidad e higiene para preservar la salud e integridad psico-física de los detenidos. El hacinamiento en las cárceles es moneda corriente y causa principal de enfermedades, falta de higiene y violencia interpersonal.
Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo la tutela del Estado y existe el temor fundado que, dadas las condiciones de detención y la práctica habitual de castigos y torturas, ese número pueda incrementarse en el futuro inmediato.
El trabajo de la prensa es también objeto de la ola represiva, al menos tres periodistas tuvieron que cambiar de domicilio o irse del país debido al hostigamiento estatal y para estatal por difundir información sobre la violencia policial. No sólo hay amenazas contra periodistas en particular, las reformas legales que se han producido criminalizan a quienes informen sobre el fenómeno de las pandillas con condenas de hasta 15 años de prisión. También, funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado sin pruebas a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas.
El 11 de abril, en su cuenta de Twitter, el presidente Bukele llamó “basura” a Juan Martínez, investigador y antropólogo especializado en temas de violencia y pandillas.
Activistas por los derechos humanos y militantes comunitarios han sufrido también amenazas, persecución y detenciones, como en el caso de seis lideresas del municipio de Jilisco que fueron detenidas y acusadas de tener vínculos con pandillas.
Finalmente, Amnistía hace un llamado al gobierno del presidente Bukele a “revertir de forma inmediata las medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos”
(de Amnistía Internacional)
