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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele

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Amnistía Internacional condena el régimen represivo instaurado por el presidente Bukele

Luego de investigar exhaustivamente las denuncias de familiares de víctimas, la organización determinó que las autoridades han cometido violaciones masivas de los DDHH

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02 de junio de 2022 a las 15:23

Se conocieron las conclusiones de la investigación realizada por Amnistía Internacional en torno a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos que se estarían produciendo en forma masiva en el marco del “régimen de excepción” decretado por el presidente Nayib Bukele el 27 de marzo y que, entre otras cosas como la suspensión de las garantías constitucionales, permite el juzgamiento y condena de niños de 12 años al que se le pruebe pertenencia a alguna  de las pandillas que practican actividades criminales violentas en el país.

Según Amnistía, “como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos y criminalizando a las personas en situación de pobreza”.

La investigación de Amnistía ha establecido que el régimen de excepción, las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal y la práctica cotidiana de los Juzgados especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía, han limitado el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al recurso judicial y al acceso a un juez independiente.

Se detienen a miles de personas (18.000 según registros oficiales) sin cumplir requisitos formales mínimos y por el mero hecho de ser percibidos por las autoridades como criminales, por tener tatuajes, por tener familiares en una pandilla, por tener antecedentes penales o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla.

La mayoría de los detenidos son acusados del delito de “agrupaciones ilícitas” cuyas penas van de los 20 a los 30 años de prisión y juzgados en audiencias colectivas sumarias de hasta 500 personas a la vez, sin prácticamente ningún tipo de ayuda o asesoría letrada.

Amnistía también documentó casos de tortura y maltrato al interior de los centros de detención que adolecen de las mínimas condiciones de habitabilidad e higiene para preservar la salud e integridad psico-física de los detenidos. El hacinamiento en las cárceles es moneda corriente y causa principal de enfermedades, falta de higiene y violencia interpersonal.

Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo la tutela del Estado y existe el temor fundado que, dadas las condiciones de detención y la práctica habitual de castigos y torturas, ese número pueda incrementarse en el futuro inmediato.

El trabajo de la prensa es también objeto de la ola represiva, al menos tres periodistas tuvieron que cambiar de domicilio o irse del país debido al hostigamiento estatal y para estatal por difundir información sobre la violencia policial. No sólo hay amenazas contra periodistas en particular, las reformas legales que se han producido criminalizan a quienes informen sobre el fenómeno de las pandillas con condenas de hasta 15 años de prisión. También, funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado sin pruebas a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas.

El 11 de abril, en su cuenta de Twitter, el presidente Bukele llamó “basura” a Juan Martínez, investigador y antropólogo especializado en temas de violencia y pandillas.

Activistas por los derechos humanos y militantes comunitarios han sufrido también amenazas, persecución y detenciones, como en el caso de seis lideresas del municipio de Jilisco que fueron detenidas y acusadas de tener vínculos con pandillas.

Finalmente, Amnistía hace un llamado al gobierno del presidente Bukele a “revertir de forma inmediata las medidas violatorias de derechos humanos y a establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales con el fin de establecer una política de seguridad pública efectiva y respetuosa de los derechos humanos”

(de Amnistía Internacional)

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