Ante todo, la República

Donde comienzan los problemas, es cuando los gobiernos legítimamente electos comienzan a restringir las libertades y garantías individuales, reconocidas en todas las constituciones y declaraciones de Derechos Humanos, ignoran o soslayan la separación de poderes, socavan la independencia de la justicia y van minando poco a poco el estado de Derecho. Pierden allí la llamada “legitimidad de ejercicio” para distinguirla de la “legitimidad de origen”, pero conservan una fachada democrática. Es lo que ocurre en mayor o menor medida en varios países de América Latina gobernados por presidentes autocráticos (generalmente con posibilidad de reelección pues se creen imprescindibles) que no se respetan más que a sí mismos. En esa categoría pueden entrar Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua y estuvo a punto en entrar Colombia si Uribe hubiera logrado manipular la constitución para lograr un tercer período. Pero el país epítome es Venezuela, tanto bajo el difunto Chávez que consiguió la reelección indefinida, como bajo su sucesor Maduro que conduce el país al precipicio.

En Venezuela no hay libertad de expresión (o solo es testimonial la que existe), no hay libertad económica, no hay libertad de comercio pero sobre todo están en entredicho las garantías individuales básicas: muertos en manifestaciones, políticos detenidos arbitrariamente (el propio Mujica contradijo al FA reconociendo que en Venezuela hay “presos políticos”), un poder judicial que no ofrece garantía alguna. Pero allí sigue Maduro que fue electo democráticamente y entonces para buena parte de la izquierda latinoamericana eso viene a ser como una coraza y una garantía de que no pasa nada. La ONU se preocupa, la OEA se preocupa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a Venezuela e insta a liberar a los presos, pero el Mercosur no dice nada, la Unasur dice menos que nada, el Frente Amplio (aunque no así el presidente Vázquez y quizá tampoco Mujica) da su apoyo el proceso venezolano y al compañero Maduro y el compañero Maduro sigue “tan campante” y se viene en su avión a la asunción de Vázquez.

El punto clave, que muchos no terminan de comprender o no les interesa hacerlo, es que tan importante o más que el origen democrático del gobierno es su ejercicio republicano. Su origen democrático es, sin duda, necesario. Pero ello no puede ser una especie de carta de inmunidad para violar los “pesos y contrapesos” del equilibrio de poderes, para desconocer las garantías individuales y, sobre todo, para menoscabar a la justicia. Democracia de origen pero sin república, sin respeto a las minorías, sin respeto de las garantías de mayorías y minorías, es camino seguro de servidumbre, de autoritarismo del cual no puede salir nada bueno para la nación.

Por ello es preocupante que el señor Maduro se salga con la suya y reciba el beneplácito de los países vecinos y de los países que integran el Mercosur y la Unasur y todo porque cada semana agita el fantasma de un golpe de Estado. Y es preocupante oír también a muchos sectores del Frente Amplio acerca de la necesidad de reformar la Constitución uruguaya para “democratizar la justicia” y evitar que sea “un elemento de clase”. A la Suprema Corte de este país y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo les debemos un gran favor cuando han declarado inconstitucionales leyes o han defendido derechos de los ciudadanos frente al estado. Triste sería que ahora se menoscabara su poder para que dejen de ser “elementos de clase” cuando lo que han sido es ser garantes de derechos individuales, sin consideración alguna de clase.

Por tanto, alegrémonos hoy por el cambio democrático por el que siempre hay que velar. Pero estemos alertas, aquí y fuera de aquí, en la defensa de todo aquello que hace a la “república” y sin lo cual el origen democrático es una cáscara vacía.