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Antecedentes de menores no se tienen en cuenta, dicen jueces, fiscales y defensores

La mayoría advierte que se llevan en registros incompletos, y que a los jueces penales no les llega la información
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07 de diciembre de 2018 a las 05:03

El  Frente Amplio pretende eliminar los antecedentes penales de los menores -tal como se acordó incluir en el próximo programa de gobierno- que hayan cometido delitos graves, pero en los hechos el pasado delictivo de los adolescentes se lleva en registros precarios e incompletos, y los jueces y fiscales no siempre lo solicitan para dictar las penas, por lo que operadores judiciales entienden que eliminarlos no cambiará nada.

Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo e integrante de Casa Grande –el sector político que impulsó la iniciativa–, advirtió que la oposición iba a “pegar” a la coalición de izquierda por acordar esa propuesta en sus bases programáticas de un futuro gobierno: “Pero por temor a lo que digan ellos estamos manteniendo esas leyes”, dijo la jerarca este domingo, durante el VII congreso del FA.

La ley 18.778, de julio de 2011, da a los jueces la posibilidad "como medida accesoria" de mantener durante dos años los antecedentes de los adolescentes que cometen delitos graves -homicidio intencional, rapiña, violación, secuestro o copamiento– para que se los considere reincidentes si vuelven a delinquir como adultos. Pasados esos dos años los antecedentes deberán destruirse. El resto de los antecedentes deben ser destruidos cuando el adolescente cumpla los 18 años.

Sin embargo, operadores judiciales consultados por El Observador señalaron que son muy “extraños” los casos en que los jueces resuelven guardar los antecedentes. Uno de ellos fue el juez Nelson Dos Santos quien afirmó que “los antecedentes que envían son los registrados en la vida adulta del indagado". "Por ley, no recibimos los registros de cuando era menor”, aseguró.

Para la exfiscal Diana Salvo –jubilada a principios de mes– “no tiene sentido que se plantee la derogación", ya que los antecedentes de los menores no suelen tenerse en cuenta, “porque lo rechazan los jueces, y porque no está la costumbre de requerirlos”, dijo. 

Una posición similar sostuvo el fiscal de Homicidios, Juan Gómez: “Aunque son una referencia fundamentalmente para la policía, generalmente nosotros no los pedimos; es información que tenemos de referencia”, aseguró.

Sin embargo, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se refirió al tema este miércoles y dijo que los fiscales cuentan con las herramientas informáticas para conocer esa información y que la hacen valer. “Un ser humano que conoce eso, por más que jurídicamente diga 'yo esto no lo vi’, a la hora de tomar una decisión, pesa”, agregó.

Andrea Venosa, directora jurídica del INAU y una de los elaboradores de la propuesta frenteamplista, dijo que la iniciativa es en respuesta a una observación que recibió Uruguay por parte del Comité de los Derechos del Niño al detectar la existencia de este ley. Y pese a las declaraciones de Díaz, aseguró que los operadores judiciales no aplican la ley criticada:"No la están utilizando, porque son contestes con los derechos humanos, pero el día de mañana pueden haber otros que sí decidan aplicarla", advirtió.

Registro incompleto

El defensor de adolescentes Daniel Sayagués Laso dijo que el registro que lleva el Instituto Técnico Forense sobre el periplo criminal de los menores no suelen presentarse en forma completa. En su opinión, lo que se ofrece es “un registro que en realidad no existe, no funciona”, a tal punto de que cree que “da lo mismo que esté o no, porque nunca se aplica”.

Según había informado la directora general del organismo, Mónica Etcheverry, ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara del Senado, en los siete años que pasaron desde que se creó un registro, el Instituto Técnico Forense (ITF) lleva anotados 11.942 menores infractores.

Sin embargo, Sayagués explicó que muchas veces la información que se brinda omite datos como las condenas del imputado o las medidas cautelares que recibió, y solo se informa sobre los procesamientos.

Poco cambiaría, también cree Dos Santos, si se deroga la excepción de la eliminación de los antecedentes, como acordó hacerlo el Frente Amplio este fin de semana: “En los hechos, todo sería igual”, sostuvo.

 

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