Aprobaron iniciar el trámite de juicio político contra presidente Guillermo Lasso en Ecuador

De acuerdo con medios locales, la decisión tuvo seis votos a favor y uno en contra. Además, el CAL dispuso que Fiscalización suspenda otros procesos y juicios políticos que están en curso y priorice la interpelación contra Lasso por supuesto delito de peculado, como señaló la Corte Constitucional.

Se prevé que la Comisión de Fiscalización se reúna en fecha próxima para fijar un cronograma de trabajo.

Una vez entregado el documento de la Corte a la Comisión, Lasso presentará las pruebas de descargo en la mesa legislativa en un plazo de diez días. Luego procede la presentación y análisis de las pruebas de cargo y descargo y, transcurridos diez días, Fiscalización deberá presentar su informe al Pleno de la Asamblea.

Según reportes de prensa, una vez que ello ocurra, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, difundirá dicho informe en tres días y convocaría al Pleno, que en un término de cinco días debatiría el trámite.

Luego del fallo de la Corte Constitucional admitiendo el juicio político al mandatario, Saquicela declaró que la Asamblea actúa con respeto irrestricto a la Constitución y la ley. Recordó que el país dispone de mecanismos de control político “para que el Presidente rinda cuenta de sus actos”, los cuales “constituyen un procedimiento legítimo”, acotó.

Adelantó que el Pleno resolverá el juicio, que podría terminar con la destitución de Lasso, “con extrema responsabilidad, garantizando los más sagrados intereses del pueblo y de la Patria”.

En la noche del jueves, durante un mensaje en cadena nacional, el mandatario declaró que es inocente y que respeta la decisión de la Corte Constitucional de admitir el juicio político, aunque no la comparte.

Lasso rechazó la interpelación, la cual podría derivar en una posible destitución de su cargo. Añadió que siempre ha actuado con rectitud en el ámbito público y profesional, que se le imputan patrañas y que el juicio político “huele muy mal”.

Insistió en que ese trámite no tiene sustento jurídico ni pruebas y que detrás de él subyace el interés de sectores políticos que buscan el poder de manera desesperada, según dijo. Consideró que se trata de un asalto al poder para quitar la estabilidad a los ecuatorianos.