Aprobaron interpelación a Arbeleche y oficialismo denuncia una “campaña de enchastre”

Es que el 11 de febrero de ese año, una resolución firmada por Arbeleche declaró promovido el proyecto de inversión presentado por la empresa Isaac Alfie Stochek, relacionada a “equipamiento para la instalación de un nuevo local”, por un monto en unidades indexadas equivalentes a US$ 15.150. 

La empresa quedó así exonerada parcialmente del pago de IRAE y de forma total de los tributos a la importación, incluido el IVA. 

El argumento del ministerio es que la solicitud había sido presentada en el gobierno anterior, cuando Alfie no ocupaba ningún cargo público y que todo fue en marco de la normativa vigente. 

Ese es el argumento que, en líneas generales, utilizará la coalición de gobierno para defender a Arbeleche en el llamado a sala. 

Para el diputado colorado Felipe Schipani, el argumento del Frente Amplio es muy endeble. “Estamos en una campaña de enchastre que procura sembrar un manto de dudas y sospechas sobre un ciudadano ejemplar y un servidor público de larga data”, dijo el legislador. 

Schipani destacó el rol de Alfie al ocupar cargos de administración en circunstancias muy difíciles para el país, tanto en la crisis de 2002 como hoy. 

Así, la resolución ministerial obedeció al “legítimo derecho que tenía de acogerse a un beneficio legal, previsto por el gobierno anterior y marcado en la ley. No hubo ninguna ventaja para Alfie”. 

Schipani apuntó al Frente Amplio y sostuvo que se debe ser muy cuidadoso cuando “se menoscaba el honor de las personas”. 

En la misma línea fue el nacionalista Rodrigo Goñi para quien, debido a la crisis sanitaria que vive el país, esta “no es la oportunidad “ para interpelar a Arbeleche. 

La instancia había sido promovida por el diputado socialista Gonzalo Civila en marzo, en medio de versiones cruzadas en la oposición que indicaban cuestionamientos internos a la estrategia del legislador. 

Civila fundamentó la postergación del llamado a sala en que el servicio médico del Parlamento sugirió en se momento no realizar sesiones presenciales que no fueran imprescindibles, debido al contexto sanitario. 

A la resolución del ministerio, aclaró, se agregan ahora más “novedades”. En ese sentido mencionó la decisión del gobierno de declarar “confidencial” la información referida a la empresa de Alfie. 

Varios legisladores del Frente Amplio habían efectuado al respecto un pedido de acceso a la información pública. 

Civila argumentó que la interpelación a Arbeleche está plenamente justificada en un beneficio fiscal que se le pretendió otorgar a un funcionario que integra el gobierno y que maneja la política económica, un hecho agravado por el contexto de crisis que atraviesa el país. 

“No se trata de mancillar el honor de nadie”, concluyó. 

Al estallar la polémica, Alfie anunció en marzo que, en “común acuerdo” con el presidente Luis Lacalle Pou, decidió renunciar a los beneficios concedidos a su empresa, que habían sido pedidos en diciembre de 2019.