Argentina y el fantasma del default

Algunos lo pronostican sin medias tintas y le ponen fecha para después de las elecciones de 2019. Como Diego Giacomini, econonomista jefe de la influyente consultora Economía & Regiones, quien afirmó: “Sin cambios de fondo, Argentina está yendo derechito hacia el default”. Y no fue el único. Detrás de él hubo una seguidilla de opiniones en la misma tónica, en un fuerte contraste con el optimismo que ganó al gobierno en las últimas semanas, luego de que la nueva política cambiaria lograra, por fin, una estabilización del dólar.

Pero lo cierto es que las predicciones pesimistas fueron tomadas en serio por el mercado, porque provienen de economistas que hace un año habían pronosticado la crisis del modelo “gradualista” del equipo económico macrista y una crisis inflacionaria, que es lo que finalmente ocurrió. Giacomini, por ejemplo, había pronosticado que el sistema de metas de inflación fracasaría y que, al contrario de lo que planteaba en ese momento el gobierno, en 2018 habría una inflación muy por encima de la del año anterior.

Por otra parte, esos comentarios parecen apoyados por el hecho de que el índice de riesgo país sigue alto, encima de 600 puntos, un nivel que triplica al de Uruguay y al promedio de la región. Esto ocurre a pesar de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) garantiza que no habrá zozobra financiera por todo el año próximo.

Sin embargo, en el mercado persisten varias dudas, tanto de tipo financiero como político. Es claro que hay una nota de incertidumbre dada por las elecciones presidenciales del año próximo. De hecho, el riesgo de una vuelta a las políticas intervencionistas y “populistas” es una constante en todos los reportes de bancos de inversión de Wall Street.

Las encuestas abonan el terreno para esas dudas, porque están marcando que si las elecciones fueran hoy mismo, Mauricio Macri no lograría imponerse en primera vuelta y estaría en una situación de “empate técnico” en un eventual balotaje contra Cristina Fernández de Kirchner. El hecho de que el peronismo haya insinuado que revisará los términos del acuerdo con el FMI en caso de un retorno al poder le pone todavía más “ruido” al análisis.

Intereses abultados

Pero además del factor político, muchos economistas apuntan a inconsistencias en el plan económico. Uno de los informes difundidos en estos días, el de la consultora Economía y Regiones –dirigido por Giacomini– calcula que para no caer en default, el país debería tener un superávit fiscal de 3%, lo que implica un recorte de 5 puntos respecto de la situación actual.

Sin ese ajuste, afirma, en el escenario fiscal firmado con el FMI (superávit primario de 1% del PIB) fijado para 2020-2023, el mercado de deuda permanecería cerrado y las necesidades de financiamiento rondarían los US$ 53.219 millones.

En un escenario de gradualismo, en el que se pase desde 1% en 2020 a 2,5% en 2023, las necesidades financieras treparían hasta US$ 37.400 millones. Según Giacomini, en ambos escenarios se incurriría en default, salvo que sucedan dos cosas poco probables: un nuevo acuerdo con el FMI por un monto adicional similar al ya otorgado y, al mismo tiempo, se postergaran todas las amortizaciones del actual préstamo stand by para 2024 en adelante. “Solamente con un superávit primario de 3% del PIB a lo largo de todo el período 2020-2023, se evitaría el default, ya que las necesidades financieras del próximo gobierno caerían a US$ 11.592 millones”, señala la consultora.

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En definitiva, para este economista, el actual acuerdo con el FMI sirvió únicamente para posponer lo inevitable, pero las perspectivas siguen igual de pesimistas, porque el plan del gobierno no garantiza el crecimiento de la economía ni mejora condiciones para la llegada de inversiones externas ni elimina la dependencia del endeudamiento.

En una entrevista periodística, un exministro, Roque Fernández, coincidió con el diagnóstico. Percibe que la deuda, ahora en 70% del PIB, se encuentra en un nivel “sostenible, pero no con una alta probabilidad”. Y afirma que una profundización del ajuste será inevitable si se quiere evitar una reestructuración compulsiva.

Más drástico aun, el economista Miguel Boggiano, enumera “tres motivos bien claros por los que Argentina se encamina al default”.

Primero, señala que la economía no puede crecer con el actual nivel de presión impositiva. Y que eso pone en duda el equilibrio financiero, porque sin crecimiento no puede generar superávit con el que pagar la deuda. A eso le agrega que la clase política no muestra vocación de querer impulsar reformas estructurales en las áreas previsional, laboral e impositiva. Y agrega que, para completar el cuadro, el contexto internacional no ayuda: “Vamos en dirección a una nueva crisis crediticia global. En el 2020, cuando se haya terminado el dinero del FMI, el mercado de crédito va a estar en pésimas condiciones y probablemente no haya dinero para casi nadie”.

Riesgo de calma cortoplacista

Lo irónico de la situación es que los factores que los economistas señalan más riesgosos son, justamente, los que le permitieron al gobierno recuperar algo de calma para el corto plazo. Primero, el haber “planchado” al dólar, que cayó desde un pico de 42 pesos a su actual nivel de 37, y luego el nuevo ajuste impositivo para lograr el objetivo del déficit fiscal cero en 2019.

El equipo económico del gobierno celebra ambas medidas: está convencido de que son la base para la caída de la inflación, la recuperación de la economía y que, además, el plan calzará con los tiempos del calendario electoral, de manera que en el momento definitorio de la campaña se sentirá el repunte productivo. Sin embargo, los economistas críticos opinan que en esas mismas medidas está la base del futuro default.

Afirman que se incurrirá nuevamente en el retraso cambiario como forma de hacer caer el ratio deuda/PIB, y para aliviar el pago de intereses de 2019, unos US$ 14.100 millones, que hoy representan 3,3% del PIB. A eso hay que sumarle los intereses que deberá pagar el Banco Central por los títulos que emitió para controlar la base monetaria, que suman US$ 21.000 millones. El total, al tipo de cambio de hoy, implica 8,3% del PIB.

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Pero advierten que, en ese afán por licuar el costo de la deuda mediante un dólar “planchado”, el efecto secundario será el freno a las actividades exportadoras que ahora están en recuperación. Rodrigo Álvarez, economista jefe de Analytica, plantea la disyuntiva del gobierno: “La estabilización del sendero macro condiciona la dinámica del tipo de cambio. Si se quieren evitar nuevas crisis del balance de pagos, se debe sostener el tipo de cambio real alto. Todos estos factores redundan en un producto en dólares que difícilmente crezca lo suficiente de manera de ‘licuar’ la dinámica de la deuda en dólares. Este sería el escenario de ‘obediencia debida’ para con el FMI”.

Y ni siquiera es elogiado el celo de los funcionarios por el equilibrio fiscal, dado que los economistas apuntan a que no se logrará como consecuencia de un recorte del gasto público sino por una mayor presión impositiva sobre el sector privado. Según un cálculo de la consultora Econviews, en 2019 se llegará al nivel récord de 25% del PIB, solo considerando los impuestos del gobierno nacional –a lo cual luego hay que sumar los tributos de las provincias y los municipios–.

En los últimos meses, el gobierno celebró buenos niveles de recaudación impositiva, pero los economistas advirtieron que se trata de un fenómeno de corta duración. En parte se recaudó IVA porque las empresas comerciales liquidaron stocks, y en parte por las retenciones nuevamente aplicadas a la exportación agrícola. Pero no son síntomas de recuperación.

Lo cierto es que las alarmas sobre una inevitable reestructuración de la deuda o una renegociación del acuerdo con el FMI están a la orden del día.

Y generan una nueva polémica: tampoco faltan quienes acusan a los críticos de estar exagerando la gravedad de la situación para buscar prestigio profesional en caso de “pegarle” al pronóstico.