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Argentina y la vacuna contra el covid: escándalo político y dudas sobre la campaña de aplicación

La caída del acuerdo con Pfizer llevó a especulaciones y motivó una interpelación al ministro de Salud Pública, mientras que el gobierno apuesta a la vacuna rusa, ahora cuestionada

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18 de diciembre de 2020 a las 17:43

No podía ser de otra manera, tratándose de Argentina: la vacunación contra el covid-19, un tema técnico vinculado a la salud pública, terminó politizándose y agrandando la grieta entre gobierno y oposición, con graves yerros organizativos y sospechas de corrupción incluidas.

La polémica estalló porque mientras que muchos países negociaron la compra de la vacuna desarrollada por Pfizer, que se empezó a dar en el Reino Unido y luego en Estados Unidos, en Argentina se empantanaron las conversaciones con ese laboratorio. Y, de momento, la única vacuna de la que se podría disponer es la rusa, la que más desconfianza genera en la comunidad científica por la poca apertura informativa de las autoridades moscovitas sobre los resultados de sus ensayos.

El presidente Alberto Fernández se había reunido con autoridades de Pfizer e incluso se habían anotado como voluntarios unos 5.000 argentinos para la fase de prueba, pero luego el ministro de Salud Pública, Ginés González García, dijo que si el trato no había prosperado era porque el laboratorio exigía ahora “condiciones inaceptables”. El ministro no abundó en detalles, lo que alimentó las especulaciones. Dio a entender que Pfizer requería la aprobación de una ley especial que lo deslindara de responsabilidades legales, y que no aceptaba que el contrato llevara la firma del ministro sino que requería la del presidente.

De inmediato surgieron especulaciones en otro sentido. Hay versiones de que el gobierno estaba presionando para que la vacuna se produjera en Argentina, en un trato similar al que se había alcanzado con el laboratorio AstraZeneca. También se dijo que Pfizer había prometido inicialmente la posibilidad de suministrar en el corto plazo cuatro millones de vacunas, pero que luego rebajó esa oferta a la quinta parte. Y hasta circularon versiones ligadas a una presunta corrupción, porque desde Pfizer dejaron saber que había determinados pedidos que hizo Argentina que no habían sido efectuados en otros países.

El tema, inevitablemente, derivó en polémica política y ya hay, por parte de los legisladores de la oposición, un pedido para que el ministro de salud concurra al Congreso a dar explicaciones sobre los pormenores de la negociación. “Se le pidió al ministro que informe los motivos específicos por los cuales fracasó el acuerdo anunciado por el presidente la semana pasada con el laboratorio Pfizer y que brinde un detalle pormenorizado de las exenciones de responsabilidad que ha solicitado esa empresa, con indicación precisa de los argumentos por los cuales se consideraron viables dichas concesiones”, indicó un comunicado de la Unión Cívica Radical, aliada política del expresidente Mauricio Macri.

El ministro González García es una de las figuras más polémicas del gabinete por sus reiterados pronósticos errados sobre la evolución de la pandemia en Argentina. Al inicio minimizó la gravedad del problema por la lejanía de China. Luego desaconsejó el uso del barbijo, al cual calificó como irrelevante y contraproducente, hasta que la Organización Mundial de la Salud lo recomendó. Fue partidario de la cuarentena estricta, algo que ahora está siendo objeto de duras críticas retrospectivas porque los resultados fueron peores que los de otros donde se prefirió una política más laxa. González García, cuando la estadística marcaba que en Argentina había 3.000 infecciones por día, había dicho que se estaba alcanzando el punto de quiebre de la tendencia y que a partir de allí iniciaría el descenso gracias a las medidas oficiales de aislamiento. Pero eso no ocurrió: la tasa diaria de contagios siguió subiendo hasta el pico en octubre de 18.000 casos. Y si bien entró en descenso, todavía se dan unos 7.000 casos diarios, cifra considerada alta, y existe el riesgo de ingresar en una segunda ola.

La estadística es elocuente respecto a la situación argentina: se infectaron 1,5 millones de personas y murieron por ello 41 mil, lo cual pone al país en el ranking de los más castigados en el mundo.

Desde Rusia, con sospechas

Después de que Alberto Fernández anunciara que estaba en gestiones para que 10 millones de argentinos recibieran la vacuna entre diciembre y marzo, lo único que parecía relativamente seguro era la llegada de una primera tanda de 300.000 dosis provenientes de Rusia antes de fin de año. Esta semana hubo funcionarios del gobierno argentino en Moscú discutiendo los detalles finales, que no solamente incluyen el acuerdo entre gobiernos sino también la cuestión logística, porque el traslado de las vacunas requirió acondicionar aviones de Aerolíneas Argentinas.

En relación a la población de 45 millones de habitantes que tiene Argentina, esa primera tanda es relativamente pequeña y no llegaría a cubrir a la totalidad del personal de salud, sino que se concentraría en aquellos médicos y enfermeros que están más expuestos en la “línea de fuego” contra el coronavirus. Para llegar a la cifra que esperaba el gobierno y pasar a una fase de vacunación masiva harán falta unos 20 viajes aéreos; el costo de cada vuelo es de unos US$ 400 mil.

La vacuna rusa es también parte de la polémica. Han abundado las críticas por la falta de cumplimiento de protocolos internacionales de información, lo cual ha llevado a una intensa diatriba en los medios de comunicación y a un incipiente movimiento de resistencia a recibir la vacuna. Y esa dialéctica alcanzó los ribetes de escándalo cuando el mismísimo Vladímir Putin dijo que él no se había aplicado la Sputnik V porque tiene 68 años y la vacuna no está recomendada aún para mayores de 60. Esto puso en duda la continuidad del trato dado que, en los planes de las autoridades argentinas, la porción de la población que sería vacunada con prioridad son los ancianos.

Alberto Fernández, en aras de despejar la desconfianza, dijo hace una semana que él –que tiene 61 años– estaba dispuesto a ser el primero en recibir la Sputnik V. Y el gesto no era menor, porque en agosto pasado, cuando había empezado las negociaciones con Rusia, se le habían hecho llegar dos dosis para que se las aplicara, y el presidente argentino en ese momento desistió de hacerlo con el argumento de que no le parecía justo tener un trato privilegiado respecto del resto de la población.

De gesta épica a remedio en duda

Hay un tercer protagonista en el debate argentino sobre las vacunas: la desarrollada por la universidad inglesa de Oxford junto con el laboratorio AstraZeneca y que será la que se comience a usar en Uruguay en abril. Se trata de la vacuna que viene con más retraso en su confección y, además, la que ha demostrado resultados menos satisfactorios en la proporción de inmunidad lograda durante las pruebas.

Esta había sido la vacuna anunciada por el gobierno peronista como una verdadera victoria política. En agosto, el presidente convocó a una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo con Oxford y un laboratorio argentino por el que Argentina produciría el principio activo de la vacuna, que luego viajaría a México para su envasado final y que sería distribuida en toda América Latina. Era un anuncio que iba en línea con una de las consignas preferidas de Alberto Fernández, la que refiere a que el suyo será un “gobierno de científicos”, a diferencia del macrismo, en el que había una gestión “en manos de los CEOs”.

De inmediato la oposición le respondió con una serie de chicanas tales como que el Estado no tendría nada que ver con la fabricación, que resultaba de un acuerdo entre privados, y que además era Mauricio Macri quien tenía el mérito de que el laboratorio AstraZeneca haya tenido en cuenta al país.

Entre contramarchas, discursos teñidos de contenido ideológico, sospechas de corrupción, interpelaciones a ministros, peleas con laboratorios, demoras y acusaciones cruzadas se desarrolla la llegada de la vacuna contra el covid. Más argentino, imposible.

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