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¡Arreglemos los impuestos!
Por Luis Romero Álvarez, especial para El Observador
Recientemente el presidente Luis Lacalle Pou ha dicho que impulsará una rebaja de impuestos como el IASS y el IRPF, en cuanto el espacio fiscal lo permita.
Fue el contador Danilo Astori quien concibió el creativo concepto de espacio fiscal. Funciona así: cada gobierno al asumir debe enviar al Parlamento, para su aprobación, el Presupuesto Nacional que es un relatorio explicando cómo recaudará fondos y cómo los gastará en cinco años. Para hacer esas proyecciones, los gobiernos necesitan hacer supuestos, en especial relativos al crecimiento esperado del PBI. Ahora bien, si se estimó un crecimiento del 3% y la economía crece 5%, la recaudación fiscal subirá, pero esos tributos adicionales generados no encontrarán enfrente un rubro de gastos correspondiente y allí se crea el espacio fiscal.
El Frente Amplio lo que hizo con ese espacio fiscal fue gastarlo dos veces (lo gastó y luego nos endeudó para gastarlo de nuevo). Ahora surge la posibilidad de encontrar un nuevo espacio fiscal que el presidente actual desea usar para bajar impuestos.
A mi juicio, previo a bajar impuestos es recomendable arreglar los que tenemos vigentes.
En primer lugar, en 2015 el contador Astori, desesperado por el crecimiento del déficit fiscal, quitó el ajuste por inflación a la renta fiscal gravada en IRAE. De esa forma la tasa del impuesto se aplica sobre renta fiscal nominal. Si se mide la tasa equivalente cobrada sobre la renta ajustada por inflación, como debe ser, resulta que en el quinquenio 2016 a 2020 las empresas pagaron en vez del 25% un nivel de 36 a 37%. Estas altas tasas impositivas a las empresas que son el motor de la actividad económica frenan la inversión y la creación de puestos de trabajo, tan necesarios hoy.
Se ha querido corregir esto por la vía indirecta e inadecuada de la promoción de inversiones, que termina ayudando a empresas medianas y grandes a ahorrar impuestos en inversiones no decisivas. Pero las pequeñas empresas no llegan a beneficiarse de esos ahorros, mientras que los nuevos inversores miran este infierno fiscal y ponen sus decisiones en espera.
A esa angurria fiscal se suma la decisión de gravar las utilidades no distribuidas con el 7% correspondiente al reparto de utilidades, lo que está mal porque las empresas juntan utilidades para crear saludables fondos de reserva y para acumular capital para futuras inversiones, en cuyas situaciones no aplica el 7%.
Por el lado del sector rural también tenemos fallos que corregir. En primer lugar el sector soporta una pesada carga de impuestos ciegos (Patrimonio y su sobretasa, Primaria, Contribución Inmobiliaria y aportes a Seguridad Social Patronal). A junio 2020 esos impuestos ciegos representaron, si no tomamos en cuenta la devolución de impuestos, 57%, y los de renta 33%.
Cobrar impuestos sobre activos y no sobre renta es reconocidamente de baja factura técnica.
Por último, un fallo que es necesario corregir está en la regla candado (artículo 20, título 4). Según esta norma, la deducción de gastos o costos a emplear para el cálculo de impuestos a pagar deberá ser la proporción entre la tasa aplicable al vendedor y la vigente para el comprador. Por ejemplo, una empresa que compra un campo a una persona que tributa al 12% (renta de capital para persona física) y luego desea vender el campo a un tercero, podrá deducir solo el 48% de lo pagado como costo (12 de tasa del comprador contra 25 de tasa del vendedor). Así, si alguien compró un campo en US$ 1 millón y lo vende en US$ 1 millón, su renta es cero, pero si el vendedor tributaba al 12% podrá deducir solo US$ 480 mil y deberá pagar por una venta sin ganancias US$ 130 mil de impuesto a la renta. Esto es claramente un error técnico que para arrendamientos rurales fue corregido, pero para otras situaciones no.
Pensando que en el sector de pasivos la pobreza llega al 2% y en niños de 0 a 6 años al 22%, precisamos pensar bien qué impuestos bajamos, a quiénes y para qué.
