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Artimañas ambientales argentinas
El gobierno argentino ha recrudecido su recurso a artimañas engañosas sobre contaminación del río Uruguay, azuzado por sus debilidades internas y por la espina que lo atraganta desde que Botnia, hoy UPM, decidiera establecerse en nuestra ribera en vez de hacerlo en Entre Ríos, como pretendía el kirchnerismo. Las argucias se basan en afirmar que UPM vuelca efluentes de su planta de celulosa en Fray Bentos a temperaturas superiores a las permitidas. Nuestro gobierno no solo sostiene lo contrario sino que exige que se den a publicidad los periódicos informes de controles ambientales, que prueban la afirmación uruguaya. Pero Argentina no solo se niega a hacerlo sino que trata de transferir esa posición obstruccionista de ocultismo a la administración Vázquez, pese a que el canciller Rodolfo Nin Novoa acaba de reiterar nuestra exigencia de que se publiquen los informes. Estos documentos son confidenciales y solo pueden darse a conocer si las dos partes los aprueban.
La firme reacción de nuestro gobierno incluso devolvió la pelota a suelo argentino. Luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a la que el kirchnerismo llevó a Uruguay en un fútil intento de forzar el cierre de UPM, se acordó que el monitoreo ambiental abarcaría tanto a UPM como a las varias plantas del lado argentino. Estas son mucho más peligrosas para las condiciones de las aguas, por su vetustez y falta de controles, que la pastera en Fray Bentos, que opera con los más modernos sistemas contra la contaminación. Nin Novoa oficializó el reclamo de controles no solo del lado uruguayo sino también de los efluentes que Argentina vuelca a la cuenca del Paraná y el Riachuelo, curso acordado por ambos países pero que el gobierno kirchnerista nunca cumplió, a diferencia de lo que se hace con UPM.
Detrás de esta situación está un obcecado empecinamiento argentino que ha ensombrecido las relaciones rioplatenses desde hace una década. Se desató cuando Néstor Kirchner, en esa época presidente, respaldó la furia entrerriana porque la entonces Botnia prefirió la seguridad institucional de Uruguay. Kirchner alentó, con decisiones políticas y arengas virulentas, una hostilidad agresiva que incluyó el cierre de los puentes fronterizos durante años y asonadas fluviales y por tierra por grupos presuntamente ambientalistas. Bajo Cristina Fernández de Kirchner, su cónyuge y sucesora, los puentes se reabrieron pero el resentimiento se mantuvo latente.
Es probable que en el nuevo estallido de infundados reclamos y denuncias argentinas incida el caldeado clima político que impera en el país vecino. Amenazada la permanencia kirchnerista en el gobierno por escisiones dentro del peronismo y por una oposición que finalmente tiende a unificarse, el kirchnerismo echa mano a cualquier recurso que cree pueda aportarle votos para la elección presidencial de octubre. Pero, por un lado, es notoria la falacia de arremeter otra vez contra UPM pese a sus largos años de impecable protección ambiental. Y, por otro, gran parte de la población argentina está al tanto de la falsedad de las afirmaciones de su gobierno. La situación difícilmente cambie bajo la señora Kirchner. La mejor esperanza uruguaya es que quien la reemplace introduzca sensatez y honestidad en el tema, para permitir que se recompongan las relaciones cordiales entre los dos países, que el kirchnerismo se empeñó en hacer trizas.
