De la violencia de los grupos criminales se pasó a la violencia del Estado contra todo tipo de personas, señala el informe de la ONG

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Asesinatos y torturas en las cárceles salvadoreñas de Nayib Bukele según la ONG Cristosal

La violencia estatal desatada por el gobierno salvadoreño deja al menos 153 personas muertas en prisión, según un informe publicado a un año del inicio del Estado de Excepción llamado por Bukele como “la guerra contra las pandillas”
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01 de junio de 2023 a las 09:21

La realidad salvadoreña dada a conocer por la ONG Cristosal a un año del inicio de la guerra contra las pandillas lanzada por el presidente Nayib Bukele quedó registrada en el documento de más de un centenar de páginas en el que afirma que al menos 153 personas murieron después de ser arrestadas durante la operación. La ONG confirmó que 29 de esas muertes fueron violentas, mientras que calificó otras 46 de sospechosas.

Los cuerpos de la mayoría de esas 75 víctimas presentaban signos de tortura, pero las causas de sus muertes fueron clasificadas por las autoridades como “indeterminadas” o “naturales”, por lo que el verdadero número de fallecimientos violentos podría ser mayor.

Cristosal es una ONG sin fines de lucro fundada por dos obispos anglicanos, Justo Martin Barahona y Richard Bower, que construyeron relaciones entre iglesias de los Estados Unidos y la iglesia anglicana de El Salvador.

Noah Bullock, director de Cristosal, fue la cara visible de este informe. El gobierno de Nayib Bukele rechazó este trabajo y acusa a la ONG de “defensores de las pandillas” y de “terroristas”.

El informe comienza diciendo que “el 26 de marzo de 2022, a las 8.04 PM, el presidente de la República, Nayib Bukele, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. Le ordenó a la Asamblea Legislativa que se decretara ‘REGIMEN DE EXCEPCIÓN, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República’.

A renglón seguido, cinco minutos más tarde, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, convocó de manera urgente, para esa misma noche, a los diputados de todas las fracciones legislativas a sesión plenaria extraordinaria. La hora convocada era ‘las 11.00 PM. El siguiente día, 27 de marzo, apareció publicado el Decreto N° 333 por medio del cual se establecía el ‘Régimen de Excepción’ en todo el territorio nacional”.

El informe señala que en cinco artículos se otorgó plenos poderes “a las instituciones de Seguridad Pública, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, para restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”, y para “suspender las garantías constitucionales”. Y que por medio de otro mensaje en Twitter, luego de la publicación en el Diario Oficial, Bukele aseguró que “para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal”.

Pero “la vida no continuó normal para muchas personas en El Salvador”, dice el informe: “Más de 13 meses transcurrieron desde aquellos mensajes en redes sociales y desde la entrada en vigor del régimen de excepción”.

Las secuelas de aquellas disposiciones, analiza la ONG, “siguen presentes en miles de salvadoreños y salvadoreñas cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados”.

Con datos oficiales escasos, pero con testimonios de las víctimas, Cristosal recopiló una ingente cantidad de documentos y audios que evidencian la violación sistemática de Derechos Humanos por parte del Estado salvadoreño.

Con el régimen de excepción “el Gobierno afirmó que se pretendía frenar una ola de violencia sin precedentes que había cobrado la vida de 87 salvadoreños y salvadoreñas en tres días. Sin embargo, “de las acciones violentas de los grupos criminales que perpetraron estas muertes, se pasó a la violencia del Estado contra todo tipo de personas. Sin investigación previa se capturaron a miles de personas que fueron sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en las cárceles existentes o creadas para darle cumplimiento al régimen”, continúa Cristosal.

“Se transitó así del terror de las pandillas a la violencia sistemática del Estado”, afirma la ONG anglicana.

En el primer apartado del informe se establece cómo el régimen de excepción es un ejemplo de “populismo punitivo” y de una estrategia de propaganda gubernamental que pretende ganar réditos electorales y afianzar el control del Estado.

Este populismo punitivo “se sostiene con la maquinaria de propaganda que difunde en todos los medios de comunicación, creados o financiados con fondos públicos, una retórica maniquea que divide a la sociedad en dos bandos: buenos/malos, amigos/enemigos, nosotros/los otros”.

Cristosal sostiene que el gobierno “hostiga y acosa a las personas defensoras de los Derechos Humanos, manipula u oculta los datos oficiales sobre las muertes violentas y sobre el cometimiento de otros delitos como la desaparición forzada o la extorsión, niega información pública y culpa a la oposición política de la grave situación de inseguridad que se vive en el país”.

Hasta ahora, señala el informe, “la suspensión permanente de garantías constitucionales bajo la figura del régimen de excepción es la única herramienta de política pública que implementa el Gobierno”.

El informe dice que el gobierno afirma que “tras un año de vigencia del régimen se capturaron a más de 66 mil personas (y se dijo públicamente que faltan 30 mil más). Lo que ordinariamente se oculta son los motivos y las formas con las cuales se ejecutaron las detenciones”.

Detalla que esas detenciones son “capturas sin investigación, por fichajes policiales previos, por delaciones anónimas, por tener tatuajes (alusivos a pandillas o no), por rencillas, por cumplimiento de cuotas de detenciones o por vivir en zonas de asedio de las pandillas”.

Cristosal recibió 3.275 denuncias durante el primer año del régimen que señalaban a 3.403 personas vulneradas en sus Derechos Humanos. De este total, el porcentaje más alto son hombres (85.5%), seguido de mujeres (13.9%), y se contabilizaron 55 personas de la comunidad LGBTIQ+.

Un dato alarmante es el grupo etario al que pertenecen las víctimas: “el 58.7% se encuentran entre los 18 y los 30 años”. Los principales victimarios son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, quienes “no sólo efectuaron las detenciones arbitrarias, sino que también vulneraron a los familiares de los capturados”.

Cristosal afirma que el régimen de excepción significa, entre otros atropellos: inexistencia de debido proceso, inexistencia de investigaciones previas a las capturas, detenciones ilegales y doble juzgamiento, allanamiento ilegal de la morada, detención por denuncias anónimas, detenciones basadas en la existencia de antecedentes penales o policiales o estigmatización por tatuajes.

Cristosal cuenta con fotografías e informes forenses que muestran cuerpos con signos de “asfixia, fracturas, hematomas significativos, cortes, perforaciones”. Algunos parecían haber muerto por malnutrición. Casi la mitad de las víctimas eran hombres de entre 18 y 38 años.

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