Asistencia "integral" de testigos y víctimas de delitos

El Ministerio del Interior presentó este lunes en el Consejo de Ministros un borrador de lo que será el Sistema Nacional de Atención y protección Integral de Testigos y Víctimas de delitos violentos, con el cual se buscará coordinar la acción de ministerios e instituciones para atender a personas que hayan sido afectadas por la inseguridad. Según dijo el ministro, Eduardo Bonomi, durante la conmemoración de los cinco años de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), actualmente el Estado atiende las necesidades de salud, trabajo y vivienda de víctimas de delitos violentos, pero lo hace por separado.

Por esa razón se buscará integrar los servicios para dar soluciones a medida a cada situación, explicó el jerarca. Este sistema será presidido por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior, y estará integrada, además, por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,el Ministerio de Vivienda, Salud Pública, el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), el Banco de Previsión Social (BPS), la Defensoría Pública del Poder Judicial, y tendrá como organismos invitados a la Institución de Derechos Humanos y una organización de la sociedad civil a definir.

Para el fiscal de Corte, Jorge Díaz, "las víctimas de delitos son los grandes olvidados de la sociedad (...) no reciben casi atención, o la reciben en un centro de salud y se le pide la cédula a una persona que acaba de ser víctima de un robo de su cartera, o quien termina lesionado en una rapiña va a la cola del hospital y espera detrás de una señora que se lastimó un tobillo porque pisó mal, no tiene ninguna prioridad".

"Eso va generando dolor, el dolor individual de las víctimas se transforma en un dolor social", dijo Díaz.

El sistema que presidirá la Fiscalía y el Ministerio del Interior buscará revertir estas situaciones, a través de un programa de capacitación sobre el tratamiento de estas situaciones, así como generar "mecanismos de atención integral y territorial", explicó Bonomi.

Sin embargo, el ministro aseguró que "proteger a las víctimas de delitos no quiere decir que se deje de trabajar para que haya menos víctimas". Bonomi resaltó en 2016 se produjeron 28 homicidios menos que en 2015, y en lo que va de este año hubo 16 homicidios menos respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, admitió que mientras que los homicidios ocurridos como resultado de una rapiña han venido en caída, las muertes presuntamente entre delincuentes continúan creciendo. El ministro del Interior dijo que actualmente hay una tasa de homicidios en el país de 7,6 cada 100 mil habitantes y que esperan bajar esa cifra por debajo de los 7 cada 100 mil, para finales de año.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo durante la conferencia que una de las mejoras que traerá el nuevo Código del Proceso Penal, que entrará en vigencia a partir del 1º de noviembre, es que las audiencias orales y públicas aportarán mayor transparencia al sistema penal, aunque también aumentará la visibilidad y vulnerabilidad de los actores judiciales y particularmente de las víctimas y testigos. Al respecto, Chediak dijo que se deben crear protocolos para evitar que puedan tener temor a declarar porque de lo contrario "se tornará más difícil la persecución penal". El presidente de la Suprema Corte dijo si no se hace algo "se va a pasar de un sistema con tasas de resolución de delitos bajas, por uno con tasas aun más bajas".

Chediak dijo que en la experiencia de otros países de la región que han aplicado cambios como los que está desarrollando Uruguay, al principio "empeora" la eficacia del proceso.

Adriana Belmonte y Diego Chomnalez, padres de Lola Chomnalez, asesinada en el 28 de diciembre de 2014 en Valizas, Rocha, asistieron al evento que realizó ayer la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia, ya que ahora esa asociación los representa legalmente. Consultados por El Observador manifestaron estar satisfechos con las actuaciones de la nueva jueza del caso, Romina Sena, y la fiscal Patricia Sosa. Según dijo Chomnalez, "surgieron nuevos elementos en la investigación", aunque prefirieron no dar detalles. Según supo El Observador, los padres de Lola presentaron un escrito la semana pasada para acceder a todas las actuaciones pero en el juzgado les dijeron que no tenían papel para las fotocopias. Belmonte dijo que esperan que no se caiga en un error por apurarse y no se "vicie" la causa.