Bryan Harris
Conforme el coronavirus se extendía por Brasil este año, siniestras historias comenzaron a filtrarse por las redes sociales, a menudo a través de legisladores federales con cientos de miles de seguidores.
En el estado nororiental de Ceará, un mensaje viral afirmaba que las autoridades locales estaban enterrando ataúdes vacíos para exagerar la escala de la pandemia, reclamar fondos de ayuda y mantener a las personas bajo control.
La información era falsa, pero su difusión masiva — en algunos casos a través de legisladores electos — dice mucho acerca de la alta incidencia de noticias falsas en la nación más grande de Latinoamérica. Nueve de cada 10 brasileños han estado expuestos a noticias falsas en relación con la pandemia, las cuales generalmente se comparten en los grupos de WhatsApp, según un estudio del grupo sin fines de lucro Avaaz. Siete de cada 10 han indicado que creyeron la información que recibieron.
"Los riesgos de las noticias falsas han ganado una nueva urgencia debido a la gravedad del problema de salud", dijo João Victor Longhi, un defensor público y miembro del Instituto Brasileño de Responsabilidad Civil.
"Algunos están diciendo que la pandemia es una mentira, que es un virus de China, que no es necesario usar una mascarilla. Los riesgos de las noticias falsas ya no sólo se tratan de la destrucción de reputaciones o de las diferencias políticas, sino que están perjudicando a la sociedad".
Las noticias falsas también han demostrado ser una potente herramienta política, particularmente entre los partidarios del presidenteJair Bolsonaro. El miércoles, Facebook suspendió casi 100 cuentas y páginas vinculadas a una campaña de desinformación, dirigida por empleados de Bolsonaro y dos de sus hijos, creada con el objetivo de desprestigiar a los opositores e impulsar al líder brasileño. Un alto tribunal electoral está investigando si los partidarios de Bolsonaro pagaron por la diseminación de noticias falsas para amplificar su mensaje en el período previo a su elección en 2018. Y el Supremo Tribunal Federal está investigando a varios prominentes partidarios del presidente, incluyendo a empresarios adinerados, como parte de una investigación acerca de maliciosos ataques en línea en contra de sus jueces.
El Congreso de Brasil está presionando para que se implemente una legislación con el fin de detener esta inundación de desinformación. A principios de este mes, el Senado aprobó una propuesta que actualmente se está debatiendo en la Cámara de Diputados, y se anticipa una votación final en las próximas semanas.
La propuesta obligaría a los grupos de redes sociales a prohibir las cuentas falsas y las controladas por bots maliciosos; a mantener una base de datos de los metadatos detrás de los mensajes que se envían en masa; y a garantizar que todo el contenido que sea racista, o que amenace a niños, se elimine de inmediato. Las plataformas que no cumplan estarían sujetas a multas de hasta el 10 por ciento de los ingresos de su grupo en Brasil el año anterior.
Sin embargo, el proyecto de ley ha aumentado los temores acerca de la libertad de expresión y de la vigilancia por parte del gobierno, y ha sido recibido con oposición proveniente de una inverosímil alianza entre los medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, así como de partidarios incondicionales de Bolsonaro.
"Existe la posibilidad de que sea una respuesta excesiva, la cual va más allá de lo necesario", comentó César Muñoz, investigador principal de la organización Human Rights Watch (HRW).
"Por ejemplo, crear castigos por criticar a las figuras públicas. Esto está mal. Los brasileños deben tener derecho a criticar a los miembros del Congreso", él señaló.
Los críticos también han indicado su preocupación por el posible almacenamiento de metadatos, los cuales pudieran ser aprovechados por el gobierno o incluso pirateados.
Quienes apoyan la legislación, sin embargo, han indicado que se puede diseñar una regulación que proteja a los brasileños del impacto perjudicial de las noticias falsas y que, al mismo tiempo, mantenga los derechos de las personas.
"Tiene que haber una solución intermedia porque la situación actual no es sostenible", señaló Patrícia Campos Mello, periodista y autora de un libro próximo a publicarse acerca de las dificultades de Brasil con las noticias falsas.
"Las noticias falsas están fuera de control. Los canales de YouTube relacionados con el covid-19 más vistos son los que difunden noticias falsas. La forma en que funcionan los algoritmos es enfatizando las noticias falsas sobre las noticias reales", ella explicó.
Tanto los partidarios como los críticos de la legislación coinciden en que ha mejorado mucho en comparación con los borradores anteriores, los cuales incluían cláusulas que requerían que los usuarios de los medios sociales registraran datos personales, incluyendo direcciones y números de teléfono, para crear cuentas.
"La legislación es muy, muy importante. El problema es que muchas de las noticias falsas están diseñadas en un laboratorio: están hechas para tener un efecto específico, generalmente para obtener algún beneficio económico o político. Hay organizaciones detrás de esto", dijo Felipe Rigoni, un diputado federal del estado de Espírito Santo, quien está involucrado con el proyecto en la cámara baja.
"Pero vamos a tener que cambiar y mejorar la legislación actual", él agregó. "El Senado no incluyó las herramientas para seguirle la pista al dinero. Se necesita rastrear el dinero para identificar la organización que está detrás del esfuerzo. Por lo general, las noticias falsas son financiadas por millones de reales y tienen intenciones específicas".
En una encuesta realizada por Datafolha, más del 80 por ciento de los encuestados dijo que las noticias falsas dirigidas a los legisladores o al Supremo Tribunal representaban una amenaza para la democracia.
Para la Campos Mello, las fuerzas detrás de las noticias falsas son una mezcla de "redes naturales y orquestadas. De hecho hay personas vinculadas al gobierno que están analizando los medios sociales pero, al mismo tiempo, hay partidarios en la vida real. Y alguien está pagando por los bots".
Israel Batista, un legislador de Brasilia, dijo que la legislación "había sido vista como una herramienta de censura, quizás injustamente, porque no es la intención del proyecto promover la censura".
"Es necesario debatir el papel de las noticias falsas en Brasil porque afecta a la opinión pública de una manera muy preocupante”, indicó Batista. “Brasil necesita abordar el problema".