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Aterriza Pluna, despega ANCAP
Hace tres años, el 22 de diciembre de 2013, Matías Campiani, exgerente general de Pluna, y sus dos socios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, pasaban su primer día en prisión por supuesta estafa. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, había renunciado unas horas antes, cuando el fiscal Juan Gómez pidió su procesamiento sin prisión por abuso de funciones. Idéntico pedido fiscal recayó sobre el presidente del Banco República, Fernando Calloia, que decidió permanecer en cargos públicos hasta julio de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia confirmó su procesamiento. La investigación judicial generó un cimbronazo inédito en el gobierno del Frente Amplio. Tres años después de los primeros procesamientos, el principio de inocencia rige para los seis implicados.
Cuando está por despegar otra causa compleja que investigará a jerarcas del gobierno vinculados a ANCAP, ninguno de los seis procesados por Pluna conoce aún su sentencia.
La fiscal María de los Ángeles Camiño pidió semanas atrás la condena por abuso de funciones de Lorenzo y Calloia. Ambos se alejaron de la actividad política pública, aunque Calloia sigue participando de los encuentros en el quincho de Varela con el senador José Mujica. Por su parte, Lorenzo, que renunció a su banca en Diputados luego de ser electo, suele participar de charlas en comités de base del Frente Amplio. Sus sentencias llegarán en 2017.
Por otra parte, los abogados de los socios privados de Pluna presentaron recursos de nulidad contra las pericias contables del Instituto Técnico Forense (ITF), lo que ha demorado los juicios. La jueza María Helena Mainard rechazó uno de los pedidos de nulidad pero debe pronunciarse sobre los otros dos. Luego, derivará el expediente a la fiscal Camiño para que pida el sobreseimiento o la condena de Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde, los socios de Leadgate que recuperaron su libertad entre abril de 2014 y mayo de 2015.
También está pendiente la sentencia del escribano Pablo Seitún, procesado sin prisión por "certificación falsa por funcionario público" por su actuación en el remate de los siete aviones de Pluna el 1º de octubre de 2012.
En definitiva, el año próximo se conocerá la sentencia de los seis procesados por el caso Pluna, la mayor causa judicial de los últimos años si se tiene en cuenta la jerarquía de los involucrados. Los últimos dos presidentes de la República, Tabaré Vázquez y Mujica, declararon en este expediente como testigos.
La liquidación
En paralelo al proceso penal, la jueza de Concurso Sylvia Rodríguez dispuso el pago de US$ 66 millones a los acreedores de Pluna, desde Ancap hasta los trabajadores y los pasajeros que se quedaron sin volar.
El Scotia Bank de Canadá, que financió la compra de los aviones de Pluna en 2007 pero aún no ha podido terminar de cobrarlos, aceptó que el Estado, que firmó como garante, le siga pagando en cuotas el saldo que resta: unos US$ 100 millones.
Aún queda pendiente el remate de mobiliario de Pluna que descansa en un hangar del aeropuerto de Carrasco (la subasta se concretará en el primer semestre del año próximo) y el cierre de las sucursales de la empresa en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y España. Los síndicos que administran los activos y pasivos de la aerolínea estiman que en 2017 Pluna pasará a la historia.
Petróleo que salpica
La investigación sobre la gestión de Ancap, que comenzó este año, tiene algunos puntos en común con la de Pluna. En primer lugar, el Partido Nacional aparece como denunciante en ambas causas. El 30 de mayo de 2012, senadores blancos denunciaron "una serie de hechos con apariencia delictiva" en Pluna, lo que culminó con el procesamiento de Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde (los otros procesamientos fueron por el aval bancario y el remate). Cuatro otoños más tarde, el 19 de abril de este año, legisladores nacionalistas acompañados por representantes del Partido Colorado, el Partido Independiente y Unidad Popular denunciaron "una serie de hechos con apariencia delictiva" en la gestión de Ancap entre 2005 y 2015.
Si bien no hay jerarcas denunciados, la causa apunta a la responsabilidad del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en las pérdidas de la empresa estatal.
Curiosamente, el 2 de agosto de 2012, dos meses después de que los blancos presentaran en el juzgado irregularidades de Pluna, Sendic denunció que, al cerrar la aerolínea por falta de solvencia financiera, Ancap quedó con un paquete de 22 cheques sin cobrar. El denunciante de ayer está hoy en el centro de la causa que despega.
(Ancap cobrará en las próximas horas los US$ 20 millones que Pluna le quedó debiendo)
El último nodo que enlaza ambas causas es la fiscal Camiño, que pidió las condenas de Lorenzo y Calloia por Pluna, y esta semana solicitó las primeras cinco citaciones de por Ancap. Se trata de dos empresarios vinculados a la petrolera estatal y de tres mandos medios. Las audiencias comenzarán en febrero del año próximo, informaron fuentes judiciales a El Observador.
Si bien la investigación entorno a posibles ilícitos en Ancap tiene como protagonista a Sendic, que presentó un escrito de 120 páginas en el que defiende su gestión, otro actor político de primer nivel puede verse salpicado. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, uno de los posibles candidatos a presidente por el Frente Amplio para 2019, lideró el directorio de Ancap entre 2005 y 2008. Algunos hechos denunciados por la oposición tienen vínculos con su gestión.
