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Auditoría en Industria constató retrasos en aprobación de proyectos de inversión
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) realizó una evaluación en la Dirección Nacional de Industria en la que comprobó retrasos e ineficiencias en tareas administrativas vinculadas a proyectos de inversión. Mencionó que los atrasos podrían generar incertidumbre o desestimulo para la realización de negocios.
El objetivo de la auditoría fue evaluar los controles implementados en el proceso de valoración técnica y seguimiento por parte de la Dirección Nacional de Industria (DNI) de los proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). El estudio se realizó entre enero y diciembre de 2022, aunque para algunos procedimientos se consideró un período más extenso.
La auditoría detectó un primer hallazgo que fue el de demoras en el período de evaluación de expedientes.
El decreto 268 de 2020 reglamentó algunos artículos de la Ley de Inversiones y Promoción Industrial y estableció que la Comap dispone de 90 días hábiles a partir de la fecha en que la Ventanilla Única le remita documentación correspondiente para expedirse sobre ella.
La auditoría constató que el proceso de control y valoración técnica que realiza la DNI presenta demoras que impactan en el tiempo total para la aprobación de los proyectos de inversión del sector industrial.
En el análisis que realizó sobre una muestra que representó el 70% del total de inversiones promovidas en 2022 se observó que el tiempo promedio de tramitación fue de 576 días, superando así lo establecido por la norma vigente.
LA AIN señaló que se constataron ineficiencias vinculadas al doble control y valoración técnica efectuada de los expedientes, lo que generó la realización de reevaluaciones por la parte de la dependencia del Ministerio de Industria como consecuencia de las valoraciones desarrollados por la Comap.
El grado de criticidad del hallazgo fue marcado como alto. Los riesgos asociados fueron el de generar incertidumbre en las inversiones, desestimulo para la realización de inversiones y la pérdida de imagen institucional.
La AIN recomendó medir y analizar, en forma periódica, los tiempos que insumen los procesos de evaluación, buscando una gestión óptima y evitar tiempos ociosos. También acordar criterios y coordinar actividades de capacitación en conjunto con la Comap de forma de minimizar las demoras en el proceso de evaluación.
Tiempos y cantidad de funcionarios
El segundo hallazgo fue sobre la acumulación de expedientes sin trámite de evaluación iniciado.
La auditoría explicó que la DNI mantiene, actualmente, un atraso de aproximadamente dos años para dar inicio al trámite de los expedientes y realizar las evaluaciones técnicas de los proyectos de inversión.
Expuso que al 18 de enero de 2023 permanecían 396 expedientes pendientes de evaluación. De ese total, 304 (76%) estaban a esa fecha pendientes de asignación a un técnico evaluador. Añadió que además del retraso constatado había 27 de años anteriores al 2020.
El grado de criticidad del hallazgo también fue marcado como alto, con los riesgos asociados de pérdida de imagen institucional y desestimulo para la realización de inversiones.
En este caso las recomendaciones fueron evaluar la cantidad de recursos necesarios para la realización de las evaluaciones en forma ágil y en los tiempos establecidos en la normativa vigente y dotar de funcionarios a la unidad encargada de efectuar las evaluaciones.
Además solicitó evaluar los expedientes de antigüedad prolongada, identificando las caudas de los atrasos y concluir el trámite correspondiente.
El tercer hallazgo detectado fue el de falta de liderazgo. Mencionó que la dirección del Área Regímenes Industriales está conformada por la División Administración de Regímenes Industriales (DARI), la División Administración de Políticas de Promoción Industrial (APPI, encargada de las evaluaciones técnicas) y la División Seguimiento y Evaluación de los Instrumentos de Promoción Industrial (encargada de los seguimientos de los proyectos de inversión).
La auditoría indicó que la dirección del área se encuentra acéfala y el rol es desempeñado de manera informal por un funcionario que también es el encargado de las divisiones APPI y DARI.
La AIN sostuvo que esa situación impacta en la implementación de directivas, en la planificación, ejecución, monitoreo de las actividades, y en la asignación de responsabilidades. La criticidad también fue alta y se recomendó designar un responsable para el Área Regímenes Industriales.
El cuarto hallazgo fue sobre la asignación de evaluadores.
El informe señaló que el manual de evaluación de proyectos Comap establece que “los trámites serán adjudicados a los evaluadores” y en la práctica se utiliza como criterio de asignación el orden de entrada. Sin embargo, agregó, del listado de expedientes pendientes al 18 de enero de 2023, se comprobó que durante el 2022 se asignó documentación ingresada en 2021 previo a la asignación de expedientes entrados en años anteriores.
El riesgo mencionado fue la falta de objetividad en la asignación de beneficios y grado de criticidad fue medio.
La recomendación fue la de analizar las variables que influyen en los tiempos de evaluación de manera de dar cumplimiento al criterio establecido en firma objetiva.
