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Auditorías en Programa de Alimentación Escolar y Junasa encontraron "debilidades" en los controles

En el caso de las escuelas, se encontró "ausencia de controles que permitan monitorear la cantidad de porciones diarias solicitadas", y en el de la Junasa la inexistencia de "un sistema centralizado que brinde información en tiempo real"

Entrada de la Torre Ejecutiva

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08 de abril de 2021 a las 17:58

El Poder Ejecutivo difundió los resultados de dos auditorías realizadas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y en la Junta Nacional de Salud, cuyas principales conclusiones señalan "dificultades" y "debilidades" en el control de los procesos de trabajo o a la hora de centralizar la información, lo que impacta en la calidad de la gestión.

En el primer caso, el informe de la auditoría –solicitado en julio de 2020 por las actuales autoridades de ANEP– indica como un primer hallazgo la existencia de "una inadecuada distribución de tareas, falta de oposición de intereses e inexistencia de lineamientos claros de actividades de control"

También se constataron "debilidades en la determinación de la cantidad de comensales tope por escuela, lo cual no permite asegurar que la información con la que cuentan es íntegra y confiable", algo que impide al programa de alimentación contar con "información unificada".

Además, y tras un análisis que abarcó "los meses de julio, agosto y setiembre del 2019" –el último año de la administración del Frente Amplio–, se detectó la "ausencia de controles que permitan monitorear que la cantidad de porciones diarias solicitadas a las empresas se ajusten relativamente a las cantidades reales de comensales", en 153 escuelas que tienen el servicio tercerizado o semi tercerizado.

También se critica que no haya "cruzamiento de datos entre la cantidad de porciones solicitadas, la asistencia de comensales y las donaciones" que se hacen de los productos sobrantes, de modo de hacer "un seguimiento para obtener un mejor uso de los recursos.

La auditoría en el PAE también confirmó que no hay un nivel de fiscalización técnica adecuado de los servicios de alimentación, y se puso de ejemplo las "visitas esporádicas" de las nutricionistas a las escuelas, "siendo esta la única instancia de control técnico que se efectúa desde el PAE sobre el servicio prestado". "A su vez, las inspecciones a las plantas de elaboración de las empresas no son realizadas con una periodicidad determinada", de agrega.

"Impactos negativos"

En la auditoría hecha en la Junasa, de fecha de 12 de febrero de este año, se encontró, entre las conclusiones más importantes, que no se contaba con "un sistema centralizado que brinde información en tiempo real, íntegra y confiable sobre afiliaciones y cobertura asistencial", lo que tiene como consecuencia la generación de "impactos negativos significativos en el SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud) y compromete la capacidad de los prestadores públicos para la captación y reconocimiento de su universo de usuarios", entre otras dificultades.

Asimismo, como uno de los hallazgos más relevantes se informó que, tal como funciona el sistema en la actualidad, "los usuarios de Sanidad Militar y Policial pueden concomitantemente ser beneficiarios del Fonasa adheridos a un prestador privado", y que en ese sentido no hay un estricto control del gasto ni de la cápita que se reparte entre los prestadores.

"De las entrevistas mantenidas resulta que la diferencia de costos en órdenes y tickets entre los prestadores privados y dichas instituciones públicas, provoca que frecuentemente los beneficiarios consuman los bienes y servicios en la Sanidad correspondiente, mientras que el prestador privado recibe la cápita del Fonasa", se señala.

"El hecho de que sean sistemas asistenciales independientes y coexistentes, no permite a los prestadores públicos regular la cobertura, dificultad que se ve incrementada por el hecho de no conocer cuáles de sus usuarios tienen además derechos asistenciales Fonasa. Esta situación impacta en el presupuesto de los prestadores públicos, incrementando los costos asistenciales sin contraprestación", concluye el informe.

 

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