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Auditorías, sanciones y excepciones: lo nuevo en el proyecto del gobierno sobre certificaciones médicas
Las certificaciones médicas de los funcionarios públicos están en debate desde que el Presupuesto ingresó al Parlamento a mediados de 2020. Fue uno de los temas que mayores desencuentros generó en el oficialismo a tal punto que el Poder Ejecutivo y la bancada de senadores no lograron ponerse de acuerdo.
La solución encontrada fue aprobar un nuevo sistema de licencias por enfermedad y también una comisión para revisar ese nuevo sistema. En los hechos, postergaron la discusión.
A casi diez meses de vigencia del Presupuesto y sin que se hayan aplicado los cambios aprobados, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) elevó a Presidencia un nuevo proyecto de ley sobre el tema luego de trabajarlo en la mencionada comisión que, entre otros, integraba la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Banco de Previsión Social (BPS).
El nuevo proyecto, al que accedió El Observador, no introduce cambios significativos al sistema aprobado en el Presupuesto aunque es más preciso en algunas cosas y agrega algunos elementos nuevos.
Sin embargo, al no hacer modificaciones en lo medular del sistema (los descuentos salariales y la cantidad de días de licencia por enfermedad) el Poder Ejecutivo se enfrentará a las críticas de los sindicatos pero también de legisladores oficialistas. El objetivo de la comisión era, entre otras cosas, intentar alcanzar un amplio consenso para lograr el respaldo necesario en el Parlamento. Sin embargo, COFE ya cuestiona el nuevo texto.
“Lo conceptual del proyecto es el ahorro. Es parte de la política de ajuste de este gobierno. Esto se suma a la rebaja salarial y a las pérdidas de puesto de trabajo”, aseguró a El Observador el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
En el marco de la elaboración de este proyecto, la ONSC publicó un informe, adelantado por El Observador, que revelaba que cuatro de cada diez funcionarios de la Administración Central (42%) se certificó en 2019. Y mientras que en promedio esas certificaciones fueron por 38 días, aproximadamente el 15% fue por más de dos meses.
En los entes industriales y comerciales (los abarcados por el artículo 221 de la Constitución, y que incluyen a las empresas públicas), el 58% de los trabajadores se certificó en 2019, y lo hizo por un promedio de 28,2 días.
“En la norma que se proyecta se busca dar un tratamiento similar a trabajadores del ámbito público a los trabajadores privados afiliados al mismo organismo de seguridad social, como lo es el Banco de Previsión Social”, dice la exposición de motivos del proyecto. En la actualidad los funcionarios públicos certificados reciben el 100% del salario.
El proyecto aplica para todos los funcionarios presupuestados o contratados con excepción de los magistrados del Poder Judicial, funcionarios del escalafón N de la Fiscalía General de la Nación, diplomáticos del servicio exterior, funcionarios de gobiernos departamentales y de entes autónomos.
Mayorías
Uno de los objetivos de la comisión era generar el mayor respaldo posible al nuevo proyecto porque para poder modificar el sistema de certificaciones médicas en los entes autónomos es necesario aprobar el texto por mayorías especiales, para lo que se requieren los votos del Frente Amplio.
Sin embargo, ese consenso, al menos en la comisión, no se consiguió. Por eso ahora a COFE le preocupa que el gobierno busque que los entes autónomos asuman este sistema mediante una resolución independientemente de los votos que consigan en el Parlamento.
López recordó además que si solo se aplica en la administración central “nuevamente” los trabajadores de esa dependencia serán “los perjudicados” ya que son los que tienen los “salarios más bajos”.
Lo que se mantiene
El Presupuesto votado en 2020 estableció, al igual que este nuevo proyecto, una serie de cambios que buscaban equiparar el sistema de licencias médicas de los trabajadores del Estado con el régimen privado.
Esa normativa planteaba que aquel funcionario certificado por un médico estará tres días sin cobrar su sueldo y a partir del cuarto percibirá el 75% del salario (los privados reciben el 70%). Sin embargo, los funcionarios públicos tendrán la posibilidad de acumular hasta 15 días de licencia por enfermedad con el 100% del salario.
De todos modos, los que al 1° de enero de 2021 ya estuvieran trabajando dispondrán de cinco días de licencia y cada 31 de diciembre acumularán tres más por año civil trabajado. Los que ingresen posterior a esa fecha computarán por el año de ingreso “los días resultantes a proporción del tiempo trabajado”.
La idea original era que el 1° de abril de este año comenzara a regir este nuevo sistema votado en el Presupuesto e ingresara al Parlamento una alternativa enviada por el Poder Ejecutivo que proviniera del trabajo de la comisión presidida por la ONSC e integrada por los sindicatos que también creaba esa norma.
Aquellos plazos nunca se cumplieron, el sistema aprobado no se puso en práctica (porque el Ejecutivo no reglamentó ese pasaje de la ley) y recién ahora el gobierno tiene elaborada la alternativa. Con el proyecto terminado, será el gobierno el que decida cuándo envía el texto al Parlamento.
Excepciones
El texto también establece una serie de “exclusiones” que permiten cobrar el 100% del salario (más la doceava parte del mismo por concepto de aguinaldo) en caso de ser certificado por esos motivos. Se trata de enfermedades por accidentes laborales, enfermedades profesionales previamente previstas o enmarcadas en alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública (MSP) por situaciones epidemiológicas específicas, enfermedades vinculadas al embarazo o que pongan en riesgo a la madre o al feto, oncológicas y enfermedades que requieran tratamientos paliativos.
En los casos de hospitalización también se mantendrá todo el salario y hasta los siete días de internación domiciliaria “siempre que fuera consecuencia de la hospitalización y por indicación médica”.
Auditorías y sanciones
Los prestadores del Sistema Nacional de Salud deberán contar con “procedimientos de control de las certificaciones médicas efectuadas” y tanto el BPS como los organismos públicos podrán hacer auditorías de las certificaciones, si se aprueba el texto tal y como salió de la comisión presidida por la ONSC.
En caso que esas auditorías detecten que el prestador de salud no aplicó los procedimientos correspondientes el Ministerio de Salud Pública podrá aplicar una serie de sanciones que van desde las 5 mil Unidades Indexadas (poco más de $ 25 mil) hasta las 15 mil ($ 76 mil).
Otro cambios que introduce este proyecto es que el dinero que reciben los funcionarios certificados es catalogado como subsidio y, por lo tanto, no tributa Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
