La Asamblea Nacional, lejos de bajar los brazos, sigue trabajando en su plan de buscar la salida de Maduro
A seis meses de que Juan Guaidó fuera proclamado presidente encargado de Venezuela, la Asamblea Nacional, la única institución con legitimidad en las urnas, sufre el asedio de un régimen chavista que persigue a los diputados opositores y dificulta con artimañas el normal funcionamiento legislativo.
“Estamos vulnerables”, afirmó a Reuters Nora Bracho, una legisladora golpeada hace un mes a la entrada del parlamento mientras defendía a periodistas que no podían ingresar al complejo, porque seguidores del oficialismo bloqueaban el acceso.
La diputada de la Mesa de la Unidad Democrática por el estado Zulia aseguró que los opositores han recibido amenazas de que serán arrestados por su actividad legislativa. “ Hemos hecho una labor titánica, al tener la espada de Damocles encima”, agregó Bracho, de 47 años, que en abril pasado fue detenida unas horas durante una protesta por la crisis del servicio de energía eléctrica que sufre el país.
Desde que Guaidó invocó la Constitución para asumir la presidencia interina, el pasado 23 de enero, agresiones a las afueras de la sede del Palacio Federal Legislativo por parte de grupos progubernamentales y fallos judiciales con acusaciones de conspiración son parte del asedio que enfrentan los diputados opositores.
Más de una vez, como sucedió en mayo pasado, hubo que desalojar el edificio parlamentario luego de sospechas de que había un artefacto explosivo en la sede legislativa, una táctica de hostigamiento del chavismo contra la Asamblea Nacional, según denuncian los diputados opositores.
El impulso de Guaidó ha disminuido luego del infructuoso llamado a los militares para que desconocieran a Maduro. El martes 23, en una sesión legislativa callejera, en conmemoración de su asunción, convocó a sus partidarios a protestar por el apagón.
“¡No se rindan!”, repite este ingeniero de 35 años, quien promete expulsar a Maduro este año “por las buenas o por las malas” para instaurar un gobierno de transición que convoque a elecciones.
Una actitud de lucha que le sobra a la Asamblea Nacional que lejos de bajar los brazos sigue trabajando en su plan de buscar la salida de Maduro, con la aprobación de un conjunto de medidas para impedir que el gobierno chavista acceda a los activos externos.
En febrero pasado, el parlamento nombró juntas para la petrolera estatal PDVSA y su filial en Estados Unidos, y este mes designó un directorio para el Banco Central a fin de proteger las reservas internacionales, que en parte están en lingotes de oro. El martes 23, el congreso aprobó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un acuerdo de defensa regional que contribuiría a establecer “alianzas internacionales” para “defender al pueblo y la soberanía venezolana”.
Decenas de países han reconocido a Guaidó, pero Maduro tiene el control de las fuerzas armadas. El argumento de buena parte de la comunidad internacional al apoyar a Guaidó es que Maduro fue reelegido en elecciones fraudulentas.
El Congreso tiene 167 legisladores y para aprobar las decisiones se requiere que la mitad esté presente. Pero desde el año pasado y con mayor fuerza en 2019, unos 21 parlamentarios están ausentes de sus escaños porque han sido detenidos, salieron al exilio por medidas judiciales o están refugiados en embajadas en Caracas.
Esta situación obliga al parlamento a efectuar maniobras para alcanzar el quórum mínimo.
Cuando la oposición asumió la mayoría en el Congreso en 2016, el Tribunal Supremo y el gobierno de Maduro aplicaron medidas para restarle funciones en la revisión del gasto público y de los convenios petroleros, además de suspenderle los salarios.
El cerco se ha elevado este año. La máxima corte, tras el llamado del líder opositor a los oficiales, inculpó a una decena de diputados de conspiración, como al vicepresidente del Congreso, Edgar Zambrano, hoy detenido.
José Guerra es uno de los legisladores que está en el exilio por una acción judicial y, según dijo, las medidas tienen como objetivo afectar a comisiones como la de Finanzas, donde cinco de sus 12 miembros están ausentes.
“La acción del Tribunal (Supremo) ha sido un intento para desmantelar la comisión, que ha publicado cifras en medio de la opacidad y ha denunciado manejos financieros del gobierno”, señaló desde Washington.
Además del gobierno y la máxima corte, la oficialista Asamblea Constituyente -creada en 2017 y calificada como ilegítima por los opositores- también ha aprobado acciones contra los legisladores, como el allanamiento de su fuero parlamentario.
El presidente de la Constituyente y segundo hombre del gobierno, Diosdado Cabello, advirtió a la oposición que “no gobernará” y que “no habrá impunidad” por sus actos.
Frente a la ausencia de varios diputados principales, el Congreso buscar operar con suplentes y unos 19 acuden a las reuniones, aunque algunos consultados temen ser capturados. “El miedo es libre, pero tenemos una responsabilidad que cumplir”, dijo Guillermo Palacios, parlamentario suplente por Zambrano.
Como parte de la estrategia, opositores incluso han contactado a legisladores suplentes de movimientos aliados del oficialismo para que se sumen a las reuniones.
De los oficialistas asisten tres, siendo una de ellos Arkiely Perfecto, que dijo que va a las sesiones “porque el pueblo me solicitó alzar su voz a través de un espacio”. Después de presentarse al Congreso en marzo pasado, su familia fue amedrentada por uniformados, denunció la diputada, que dejó al movimiento Tupamaro, al cual pertenecía.
Frente a la cantidad de diputados que está fuera del país, un grupo de legisladores ha planteado crear un “parlamento virtual” para que los ausentes participen en los debates.
Los opositores también lidian con otros obstáculos para asistir a las sesiones, en especial los que viven lejos de Caracas. Los viajes en avión son costosos y en carretera está el riesgo de los puntos de control militares.
A mediados de 2016, con el argumento de que la Asamblea estaba en “desacato” por incumplir decisiones del máximo tribunal, el gobierno suspendió los salarios de los diputados, que en aquel momento era menos de unos cien dólares mensuales.
Con ayudas de familiares u obligados a seguir con las actividades comerciales que tenían antes de llegar al Congreso, los legisladores intentan mantenerse.
“A veces doy clases o realizo asesorías, tenemos que vivir”, señaló el diputado Elías Matta, quien añadió: “Esto es un parlamento atípico”.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, alentó a los chavistas a que se organicen desde ya para las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2020.
(Reuters y otras agencias)