Aumentaron los casos de agresores que rompieron su tobillera para huir de la Justicia

Actualmente más de 700 personas, entre víctimas y agresores, son monitoreadas por el Ministerio del Interior en todo país a través de aparatos de GPS y de tobilleras electrónicas. Estos dispositivos, que fueron incorporados como medida de protección en 2013 en casos de violencia doméstica, han tenido tanto éxito en evitar que se vuelvan a repetir las agresiones contra aquellas mujeres que decidieron denunciar su situación, que su uso no ha parado de crecer, y al cierre de 2017 la Justicia de Familia Especializada había dispuesto su colocación en 530 casos, cinco veces más que en su primer año de aplicación.

Sin embargo, en el último tiempo, el Ministerio del Interior reportó un incremento en el número de casos en los que los agresores rompen su tobillera para evitar ser monitoreados. De hecho, en lo que va de 2018 ya son 20 los dispositivos que fueron parcialmente dañados o destruidos.

La cartera paga alrededor de US$ 300 por mes por el alquiler de cada uno de los 430 dispositivos con los que cuenta. Esto incluye unos equipos similares a un celular con los que cuentan tanto el agresor como la víctima –y que sirve para que la Policía pueda alertar que se están acercando más allá de la orden de restricción fijada-, y la tobillera que se coloca en el denunciado.

Sin embargo, si el agresor rompe alguno de estos dispositivos, el Ministerio del Interior debe pagar su costo total. Por cada tobillera rota se paga US$ 1.500, mientras que en el caso del intercomunicador, el costo asciende a US$ 3.000.

Quienes frecuentemente ordenan la colocación de tobilleras en casos de violencia doméstica son los Juzgados de Familia Especializados, quienes se apoyan para esta decisión en un informe técnico en el que se evalúa el grado de peligrosidad de un presunto agresor. Romper uno de estos dispositivos lleva a que el caso sea derivado a la Justicia Penal, que es quien podría determinar la prisión para el encausado.

En la órbita penal pueden ser acusados de desacato –por incumplir con la medida cautelar por quitarse la tobillera- y por daños –por la destrucción de la tobillera–. Por el primer delito puede ser castigado con tres meses de prisión a dos años de penitenciaría –siempre que el desacato sea a una cautelar de violencia doméstica–, mientras por el segundo puede recibir una multa de entre 20 UR. ($ 21.420) hasta 900 U.R ($ 963.900).

Según dijo la directora de políticas de género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, a Telenoche, se han dado casos "donde la persona se corta la tobillera y se dispone por orden judicial que se le vuelva a colocar (una tobillera) y que se respete la medida".

Sin embargo, para la fiscal Adriana Edelman lo que corresponde en este tipo de casos es la prisión preventiva, ya que al haber roto la tobillera, queda probado que esa medida cautelar no es efectiva para proteger a la víctima. En el mismo sentido opinó la fiscal Mirta Morales, aunque dijo que en todo caso es necesario probar que hubo una voluntad de romper la tobillera y que no se trató de un accidente.

A las 430 tobilleras que el Ministerio del Interior tiene actualmente en uso, se debe sumar las más de 80 víctimas en todo el país que actualmente están con custodia policial. Esto se traduce en 480 policías dedicados específicamente a proteger víctimas de violencia doméstica.

Según dijo una fuente a El Observador, de los 80 casos de violencia doméstica en los que hay custodias policiales, 70 están en Montevideo. Asimismo, de esos 70, en 18 casos se definió una guardia policial porque el Ministerio del Interior no tenía tobilleras suficientes.

Las restantes 52 son casos en los que la Justicia Especializada de Familia todavía no definió si el agresor es lo suficientemente peligroso para que se defina la colocación de una tobillera, o bien porque el acusado no puede ser ubicado.

Ocurre que para que se ordene la colocación de un dispositivo electrónico los jueces se valen de la recomendación de un equipo técnico, además de que debe realizarse una audiencia. Mientras se tramita la audiencia y el equipo falla, si los jueces y fiscales entienden que hay elementos para pensar que existe un riesgo cierto para la víctima entonces recurren a las custodias policiales.

¿Cuánto tiempo pueden durar estas custodias? Actualmente sigue vigente una guardia impuesta el 20 de abril y que no tiene fecha de finalización, al tiempo que el 3 de mayo se definió una "custodia policial de forma permanente".

La fiscal de violencia doméstica, Elba Corral, dijo a El Observador que si hay elementos para pensar que una persona es de "alto riesgo", pero todavía no existe un informe técnico que defina tal peligrosidad, igualmente pediría custodia policial porque es obvio que se va a recomendar el uso de dispositivo electrónico. Los elementos que se tienen en cuenta es si el individuo tiene antecedentes penales y ha desacatado medidas cautelares en el pasado, al tiempo que si la mujer le tiene miedo y se muestra como una persona violenta.

Corral dijo que no es una decisión "antojadiza" sino que se sigue indicadores, y que aunque una audiencia o un informe se pueda demorar es necesario "proteger a las víctimas".