Al gobierno le llegaron varias ofertas desde el exterior para vender cuatro de los siete aviones Bombardier que formaban parte de la exaerolínea de bandera Pluna, y de los cuales el Estado es garante de su pago ante el Scotiabank. El primer ofrecimiento implica recibir cerca de US$ 12 millones netos por avión, pero con las posteriores ofertas la cotización creció a US$ 16 millones por aeronave.
Los planteos llegaron al Poder Ejecutivo por parte de un broker que contrató el fideicomiso que administra los bienes de Pluna, creado por la ley que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional en sus artículos 1, 2 y 3. Existe en el gobierno interés de concretar una venta, lo que generaría ingresos para cubrir parte de las deudas.
Sin embargo, luego del fallo de la corporación judicial en contra de la norma votada por el gobierno para instalar el fideicomiso y realizar la subasta, todo depende de cómo aplique la sentencia la jueza del concurso iniciado por Pluna, Teresita Rodríguez Mascardi.
Según explicó a El Observador el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, hasta que la Suprema Corte no se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el síndico Gabriel Ferreira –para que los efectos del fallo abarquen a todos los acreedores de la compañía–, el expediente no volverá al juzgado de concurso y los aviones no podrán rematarse ni venderse. Eso puede pasar en diciembre o puede suceder en febrero, luego de la feria judicial de enero.
De todos modos, según señaló Oxandabarat, podría firmarse un acuerdo entre el síndico del concurso –quien pasará a administrar las aeronaves–, y un posible comprador para asegurar la venta. Ese acuerdo debe ser aprobado por la jueza.
Hoy martes, el fideicomiso de Pluna presentará un escrito a la jueza del concurso para decir que está dispuesto a cumplir con la caída de la ley y entregar los aviones cuando ella lo disponga, dijeron a El Observador fuentes oficiales.
La venta de los otros tres aviones que administra el fideicomiso creado por la ley de Pluna había sido comprometida a la nueva aerolínea de bandera Alas Uruguay, gestionada por los extrabajadores. Por ellos, el sindicato de extrabajadores acordó con el Poder Ejecutivo pagar US$ 47 millones en cuotas durante diez años, pero con tres años de gracia. Esa transacción quedó en suspenso hasta tanto no quede claro cómo se aplica el fallo de la Corte.
Existen interpretaciones por las cuales Alas Uruguay encontraría condiciones favorables para quedarse con esos aviones tras el fallo de la Corte. La sindicatura tiene con ese acuerdo la posibilidad de colocar rápido los aviones, sin tener que invertir mucho dinero en mantenimiento (que asciende a US$ 60.000 por mes por avión).
Parlamento
El senador nacionalista Carlos Moreira llamará a sala a los ministros Fernando Lorenzo (Economía y Finanzas) y Enrique Pintado (Transporte y Obras Públicas) para interpelarlos por el fallo de inconstitucionalidad de la ley que promovieron tras el cierre de Pluna. Si bien los ministros tenían disposición a asistir cuanto antes al Senado para dar las repuestas a la oposición, y así se lo transmitieron al vicepresidente Danilo Astori, la instancia será después del miércoles 27 de noviembre. Ese día se realizará una Comisión General para recibir al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, por la instalación de una planta regasificadora.
