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Banca privada mostró disposición a reperfilar deudas con el agro

Este jueves mantuvo una reunión con las gremiales del agro para tratar vencimiento de créditos y nuevo endeudamiento a futuro

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10 de mayo de 2018 a las 18:56

En una reunión mantenida este jueves a la mañana entre las seis gremiales vinculadas al agro y la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, se planteó de parte de los productores la necesidad de no solo poder reestructurar las deudas que se mantienen con el sector privado, sino también la posibilidad de que las instituciones financieras sigan brindando la oportunidad de seguir produciendo con nuevos préstamos para el sector, dada la inminente llegada de la zafra de invierno.

Según el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago, la problemática principalmente se da en la zona agrícola –particularmente con la soja-, ya que los vencimientos de deudas son en general al 31 de mayo o al 30 de junio.

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Según comentó Lago, que calificó la reunión como positiva, al no haber producción en la soja "no se va a tener la capacidad de afrontar los compromisos asumidos", y por esos se planteó la posibilidad de reestructurar deudas.

"Nos dijeron que tienen disposición de trabajar en herramientas que posibiliten buscar soluciones para los productores. Vamos a seguir intercambiando información, porque hay interés de los bancos de ayudar a sus clientes", explicó el productor.

Sin embargo, a pesar de que los bancos se mostraron afines a colaborar en otorgar las oportunidades de financiamiento pertinentes, es difícil poder tener elementos tangibles hasta una vez terminada la cosecha y que los productores sepan con más exactitud cuáles serán realmente sus recursos económicos disponibles. Lago comentó a El Observador que hasta el momento en la soja se ha cosechado alrededor de un 50% de lo cultivado y en el arroz cerca del 80%.

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Otro elemento a tener en cuenta son las limitaciones que tienen los bancos por las normas del Banco Central del Uruguay (BCU) o de las casas matrices de cada institución, así como la coyuntura de cada productor a la hora de otorgarle nuevas líneas de crédito.

Las deudas de los productores con las instituciones financieras se dividen en un 50% que corresponde al Banco República y el otro 50% a los bancos privados.

Acuerdo con el sector público

El pasado 19 de abril el Banco República resolvió reestructurar las deudas del sector agrícola con un plazo de hasta cuatro años con tratamiento caso a caso. La opción alcanza a aquellos clientes con vencimientos a junio próximo en el caso de los créditos destinados a cultivos de verano (soja, maíz y sorgo). También se decidió la posibilidad de aumentar la capacidad de endeudamiento de los clientes con el fin de financiar la nueva campaña agrícola de invierno.

Entre junio y diciembre próximo, el productor deberá pagar solo intereses de deuda, mientras que entre otras exigencias el cliente deberá presentar por escrito su compromiso de mantener la actividad agrícola y realizar el financiamiento de cultivos con el BROU.

Una salida similar anunció el BROU para el sector arrocero la pasada semana, habilitando la posibilidad de que esos productores puedan reestructurar préstamos con la institución en hasta cuatro años. La medida incluye las amortizaciones de créditos a mediano y largo plazo vencidas y a vencer en 2018, y los eventuales saldos impagos de los créditos para cultivos correspondientes a la zafra 2017/18. Además, los clientes del arroz tendrán la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento para emprender el próximo ciclo productivo. La capacidad de endeudamiento (plafond) podrá incrementarse en hasta un máximo de U$S 30.000. Entre reperfilamientos y nuevos créditos, el monto asociado a esta medida podría ascender a unos U$S 60 millones, según el BROU.

Por otra parte, el banco estatal habilitó también a los pequeños y medianos productores lecheros a que mantengan vigentes sus créditos a pesar de que no hayan podido cumplir con sus obligaciones o que prevean no poder hacerlo. Esto porque el Fondo de Garantía Lechero que votó el Parlamento en marzo por US$ 36 millones debería recién quedar operativo en setiembre.

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