Un artículo de la ley del presupuesto quinquenal creará un seguro de crédito hipotecario estatal para que sea contratado por los bancos públicos y privados. Con ese seguro se buscará reducir la exigencia de ahorro previo a la hora de pedir un crédito, según publica este miércoles El Observador.
El seguro estatal ofrecerá a los bancos una garantía de pago. Además, podrán ejecutar al beneficiario en caso que se atrase tres meses con su hipoteca.
Hoy en día se requiere una estrategia inicial equivalente a 20 ó 30% del valor del inmueble, lo que significa una de las barreras principales para acceder a financiación bancaria de la clase media, que generalmente tiene capacidad para pagar una cuota pero no de ahorrar el capital previo, dijo a El Observador la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera.
Consultado por Observa el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, dijo que los bancos van a responder de forma positiva a la propuesta del gobierno, porque es una cosa “que ayuda”.
A su juicio, la iniciativa del Ejecutivo es un instrumento que se agrega, pero advirtió que lo “importante” es que se “mantenga en el tiempo” para así “evitar distorsiones” en el mercado.
Más temprano, el consultor de cámaras y empresas inmobiliarias, Julio César Villamide, dijo a Observa que el mercado “está maduro” para realizar “un cambio cualitativo en el perfil tanto en la producción como en el financiamiento” de los inmuebles.
Según Villamide, en los últimos años el mercado inmobiliario fue muy “segmentado” tanto desde el punto de vista geográfico como socioeconómico. “Casi toda la producción de la promoción privada está orientada a la costa y a sectores socioeconómicos medios altos y altos. Eso lo tenemos que cambiar”, explicó.
Una de las razones por las que se debe realizar este cambio según Villamide, es para evitar la creación de “mini burbujas” en el sector inmobiliario, por lo que es “muy importante” ir generando condiciones de inversión en otros sectores donde los números no cierran.
“En ese nuevo contexto es vital que el financiamiento sea más accesible y la forma de hacerlo es disminuir los riegos para los bancos. Pero no solamente debemos bajar el precio de las viviendas que se produzcan por la vía de esas exoneraciones tributarias, sino también bajar el costo del financiamiento de manera que las cuotas resultantes sean accesibles para esos sectores que se quieren atender”, explicó Villamide.
El consultor de cámaras y empresas inmobiliarias indicó además que el Parlamento y el Poder Ejecutivo analizan un proyecto para generar estímulos fiscales para la construcción destinada a sectores de ingresos medios y medios bajos.
“Existe unanimidad entre el sector público y privado en que el paso es imprescindible y hay que darlo cuanto antes”, concluyó.
(Observa)
