El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó este martes 13 una ley que allana el camino para la privatización de la empresa estatal de energía eléctrica Eletrobras, lo cual era parte de la agenda del líder derechista y su ministro de Economía, Paulo Guedes, para reducir el tamaño del Estado.
La ley permite a Eletrobras captar nuevo capital en el mercado privado, diluyendo la participación que actualmente tiene el Estado brasileño, que es del 61%, y prevén que baje hasta un 45%.
El gobierno espera que la operación concluya en enero de 2022, luego de que el Consejo Nacional de Política Energética defina las premisas fundamentales para el modelado de la privatización.
Hace dos semanas, el secretario especial de Privatizaciones, Desinversiones y Mercados del Ministerio de Economía, Diogo Mac Cord, afirmaba que la privatización de Eletrobras puede generar hasta US$ 20.000 millones para las arcas públicas.
Por lo pronto, este martes Bolsonaro promulgó con varios vetos la ley aprobada por el Congreso. El marco normativo prevé, entre otras medidas, la emisión de nuevas acciones de Eletrobras, que se venderán en el mercado sin la participación de la empresa, lo que supondrá la pérdida del control de las acciones con derecho a voto que actualmente están en manos del gobierno.
Eletrobras, una empresa de capital abierto, es responsable de la generación y distribución de la energía eléctrica en Brasil. La privatización fue aprobada el 21 de junio pasado por el Congreso y representa una victoria para la agenda de Guedes.
El Ministerio de Minas y Energía estima que el proceso redundará en una reducción del 6,3% en las tarifas eléctricas para los brasileños.
La nueva ley permite la privatización mediante la ampliación del capital social, con la renuncia al derecho de suscripción de acciones por parte del gobierno, que diluye así su participación del 61% en la empresa.
Entre los 14 vetos a la norma votada por el Congreso, el presidente eliminó del texto un apartado sobre la compra de acciones con descuento por parte de empleados de Eletrobras y sus filiales.
Vetó también la obligación del gobierno de emplear de nueva cuenta por un período mínimo de un año a los trabajadores despedidos tras la privatización. El texto promulgado vetó además un apartado que prohibía por 10 años la disolución, fusión o cambio de domicilio estatal de las filiales Chesf (Pernambuco), Furnas (Río de Janeiro), Eletronorte (Distrito Federal) y CGT Eletrosul (Santa Catarina).
El Cronista-RIPE
