Bolsonaro dejará como legado las mayores tasas de pobreza y deforestación registradas en la historia de Brasil

El panorama, que se completa con 690.000 muertes por Covid-19 -registro solo superado Estados Unidos- surge de los datos informados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y la información preliminar que arroja el PRODES, el sistema de monitoreo satelital de deforestación de la selva brasileña, programa que presentará los datos finales durante el primer semestre del próximo año y que se espera sean aún peores.

Con relación a las condiciones de vida, los datos del IBGE señalan que el año pasado, 62,5 millones de brasileños vivían en condiciones de pobreza, lo que equivale al 29,4% de una población total de 212,6 millones. Un aumento del 22,7% con relación a 2020, cuando 51 millones no alcanzan a reunir ingresos suficientes para solventar una canasta básica total.

Puesto de otra forma: entre 2020 y 2021, 11,6 millones de personas se vieron arrastradas a la pobreza, lo que equivale a la población total del estado de Paraná, en el sur de Brasil.

Con relación a la pobreza extrema, la información del organismo da cuenta que el año pasado la tasa trepó al 8,4% de la población total; nivel que se traduce en 17,9 millones de indigentes. Un crecimiento de 5,8 millones respecto a 2020, cuando 12 millones de brasileños sufrían hambre o no podían alimentarse correctamente; es decir: no lograban reunir ingresos suficientes para solventar una canasta alimentaria básica.

Se trata, en ambos casos, de los porcentajes más altos de una serie histórica que comenzó en 2012, según subrayó el influyente periódico Folha de San Pablo.

Según el IBGE, el empeoramiento de los indicadores sociales en 2021 está asociado a la disminución de la población alcanzada por las ayudas sociales de emergencia del gobierno central y por una recuperación incompleta del mercado laboral, insuficiente para recuperar la pérdida de ingreso de los hogares desde el retorno a la normalidad de las actividades, luego de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

En 2020, año inicial de la pandemia, la ayuda de emergencia de 600 reales, dirigida a un público más amplio, ayudó a reducir la tasa de pobreza al 24,1%, por debajo del porcentaje de 25,9% que había registrado en 2019.

El análisis del IBGE, además, desagrega las desigualdades regionales. En 2021, el Nordeste, región que incluye nueve estados -entre ellos, Bahía, Pernambuco y Río Grande del Norte-, concentraba el 53,2% de los indigentes y el 44,8% de los pobres. El Sudeste, el más poblado -compuesto por San Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Espírito Santo- explicaba el 25,5% de los indigentes y el 29,5% de los pobres.

El informe también aborda el drama de la pobreza infantil. Según el IBGE, el año pasado, el porcentaje de niños de hasta 14 años por debajo de la línea de pobreza alcanzaba el 46,2%. Otro récord de la serie iniciada en 2012. El indicador marcaba un 38,6% en 2020. En números absolutos significa que 3,3  millones de niños cayeron en situación de pobreza entre 2020 y 2021. Un salto del 19,3% que arroja una angustiante cifra final de 20,3 millones de niños y niñas en condiciones de pobreza.

La estadística oficial también destaca las diferencias por color piel. En 2021, el 11% de los brasileños de tez negra vivían en condiciones de indigencia, situación que entre las personas blancas era del 5%. Diferencia que también se verifica con relación a la pobreza. Según el IBGE, el año pasado, el 37,7% de los negros vivían en la pobreza, el doble que la cifra registrada entre los blancos.

"No habrá futuro mientras sigamos cavando un pozo sin fondo de desigualdades entre ricos y pobres", advirtió en la Conferencia sobre Cambio Climático (COP27) Lula da Silva, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de enero con la promesa de hacer de la lucha contra la miseria una de su prioridades, y tras haber logrado en sus mandatos previos (2003-2010) sacar de la pobreza a 30 millones brasileños generando empleos y ubicando al país entre las economías emergentes de mayor crecimiento.

La deforestación en la Amazonía 

Tras alcanzar niveles máximos entre 1988 y 2008, cuando la destrucción osciló entre las 21.050 y las 12.911 hectáreas al año, y de un pronunciado descenso entre 2009 y 2018 -cuando se ubicó entre las 7.464 y 7.538 hectáreas anuales-, los registraron dan cuenta de un dramático incremento durante la presidencia de Bolsonaro, que dejará el poder con un total de 45.586 hectáreas deforestadas.

Sin bien el área talada se redujo un 11% en los doce meses previos a julio pasado, las cifras oficiales muestran un avance total del 60% bajo el mandato de Bolsonaro. Concretamente, entre agosto de 2021 y julio de 2022 se destruyeron 11.568 kilómetros cuadrados de selva tropical, según los datos preliminares del PRODES, que procesa las imágenes del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). En récord en 15 años.

PRODES

"El gobierno Bolsonaro fue una máquina de destruir la selva. La única buena noticia es que está por terminar su mandato", señaló en un comunicado Marcio Astrini, secretario ejecutivo de la ONG ambientalista Observatorio del Clima. "La destrucción continúa fuera de control. Bolsonaro entregará a su sucesor un legado sucio, con un aumento de la tala y la Amazonia en llamas", añadió Astrini.

El territorio de Brasil abarca el 59% de la Amazonia. La biomasa, repartida entre nueve estados, es considerada vital en la lucha contra el cambio climático. "La Amazonia está cada vez más cerca de su punto de no retorno", afirmó en un comunicado Mariana Napolitano, gerente de Ciencia del Fondo Mundial para la Naturaleza en Brasil. "Reducir significativamente la deforestación hasta eliminarla por completo en 2030 es un imperativo humanitario frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad", agregó la especialista.

Según los especialistas del sistema satelital federal, la deforestación se disparó un 45% entre agosto y octubre de 2021, época del año en que tradicionalmente la destrucción del bioma suele acelerarse debido a la estación seca. Sin embargo, advierten que en los cuatro años del gobierno de Bolsonaro, la deforestación aumentó un 60% con respecto a los cuatro años anteriores. El mayor aumento porcentual bajo una presidencia desde que comenzó el monitoreo en 1998. Otro récord del presidente saliente.

Los datos del PRODES son contundentes. En el estado de Pará, al norte de Brasil, uno de los más afectados, la tasa de destrucción se redujo un 21%, pero todavía siguió durante 2021 explicando casi una tercera parte de toda la pérdida de la selva amazónica brasileña. Situación que incluso ocurre en áreas teóricamente protegidas. Una de ellas es el Bosque Estatal de Paru, donde el Instituto Amazónico de Gente y Medio Ambiente, una oenegé sin fines de lucro, registró 2 kilómetros cuadrados de deforestación solo en octubre.

AFP

“En los últimos años, la deforestación ha llegado a áreas protegidas donde antes casi no había destrucción”, advirtió Jacqueline Pereira, del Instituto Amazónico. Su lectura señala que el fenómeno sigue estando alentado por la expansión de la frontera agrícola.

Otra región crítica es la zona sur del estado de Amazonas, el único que aumentó la deforestación según los datos recientes, con un incremento de la superficie talada del 13% en comparación con 2021. Las oenegés de la región señalan que gran parte del aumento se explica por la pavimentación de la principal ruta que une la ciudad de Manaos, de 2,2 millones de personas, con los principales centros urbanos del sur del país, lo que aumentó el precio de la tierra e incentiva todavía más la deforestación.

Los investigadores y ambientalistas culpan a las políticas de Bolsonaro por el aumento de la deforestación. Explican que su gobierno debilitó a las agencias ambientales y respaldó muchas medidas legislativas que relajaron la protección del bioma en nombre del desarrollo económico, al tiempo que alentó la ocupación de territorios escasamente poblados a cualquier costo. Una política que facilitó, cuando no consintió, la ocupación ilegal de tierras y estimuló la minería ilegal.

También en la COP27, Lula da Silva, cuyo legado ambiental también ha sido objeto de críticas, prometió aumentar las metas de reducción de gases de efecto invernadero acordadas por Brasil en el Acuerdo de París (2015), reactivar el Fondo Amazónico para proteger la selva, adoptar una política de "tolerancia cero" frente a los delitos ambientales y terminar con la deforestación en 2030.

“No habrá seguridad climática si la Amazonía no está protegida”, dijo el líder de izquierda. “Si Lula da Silva quiere disminuir la destrucción de los bosques debe tener tolerancia cero con los delitos ambientales desde el primer día de su administración. Eso incluye responsabilizar a quienes sabotearon la gobernanza ambiental durante los últimos cuatro años”, afirmó Astrini.