En 2014 cuando el gobierno puso en marcha el programa de Inclusión Financiera también emitió un decreto para reglamentar la interoperabilidad de las redes de POS. Ese paso apuntó a resolver un problema de competencia, de eficiencia y también de incremento de costos para los comercios, porque el que quisiera aceptar todos los medios de pago debía tener más de una terminal de POS para poder trabajar con todos ellos.
Es que había emisores de tarjetas que impedían que por su red de POS pudieran pasar otros sellos. En otro extremo, las principales sellos no permitían que sus tarjetas pasaran por otras redes de empresas de POS que querían instalarse en el mercado.
Según el coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía (MEF) Martín Vallcorba, ese reglamento permitió resolver uno de los problemas de interoperabilidad y todas las tarjetas de menor tamaño que lo solicitaron pudieron pasar por la red principal de POS ( POS 2000), lo que antes no podían hacer. Eso les hacía perder valor en la medida que el consumidor que la poseía tenía dificultades para utilizarla en los comercios. Eso limitaba la capacidad de competir de las tarjetas pequeñas con los grandes emisores.
Sí se han presentado mayores dificultades para que por cualquier red de POS puedan pasar todas las tarjetas. Esto está asociado principalmente a que los emisores pueden establecer las condiciones de seguridad que las redes de POS deben cumplir para que esas tarjetas puedan pasar.
En ese sentido, Vallcorba explicó esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que aunque la reglamentación estableció plazos perentorios de resolución en caso que no hubiera acuerdo entre las partes, para lo que se podía recurrir a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), los agentes decidieron no utilizar esa herramienta, en la medida en que ese tipo de acciones "implicaba una disputa con una contraparte comercial relevante". "Pero el marco regulatorio está y los mecanismos para resolver también están", añadió el jerarca.
Según Vallcorba, la dificultad que queda pendiente de resolver es que los principales sellos emisores de tarjetas de crédito y débito que tienen la posición dominante en el mercado han manifestado que no están dispuestos a pagar por el servicio que brindan las redes de POS chicas que no son de su propiedad cuando estas solicitan la interconexión.
El jerarca explicó que no hay un marco legal claro que establezca que en esos casos el adquirente debe abonar por los servicios que la red de POS le brinda. "Entonces, haciendo uso de la posición dominante que tienen estos actores en el mercado y resistiéndose a abonar por ese servicio, se limita la competencia en el mundo de las redes de POS y nos queda un aspecto sin resolver del problema de interconexión que originalmente existía", dijo Vallcorba.
El proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento propone modificar el artículo 14 de la ley 18.910. En uno de sus incisos se establecen las bases sobre las cuales la Ursec debe actuar.
La redacción original dice que en caso que no exista acuerdo entre las partes es la Ursec la que debe fijar las tarifas, pero sin establecer cuáles son los criterios que debe utilizar. Ahora se definen tres principios básicos como criterios rectores para que el organismo fije las tarifas: la promoción de la defensa de la competencia, la eficiencia económica y el desarrollo del mercado.
A su vez se determina que el establecimiento de las tarifas a aplicar "debe contemplar la preservación de esos principios" y "atender los diversos componentes del costo de los actores que intervienen", tomando en cuenta también las tarifas vigentes para servicio equivalentes en el mercado local y en los mercados comparables, explicó Vallcorba.
En la actualidad existen nueve empresas que prestan servicio de POS: Abitab, Geocom, New Age Data, POS2000, Pranasys, RedPos, Resonance, Scanntech y Sisteco.
