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Búsqueda de desaparecidos: gobierno defiende “transparencia” pero organizaciones y oposición reclaman por falta de avances
En silencio, miles de personas marcharon este sábado por 18 de Julio para continuar reclamando por verdad y justicia, en un evento convocado por la organización de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos a la que se adhirió, ya sea participando o de forma simbólica, gran parte del sistema político.
La manifestación se produjo en un contexto especial, con varios asuntos en discusión que provocan diferencias entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, el oficialismo y la oposición.
El jueves, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para crear en el Archivo General de la Nación, una sección destinada a reunir, organizar y conservar documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos.
El texto, de un puñado de artículos, menciona el “archivo Berrutti” u “otros a los que en el futuro se logren obtener”, aunque no especifica el criterio por el que se va a definir qué documentos ingresarán.
En su segundo artículo, el proyecto agrega que el acceso será libre “sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero” mientras que el tercero plantea que junto a Agesic se instrumentarán los “mecanismos necesarios” para la publicación en línea de los contenidos.
El envío del proyecto motivó que el ministro de Defensa, Javier García, considerara que este gobierno ha sido el que “más información dio” a periodistas y organizaciones de derechos humanos porque estaban por “la verdad y la transparencia”.
Con esas palabras, también respondió al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien había pedido ser “cuidadosos” para no violentar "la intimidad de las víctimas del terrorismo de Estado".
“Los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Dando ese material a la Justicia, al mismo tiempo hay que cuidar a quienes fueron víctimas y pueden ser otra vez revictimizados", declaró Pereira este sábado a Telemundo.
"No queremos un comité de censura que le diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no del pasado reciente. A los comités de censura también nunca más", agregó el ministro de Defensa, que expresó "el mayor de los respetos y la sensibilidad desde el primer día" para el reclamo de la Marcha del Silencio.
Sin avances
Más allá del intercambio y la buena voluntad manifestada por el gobierno, las organizaciones reclaman por la falta de avances en la búsqueda, recordando que el último cuerpo aparecido fue en 2019.
"Estamos esperando que el gobierno se haga eco de este reclamo popular y que tome las medidas, que exija a las Fuerzas Armadas que digan dónde están nuestros familiares. Realmente para un país democrático cuesta entender por qué a tantos años nuestros familiares siguen estando secuestrados", dijo en rueda de prensa Ignacio Errandonea el sábado.
A su vez, cuestionan que el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años incluya a los represores que están en Domingo Arena. Semanas atrás, Madres y Familiares pidió en el Parlamento que se agregue una “cláusula expresa” para que la ley no los beneficie, algo que a priori es rechazado por blancos y cabildantes.
Este proyecto está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde el voto del colorado Adrián Peña será decisivo para que pueda avanzar al plenario, ya que si se opone el oficialismo no tendrá mayoría para aprobarlo.
Ausencia de Lacalle Pou
Pero así como recuerdan la falta de avances y la discusión de este proyecto, las organizaciones también cuestionan que el presidente Luis Lacalle Pou no quiera asistir al acto reparatorio por el asesinato de Diana Maidanik, Silva Reyes y Laura Raggio, también conocidas como las “Muchachas de Abril”.
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo y le exigió la realización de un acto reparatorio con la presencia de las máximas jerarquías de los tres poderes.
El acto se iba a hacer a principio de mayo, pero los familiares lo dejaron en suspenso luego que Lacalle Pou decidiera no asistir al acto y en su lugar designara como representante a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
"La presencia del presidente en el acto resulta un aspecto central para convertir la instancia en un verdadero acto de reparación a las víctimas así como para enviar un mensaje a la sociedad, y en especial, a las Fuerzas Armadas, que son quienes tienen en su mayoría la información necesaria para dar con el paradero de los restos de las personas desaparecidas", dice una carta enviada a la CIDH.
En esa sentencia la corte falló en contra del Estado uruguayo por hechos cometidos durante la dictadura: lo condenó por ser "responsable" de la "falta de diligencia investigativa" en el caso del asesinato de estas tres mujeres y en la desaparición forzada de dos hombres.
Cabildo Abierto ha cuestionado el fallo, pero la corte entendió que Uruguay tiene "responsabilidad internacional" en las violaciones a derechos humanos de los familiares de Maidanik, Reyes y Raggio, que fueron asesinadas en ese mes de 1974 en un operativo de las fuerzas conjuntas.
El organismo internacional condenó al Estado uruguayo a "continuar las investigaciones" para "sancionar a los responsables" de las ejecuciones y desapariciones, según cada caso, y ordenó que se realice un acto público de reconocimiento sobre estas situaciones.En febrero de 2021, se pidió el procesamiento de Juan Rebollo, José Gavazzo y Eduardo Klastornick por los asesinatos. En junio de 2022, Rebollo terminó procesado con prisión por tres delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor mientras que Gavazzo y Klastornick murieron mientras el proceso judicial se llevaba adelante.
