El Parlamento calienta motores para una de las actividades más importantes de todo el período legislativo: la votación del proyecto de ley de Presupuesto. Las proyecciones del gobierno indican que Uruguay cerrará 2020 con una caída de la actividad económica del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit fiscal de 6,5%, un dato que condiciona la asignación de recursos pese al repunte previsto para los años venideros.
En este marco la administración del presidente Luis Lacalle Pou pidió a los legisladores de la coalición de gobierno, integrada por cinco partidos, que limiten las modificaciones al proyecto de ley. Tras una reunión el miércoles con el mandatario, los socios analizan por estas hora su posicionamiento en diversos temas y comienzan a definir sus prioridades.
El tratamiento parlamentario del proyecto de ley de Presupuesto comenzará en la Cámara de Diputados. La primera reunión de la Comisión de Presupuesto será el martes 2, y el lunes 7 comparecerá una delegación del Ministerio de Economía. En paralelo, la coalición de gobierno coordinará acciones en reuniones de las que participarán senadores y diputados de los cinco partidos.
Cabildo Abierto, el partido liderado por Guido Manini Ríos, está dispuesto a revisar “artículo por artículo” el proyecto de ley, asegurándose de que haya suficiente presupuesto para educación y vivienda, dos áreas que también son prioritarias para el presidente Lacalle Pou, dijo a El Observador el senador Raúl Lozano.
Los legisladores cabildantes asumen par el debate del Presupuesto la misma posición que cuando se trató el proyecto de Ley de Urgente Consideración. Es decir, se comprometen a respaldar las ideas del gobierno, siempre y cuando hayan sido pautadas en el acuerdo programático Compromiso por el País firmado en noviembre de 2019.
Lozano argumentó que el Partido Nacional y Cabildo Abierto son “partidos diferentes”, por lo que para él es hasta “una cuestión de honestidad intelectual” defender desde su banca los proyectos que el partido prometió en campaña.
A partir de la presentación del miércoles de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, Lozano dijo que le quedó “muy claro” que la conducción de la economía amerita “disciplina” y un “ordenamiento” del Estado para evitar “gastos superfluos”. En el caso de vivienda, las prioridades del gobierno son el acceso de la clase media y la erradicación de los asentamientos, para lo que ya se diseñaron dos planes concretos. Las organismos rectores de la educación ya hicieron sus proyecciones, pero todavía se desconoce si el gobierno accederá al incremento solicitado.
El aumento del salario de la tropa también será una de las banderas de Cabildo Abierto. El Ministerio de Defensa pidió un incremento de 3%, pero en el partido creen que este porcentaje es “muy bajo”, teniendo en cuenta que representa un aumento aproximado de $ 400 para los soldados que menos perciben. Lozano dijo que quieren asegurar un monto “mucho más significativo”, y que si no es posible concretarlo este año por la coyuntura económica, pedirán que el Presupuesto “especifique” que más adelante habrá un incremento porcentual.
Como instancia está la próxima Rendición de Cuentas –o la de 2022– a partir de la que el Poder Ejecutivo se compromete a ajustar la asignación de recursos que el Parlamento apruebe este año, en caso de ser necesario por la “incertidumbre” de la crisis económica causada por la pandemia, según informó El País. El Partido Nacional se posicionará en el debate parlamentario como el principal escudero de la propuesta del Poder Ejecutivo. El senador Jorge Gandini defendió la iniciativa y dijo a El Observador que el presupuesto refleja "un cambio del modelo económico”.
Colorados por la ANEP de Silva
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, explicó los lineamientos generales del proyecto de ley en la sesión del 17 de agosto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Al terminar el encuentro, el órgano partidario sacó un comunicado en el que señaló que, conceptualmente, el Presupuesto tendría tres prioridades: la inversión privada para generar “empleo genuino”; la formación de capital humano para la “nueva economía”, y la asistencia social que apuntara a superar la “pobreza estructural”.
Con estas premisas, el foco de los colorados en la discusión parlamentaria va a ser la educación. Fuentes partidarias dijeron que la principal meta es concretar un aumento anual de 3% del presupuesto destinado a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), encabezada por Robert Silva, el excandidato colorado a la Vicepresidencia. Ese incremento únicamente alcanza para cumplir con compromisos adquiridos por la segunda administración de Tabaré Vázquez, por lo que será necesario redestinar gastos para iniciar nuevos proyectos, según los cálculos de la ANEP. Por otro lado, el senador y candidato a intendente de Salto, Germán Coutinho ha insistido con la necesidad de aumentar de 3,33% a 5% el presupuesto destinado a los gobiernos departamentales. También espera que el Fondo de Desarrollo del Interior se distribuya equitativamente entre ministerios y gobiernos departamentales, dado que esa relación actualmente es de 67% y 33% respectivamente.
El Partido Independiente, en tanto, pidió garantizar el mantenimiento de las políticas sociales destinadas a los más perjudicados por la pandemia. A través de un documento, el Partido Independiente pidió que no se toquen las políticas tendientes a reducir las discriminaciones de género, al igual que los montos destinados al sistema de cuidados para la infancia, las personas mayores, discapacitadas y dependientes.
El diputado Iván Posada (PI) señaló que esto responde a que, con la actual coyuntura económica, hay un “estrechísimo” margen para incrementar la asignación de recursos.
El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, cree en cambio que la prioridad del gobierno tiene que ser la generación de empleo y la búsqueda de nuevas y mejores formas de redistribuir los recursos del Estado. Incluso si se trata de planes sociales que podrían fusionarse, como pasó con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad.
Definen proyecto
El gobierno tiene hasta el 31 de agosto para presentar el proyecto, y las autoridades negociarán hasta última hora con los ministerios y los socios de la coalición los detalles mínimos del texto.
Uno de los puntos que están siendo negociados es que el Programa de Mejoramiento de Barrios –que desde la LUC pertenece a la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del Ministerio de Vivienda– no pase a la órbita de la OPP, como se planteó originalmente. Fuentes coloradas dijeron que de incluirse no lo votarán porque están en contra de trasladar responsabilidades a áreas que quedan por fuera del control parlamentario.
A su vez, todavía no está definido el presupuesto que tendrá el Ministerio de Ambiente. El gobierno propuso destinar $ 600 millones anuales, aunque los jerarcas de la nueva cartera esperan recibir $700 millones anuales. Antes de asumir como subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla estimaba que el ministerio podría funcionar con un presupuesto de $ 850 millones anuales (10% del presupuesto del Ministerio de Vivienda), lo que lo transformaría en el ministerio con menor presupuesto del Poder Ejecutivo.
