Cabildo vuelve a reclamar su lugar en la Corte Electoral e insiste en la "obligación" de lograr acuerdos

La Constitución establece que de los nueve miembros de la Corte, cuatro deben representar a los partidos mientras que los otros cinco tienen que ser “garantía de imparcialidad”, aunque en la práctica el presidente del organismo es el único que asume ese rol de neutralidad. El resto están vinculados a las colectividades políticas y sus designaciones necesitan mayorías especiales en la Asamblea General.

Pero la compleja ingeniería de los acuerdos —que no se agota únicamente en el organismo electoral— no le alcanza a Cabildo Abierto como justificación de su ausencia allí, e insisten que es necesario actualizar la correlación de fuerzas de la Corte Electoral, que mantiene cuatro representantes del Frente Amplio, dos del Partido Nacional y dos del Partido Colorado, de acuerdo con lo que la ciudadanía votó hace casi ocho años en las elecciones de 2014.

Dos de los principales abanderados en el reclamo cabildante aseguraron a El Observador que en la colectividad de Manini Ríos esperan avances concretos en el corto plazo porque “es lo que corresponde” según el nivel de votación y también porque la renovación se ha postergado “demasiado en el tiempo”: en eso coincidieron tanto el senador Raúl Lozano como el diputado Álvaro Perrone. 

Leé también

Canelones permite venta fraccionada de productos en almacenes y pequeñas superficies

Las negociaciones, que en caso de ser concretadas significarán el ingreso de la cabildante Sandrá Chá y la salida del colorado Juan Máspoli, comenzaron a mediados del primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou, pero se trancaron sucesivamente por diferentes particularidades y circunstancias políticas.

En principio, la idea de los distintos partidos era negociar la integración de la Corte en su conjunto, e incluso atar la negociación a la renovación de cargos en otros organismos.

El primer traspié llegó por la falta de acuerdo entre los partidos a propósito de cuál era el nombre que debía sustituir a José Arocena en la presidencia imparcial del organismo. A fines de 2020, luego de candidatos que no llegaron a serlo por falta de consensos, los partidos decidieron proponerle el cargo al director de opinión pública de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, pero el sociólogo no aceptó el ofrecimiento.

Las dilatorias movieron a Cabildo Abierto a proponer la postergación de la discusión sobre el presidente y votar, mientras tanto, la designación de las demás autoridades de la Corte de forma de poder asumir su ansiado lugar pese a los acuerdos frustrados. Sin embargo, esa iniciativa no tuvo andamiaje. 

La discusión se destrabó meses después tras la determinación conjunta de que Arocena siguiera como presidente de la Corte Electoral, pero el escenario político estaba comenzando a cambiar y el acuerdo entre el gobierno y el Frente Amplio había sido llevar el tema a la Asamblea General después de que el organismo terminara de validar las firmas recogidas por la oposición y el PIT-CNT para convocar un referéndum contra la ley de urgente consideración.

Una vez confirmada esa instancia, tanto oficialismo como oposición acordaron esperar a que se concretara la votación del pasado 27 de marzo, para evitar cualquier tipo de suspicacias sobre intervenciones en el proceso electoral. 

Ahora, una vez que los 135 artículos fueron ratificados, en Cabildo Abierto está la preocupación de cómo seguirá el tema. En ese sentido, Lozano manifestó en diálogo con El Observador que el sistema político tiene “la obligación” de alcanzar acuerdos y jerarquizó que finalizada la instancia del último domingo de marzo insistirán con el objetivo de lograr “avances concretos”.

Si bien todavía no hubo un planteo formal de parte de la colectividad de Manini Ríos luego del 27 de marzo, el reclamo ya fue reiterado por los cabildantes en conversaciones informales con los demás partidos y están “a la espera” de lograr la nueva integración.

El temor es que la discusión sume un nuevo escollo coyuntural y por esa razón desde Cabildo Abierto pretenden acelerar los acuerdos para votar la designación, finalmente, ante el Poder Legislativo. Con un grado de ironía, Perrone se preguntó “qué pasará ahora” y dijo que el año que viene se avizorarán sobre el horizonte las elecciones internas de los partidos de cara a 2024 por lo que, en ese caso, la discusión podría estancarse nuevamente sin modificaciones en la estructura del organismo.

En ese sentido, el diputado subrayó que la actualización de las autoridades de la Corte Electoral debió procesarse hace dos años y que la falta de avances van en detrimento de lo que la gente votó. “A Cabildo Abierto le han dicho de todo, pero al que no le están respetando el resultado electoral es a nosotros”, sentenció Perrone en diálogo con El Observador. 

Lozano, por su parte, apuntó que el Partido Colorado –que perdería un cargo en la Corte– "es un partido histórico y democrático y sabe que las reglas democráticas son así". "No hay una doble lectura", afirmó. 

Además del ingreso de la ministra de Cabildo Abierto, también está pendiente otro cambio, aunque dentro de un mismo partido: el ingreso del nacionalista Darío Castiglioni en lugar de la también nacionalista Ana Lía Piñeyrúa.

El planteo de Cabildo Abierto y la reivindicación de la necesidad de asumir ese lugar en el organismo de la calle Ituzaingó llevó el año pasado a que Perrone asegurara que todo lo actuado en la Comisión Especial con Fines Legislativos para Estudiar el Financiamiento de la Democracia —en funcionamiento desde julio de 2020 para elaborar una nueva ley de partidos políticos— carecía de legitimidad. El legislador reiteró esa posición y dijo que, en parte, esa comisión no se ha vuelto a reunir por las dificultades para avanzar en los temas alusivos a la Corte Electoral.

Según Perrone, la designación de las nuevas autoridades no puede seguir aplazándose y avanzar en normas relativas al funcionamiento o a la financiación de los partidos es poner “la carreta delante de los bueyes”. El legislador adelantó que si no hay avances previo a la Rendición de Cuentas, propondrá a la bancada votar negativamente todos los artículos alusivos a la Corte Electoral. “Me niego a votar algo que venga de un organismo que no está integrado como corresponde”, indicó.