Cada día las telefónicas bloquean 67 celulares por robo y extravío

Para poder bloquear los teléfonos, los usuarios deben proporcionar a las compañías el número de IMEI (International Mobile Equipment Identity), que se puede obtener de tres maneras: aparece inscripto en la caja del aparato; se puede leer debajo de la batería del celular; o se consigue digitando *#06# en el teléfono.

El mercado de los celulares ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. Solo en 2012 Uruguay importó aparatos por

US$ 128 millones, y hasta junio de 2012 habían más líneas activas que habitantes: 4.825.906, según datos de la Unidad Reguladora de Servicios Comunicacionales (Ursec).

El sistema de bloqueo funciona coordinado entre las tres empresas que operan en Uruguay desde 2011. “Desde el 1º de diciembre de 2011 y a partir de la firma de un acuerdo entre todos los operadores de telefonía celular móvil de Uruguay, se han implementado mecanismos para denunciar un equipo celular robado y bloquearlo de forma inmediata para que no pueda ser usado en ninguna operadora del Uruguay”, dijo a El Observador el director de marketing de Movistar, Fernando Leis.

Ese mecanismo –agregó el representante de la empresa– se ha desarrollado con una base de datos unificada de equipos denunciados, que se actualiza constantemente, “lo que contribuye a la disminución del robo de aparatos celulares, debido a que estos no pueden volver a ser utilizados en ninguna de las redes nacionales”.

Este sistema de bloqueo permite que el ladrón no utilice el aparato y desestimula los robos, pero no sirve para que su dueño lo encuentre.

Para que los clientes puedan recuperar sus teléfonos rápidamente existen otros mecanismos. Además del sistema de rastreo por GPS (algo que puede hacerse con los smarthpones y dependiendo de la tecnología y los programas que tengan), la Policía puede encontrar el celular a través del IMEI. Pero ello se ve limitado por falta de legislación, según reconoció a El Observador el jefe del área de Delitos Informáticos de la Jefatura de Montevideo, Gabriel Lima.

La Policía necesita una orden del juez y que las compañías de telefonía móvil pasen la información de ese teléfono que utiliza su red. Una de las razones por la que este sistema puede demorarse es que en Uruguay no existe una legislación que obligue a las empresas a enviar la información en determinado tiempo, por lo que la respuesta puede darse en cuestión de días o en varios meses, según declaró el jerarca policial.

Como cualquier persona puede acceder al número IMEI –incluso un presunto ladrón una vez que tiene el dispositivo en su poder–, la única forma de garantizar que alguien es el verdadero dueño del artefacto es a través del contrato que tiene con la compañía que le ofrece servicio de telefonía móvil.