Campaña sangrienta en México

especial para El Observador

La aspirante a diputada local Maribel Barajas fue apuñalada y golpeada hasta la muerte. Su cuerpo fue abandonado en un rancho a las afueras de Moreli; Fernando Ángeles Juárez, candidato del Partido de la Revolución Democrática, fue asesino a tiros en la puerta de sus casa; Emigdio López Avendaño, candidato a diputado local en Oaxaca, viajaba en una camioneta cuando un grupo que se escondía en unos matorrales disparó contra la comitiva; cuatro de sus acompañantes también murieron en la emboscada.

Esas son solo algunas de las noticias de asesinatos a políticos que se leyeron en la prensa de México en las últimas semanas. Los casos son tan numerosos como descarados, realizados a la luz pública, que muestra una ensangrentada realidad que supera cualquier ficción.

México celebra sus elecciones federales mañana domingo, con los niveles de violencia más altos de sus últimos 20 años: un total de 133 políticos han sido asesinados desde que comenzó en setiembre pasado el proceso electoral, informó a la agencia internacional AFP la consultora Etellekt el jueves 28. Además, según Etellekt, resultaron muertos 50 familiares de actores políticos a lo que hay que sumar cuantiosas amenazas e intimidaciones, agresiones con armas de fuego, asaltos y secuestros denunciados en ese período.

Los hechos violentos tuvieron lugar en 24 de las 32 entidades del país, principalmente en los estados de Guerrero y Oaxaca. Las víctimas en manos de asesinos pertenecían a los principales partidos políticos de México: al PRI y sus partidos de coalición (44), al PAN y sus partidos socios (37) y a la Coalición Morena-PT-PES (18), entre otros.

Todo esto ocurre ante la mirada de las autoridades de México y del mundo, con total impunidad. La sociedad pide a gritos una salida en las urnas para comenzar su recomposición, pero no se ve fácil la salida en un país marcado a fuego por el crimen organizado y el narcotráfico.

Los próximos comicios incluyen a los cargos locales, y es precisamente en ese contexto donde la delincuencia organizada tiene más influencia.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia explica que existen regiones enteras donde mandan los llamados "caciques", individuos o familias que se han apoderado del control político-económico, que mantienen una relación poco transparente con los gobiernos locales o la policía, y no están dispuestos a renunciar por nada del mundo a esos dominios. En otras palabras, verdaderas mafias políticas locales.

El mencionado instituto concluye que la mayoría de las agresiones y asesinatos se producen en los partidos de oposición a los gobiernos de cada entidad. Ya nadie duda en calificar a esta campaña electoral como "la más sangrienta de la historia democrática de México". Cabe agregar que la violencia también es un común denominador en la sociedad civil mexicana. Uno de los meses con más homicidios fue el pasado mayo, con 2.890 casos, lo que representa un promedio mensual de 93 muertes por día.

En 2017, 25.339 personas fueron asesinadas en el país, la cifra más alta en 20 años.

De los cuatro candidatos, lidera por lejos el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Juntos Haremos Historia (que reúne a los partidos Morena, PT y PES). Según las últimas encuestas, López Obrador supera por más de 30 puntos a Ricardo Anaya, mientras que José Antonio Meade, del oficialista PRI, aparece tercero.

El diario Reforma y Radio Centro difundieron el miércoles pasado una encuesta que le da a López Obrador, 51% de voto efectivo, seguido de Anaya, líder de una alianza encabezada por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), con 27%.

José Antonio Meade, de la Coalición Todos por México (reúne al PRI, PVEM y Panal) aparece con 19% y con 3% el independiente Jaime Rodríguez Calderón.

En el estudio, levantado entre 1.200 electores, un 18% de los encuestados no respondió, cifra que no es incluida en el universo total de la muestra en la que sólo, aparece el voto efectivo. El margen de error es de +/- 3,6%.

López Obrador, politólogo y ex alcalde de Ciudad de México (2000-2005) y candidato a la presidencia en dos ocasiones (2006 y 2012), ha recibido el apoyo de partidos de izquierda. Este postulante presidencial propone eliminar los fueros que protegen a la "mafia del poder", quiere revisar millonarios contratos de empresas energéticas con el Estado y fijar los precios de los productos agrícolas. Esto último ha generado nerviosismo entre los empresarios.

El postulante Anaya, exsubsecretario de Planeación Turística (2011) y expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso Federal (2015-2017), ha hablado durante la campaña electoral de la creación de un ingreso básico universal "para erradicar la pobreza extrema", pasar de una economía de manufactura a una del conocimiento, reducir el número de funcionarios públicos y medidas para terminar con la impunidad.

Quien le sigue en las encuestas, Meade, economista y abogado, ocupó la Secretaría de Energía (nombrado por Felipe Calderón) y fue Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del actual mandatario Enrique Peña Nieto. Meade, visto como "el hombre de Peña Nieto", tiene el apoyo de 300 empresarios top de México, entre ellos uno de los directores de Telmex. Promete mejoras en la salud, educación, igualar los salarios de hombres y mujeres, créditos bancarios más accesibles y la confiscación de propiedades, bienes y dineros de quienes hayan cometido actos de corrupción, entre otros planteos.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Rodríguez Calderón, del partido independiente, expresidente Municipal de García, Nuevo León (2009-2012), ha machacado con la reducción de algunos impuestos, recuperar el campo, contraer al gobierno y expandir las empresas privadas. Suele decir que "el asistencialismo destruye al país".

La izquierda no gobierna en México desde la década de 1930. De ganar López Obrador, conocido como el "candidato anti-establishment", es esperable que tome medidas que podrían perjudicar a las élites políticas y económicas mexicanas. Muchos mexicanos le critican su falta de propuestas concretas para gobernar la segunda economía latinoamericana, durante la era de Donald Trump.

"Lamentablemente nunca ha sido claro", dijo Fernando Dworak, analista político en declaraciones a agencias de noticias. "Ha centrado cualquier solución en torno a su figura y a su capacidad personal para resolver asuntos", añadió. De "populista" a "gran peligro para México" que podría seguir los pasos de Hugo Chávez en Venezuela: las críticas contra el candidato izquierdista llovieron durante la campaña, incluso con avisos publicitarios que cuestionaban la salud del candidato.

López Obrador ha anunciado que si llega al gobierno revisará la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (acuerdo de casi US$ 4.000 millones entre el gobierno actual y un consorcio integrado por FCC, Acciona y Slim) y revisará la reforma energética aprobada en 2013 (la cual ha dado lugar a decenas de millonarios contratos para explorar y extraer petróleo en México).

Aunque los candidatos de oposición han señalado que López Obrador ahuyentará al sector privado, analistas coinciden en que ha moderado su discurso en comparación a elecciones anteriores y, aunque hay cierta incertidumbre, hay quienes subrayan que en su trayectoria se ha mostrado pragmático al no adoptar acciones concretas en contra de la inversión privada y confían en que cumpla con su promesa de realizar una "transformación pacífica y ordenada".

También existe cierta inseguridad en las relaciones que su eventual gobierno mantendría con Estados Unidos, así como el rumbo del Tratado de Libre Comercio tan denostado por Trump. Los programas sociales han sido el gran logro de López Obrador durante su gestión como alcalde de Ciudad de México, así como el desarrollo de infraestructuras como el de Metrobús.