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La pulseada entre los canales de aire y los cables que ahora se dirime en el Parlamento
Un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para “subsanar” inconstitucionalidades de la ley de medios derivó en una lucha de poder y lobby entre los canales de aire y los cableoperadores, que se intensificó luego de que los diputados metieran mano en el texto. Ante el reclamo de los canales una vez que el texto se votó en comisión de Industria, los diputados resolvieron reconsiderar el tema y convocar al Ministerio de Industria antes de tomar una decisión.
En el centro de la pulseada está el artículo 117° de la ley de servicios de comunicación audiovisual (conocida como ley de medios), que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que el gobierno intentó corregir –junto a otros dos artículos– a través de un proyecto remitido al Parlamento en mayo. La ley original, promulgada a fines de 2014, obligaba a los cables de televisión no satelitales a incluir dentro de su grilla las señales de los canales de aire que compartieran la misma área de cobertura, sin pagar nada a cambio. Los canales impugnaron ese artículo aduciendo que violaba la propiedad intelectual, y la SCJ les dio la razón en agosto de 2016.
Eso generó, a entender de los “cableros” y el gobierno, una “incongruencia”, porque la Corte declaró inconstitucional la gratuidad pero no la obligación de incluir las señales. “Eso ha resultado en que el radiodifusor tiene el derecho a cobrar por la entrega de su señal y el titular de un servicio de comunicación audiovisual tiene, al mismo tiempo, el derecho a que le sea suministrada gratuitamente”, argumentó el Ejecutivo al enviar en mayo de este año una solución alternativa.
La misma consistía en mantener la obligatoriedad fijando un “precio máximo” para la transacción. Pero aunque los canales seguían viendo esa vía como inconstitucional y dañina para sus finanzas, tachando de “irrisorios” los valores sugeridos, el escenario se agravó luego de los diputados ampliaran el universo de beneficiarios de la normativa, incluyendo ya no solo a los servicios no satelitales, sino también los satelitales como las multinacionales Directv y Cablevisión.
Marcha atrás
El 11 de octubre, la comisión de Industria recibió a representantes de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), que manifestaron su total apoyo a la iniciativa del gobierno, expresando que la normativa daría “seguridad jurídica” ante los “abusos de posición dominante” de los canales de aire.
Pero en esa misma sesión, el proyecto dio un giro inesperado, a raíz de una mezcla entre propuestas del Frente Amplio y el Partido Colorado que terminó ampliando los sujetos comprendidos por la normativa, incluso más allá de lo que planteaba el artículo original de la ley de medios.
Los canales tardaron unas semanas en enterarse, pero cuando lo hicieron pusieron el grito en el cielo. El 7 de noviembre, casi un mes después de la sesión en la que se votó el articulado, representantes de los canales 4, 10 y 12 concurrieron a la comisión molestos con el texto que se había aprobado.
Mario Garmendia Arigón, asesor de Montecarlo, llevó la voz cantante. “El proyecto no consigue subsanar la inconstitucionalidad, y menos con las alteraciones que tuvo en el trámite de esta comisión”, señaló.
Según Arigón, la fijación de un tope tarifario “lesiona el principio de igualdad establecido en el artículo 8° de la Constitución” porque “no existe razón para que determinados productos o servicios inherentes a la propiedad intelectual sean sometidos a un régimen de precio máximo que no se aplica a otros productos”.
Sin embargo, la principal molestia radicaba en la ampliación del universo de beneficiarios, que a entender de las empresas beneficiaría directamente a multinacionales como Directv y el grupo Clarín (dueño de Cablevisión). “Esto introduce a un operador que no tiene ningún punto de comparación en cuanto a su dimensión con los operadores nacionales”, dijo Arigón, y reprochó que la modificación “distorsiona el sentido y espíritu” del proyecto del Ejecutivo, al que también se opone.
Alejandro Cattaneo, gerente general de Canal 10, dijo que el artículo votado en comisión introducía una “distorsión” que tendría “afectaciones graves a las economías de los canales de televisión”. Según afirmó, la pérdida sería del orden de los US$ 250 mil mensuales por empresa. Richard Iturria, asesor de Canal 12, dijo que sería “absurdo” obligar a los canales a “obsequiarle la señal a operadores de la talla de Directv y Cablevisión”.
(*) Una versión anterior de esta nota daba a entender que la modificación que beneficiaba a Cablevisión y Directv había surgido del Frente Amplio, cuando el diputado del Partido Colorado Walter Verri también fue responsable de la redacción que molestó a los canales de aire.
