Los grupos de defensa de los indígenas aclaman a Wapichana como pionera

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Candidatos indígenas del estado de Roraima dan pelea en un bastión de Bolsonaro

Dos tercios de la población apoyan al actual presidente. Las comunidades originarias buscan ganar espacio en el Congreso para detener la deforestación, la minería ilegal y proteger sus tierras
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24 de septiembre de 2022 a las 16:53

Por Sam Cowie y Emily Costa

Vítores y aplausos saludan a Joenia Wapichana cuando llega a un evento político en el territorio indígena Raposa Serra do Sol en el norte de Brasil. En 2018, Wapichana se convirtió en la primera mujer indígena del país elegida para ocupar una banca en el Congreso. Ahora, busca un segundo mandato por el estado de Roraima, donde el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro tiene más apoyo que en cualquier otro estado, según consignan los autores en un artículo publicado por Al Jazeera.

Wapichana dice que Bolsonaro ha sido un desastre para las comunidades indígenas de todo Brasil, ya que su retórica a favor de la minería alimenta el crecimiento de las operaciones ilegales de extracción de oro en tierras indígenas.

“Desde el momento en que abre la boca para hablar sobre los temas absurdos, ilegales e ilícitos que apoya, pone en riesgo la vida de los indígenas”, dijo a Al Jazeera en una de las raras entrevistas concedidas a medios extranjeros. Destacando la importancia de la representación política indígena, agregó: “El trece por ciento de Brasil son territorios indígenas, pero en el Congreso toman decisiones sin nuestra participación”.

Los grupos de defensa de los indígenas aclaman a Wapichana como pionera y este año un número récord de candidatos indígenas, más de 180, se registraron para participar en las elecciones del 2 de octubre. Sin embargo, con campañas de presupuestos reducidos, sin una estructura política tradicional ni donantes adinerados, muchos enfrentan una batalla cuesta arriba.

En Roraima, casi dos tercios de las personas apoyan la reelección de Bolsonaro, mientras que solo el 18 % respalda al expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, según las últimas encuestas de opinión del Ipec. “Es un estado fronterizo con una población principalmente conservadora que en su mayoría comparte las opiniones del presidente sobre la familia, el uso de la tierra y los derechos indígenas”, dijo el politólogo Paulo Racoski, quien enseña en el Instituto Federal de Roraima.

Buscando a El Dorado

En el siglo XVI, los conquistadores españoles recorrieron Roraima en busca del mítico reino de El Dorado. A fines del siglo XX, miles de inmigrantes de todo Brasil, y especialmente de la región nororiental más pobre, llegaron en busca de oportunidades. Muchos terminaron trabajando como mineros de oro en el territorio indígena yanomami que, desde la elección de Bolsonaro, ha visto un nuevo repunte en la minería ilegal y la violencia relacionada.

En la actualidad, aunque no hay minas de oro legales en funcionamiento en Roraima. Sin embargo, un monumento de siete metros de altura dedicado a los mineros se erige frente a la asamblea legislativa en la capital local, Boa Vista. Un signo emblemático de la relación del estado con la minería.

“Políticamente, es difícil para un candidato confrontar los intereses de la minería ilegal en el estado”, dijo Alisson Marugal, fiscal federal con sede en Roraima. “Juega un papel importante en la economía”.

En octubre pasado, Bolsonaro visitó una minera ilegal en Raposa Serra do Sol y promocionó un proyecto de ley para legalizar la actividad a escala industrial en tierras indígenas. “Si quieres plantar, plantarás”, dijo el presidente, que llevaba un tocado indígena.

Según el Consejo Indígena de Roraima, el grupo de derechos indígenas más grande del estado, más de 4.000 mineros ilegales han operado en la reserva Raposa Serra do Sol desde que Bolsonaro asumió en 2019. El consejo presentó a los fiscales federales un informe que enumera presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas con estas operaciones.

“La invasión de mineros ilegales provoca degradación ambiental, deforestación, contaminación de ríos, quebradas y lagos, aumento de robos de ganado y vehículos, altos índices de malaria, ETS y covid-19 en las comunidades”, señala un informe al que accedió Al Jazeera.

El documento destaca, además, que el “tráfico de drogas y la presencia de bandas criminales han aumento la violencia en las comunidades, las amenazas de muerte y las persecución de líderes”. En abril, tres personas fueron asesinadas a tiros en el territorio, un hecho que, según las autoridades, podría estar relacionado con deudas proveniente de la minería ilegal.

Si bien las agencias federales llevan a cabo operaciones frecuentes para combatir la minería ilegal, no ha habido una en Raposa Serra do Sol desde hace más de un año, según admiten las autoridades.

Esto ha llevado a algunos lugareños a tomar el asunto en sus propias manos. En un ejemplo reciente, un grupo de vigilancia organizado por guardianes indígenas en Raposa Serra do Sol, quemó en junio pasado una balsa utilizada por los mineros para extraer oro en el río Ireng, cerca de la frontera con Guyana.

Durante la reciente temporada de lluvias, Al Jazeera se unió a tres guías indígenas en una expedición a través de llanuras inundadas hacia uno de varios sitios de minería ilegal, en la base de una montaña local sagrada conocida como Serra do Atola. Allí, examinó el área con un dron. La destrucción fue impactante: el campamento minero se abrió como una cicatriz marrón en el paisaje verde, con docenas de pozos mineros, algunos cubiertos por lona azul para proteger a los mineros.

“Mucha gente extraña pasa por aquí”, dijo uno de los guías indígenas, quien pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Los guías afirmaron que debido a las fuertes lluvias recientes, el número de mineros se redujo temporalmente, pero que regresarían nuevamente durante la estación seca.

El año pasado, el comando militar de Amazonas, la Policía Federal y las agencias ambientales allanaron el sitio y encontraron 400 personas, balanzas de precisión, pozos de excavación, oro y mercurio para el procesamiento de oro. Meses después, una investigación de la agencia de noticias Associated Press encontró que el campamento minero estaba en funcionamiento nuevamente, con trabajadores que usaban generadores portátiles para accionar martillos neumáticos para romper las rocas.

El Consejo Indígena de Roraima dice que los empresarios y los políticos financian la minería, tomando un porcentaje del oro extraído, mientras que los indígenas a menudo han sido explotados como mano de obra barata. “No hay ningún indígena aquí que se haya enriquecido con la minería ilegal”, dijo Bartolomeu da Silva Tomaz, el único candidato indígena al Senado de Brasil.

“Los que se enriquecen son los empresarios y las empresas que venden máquinas, motores, equipos y combustible”, aseguró Tomaz. Si es elegido senador afirma que hará de la eliminación de los mineros ilegales de las tierras indígenas una prioridad máxima, una posición audaz en un estado cuya economía se sostiene en parte por la minería ilegal, según los fiscales federales.

Los sin voz

Hoy, más de 26.000 indígenas de cinco grupos étnicos viven en el territorio de 17.470 kilómetros cuadrados de Raposa Serra do Sol, en los límites con Venezuela y Guyana. A diferencia de muchas tierras indígenas amazónicas cubiertas por una exuberante selva tropical, Raposa Serra do Sol es principalmente una sabana tropical. La ganadería, a menudo asociada con la deforestación, también está permitida en el área.

En todo Brasil, que alberga a unos 900.000 indígenas de más de 300 grupos étnicos, Roraima tiene la mayor población indígena, con más de 55.000. Casi la mitad de su territorio comprende tierras indígenas y, sin embargo, no hay ningún representante indígena en su asamblea estatal de 24 escaños.

“Hoy tenemos una voz en Brasilia, que es nuestra legisladora Joenia Wapichana”, dijo Aldenir Wapichana, un líder indígena que se postula para ser legislador estatal. “Pero a nivel estatal todavía no tenemos una representación digna. Es importante defender nuestros derechos, en la salud, en la educación”.

En las elecciones de 2018, Normandía, Uiramuta y Pacaraima, ubicados dentro de los límites de Raposa Serra do Sol, votaron en contra de Bolsonaro, los únicos tres municipios de Roraima que lo hicieron. Una roca pintada con las palabras "Fuera Bolsonaro" se encuentra cerca de una entrada a Normandía.

Incluso así, la opinión pública sobre Bolsonaro sigue dividida en la región. El año pasado, la Sociedad por la Defensa de los Indios Unidos de Roraima, que se opone al liderazgo del Consejo Indígena y aboga por la minería y otras actividades, invitó a Bolsonaro a un yacimiento ilegal en la comunidad de Flexal, donde promocionó un proyecto de ley para legalizar la minería.

La líder del grupo, Irisnaide Silva, se postula para el Congreso contra Joenia Wapichana. En marzo, el gobierno le otorgó a Silva la medalla al “mérito indígena”, lo que provocó el desdén de los grupos de defensa. Si bien Silva no respondió a la solicitudes de Al Jazeera, se ha descrito públicamente como “la mujer indígena que defiende el desarrollo”.

Crisis ambiental

En Brasil, los partidos políticos reciben fondos públicos en función de la cantidad de escaños que tienen en el Congreso. La Red de Sostenibilidad de Wapichana tiene solo dos escaños en la Cámara de Diputados, en comparación con los 77 del Partido Liberal de Bolsonaro.

Los candidatos también pueden recibir donaciones privadas, sistema que tiende a favorecer a quienes representan intereses mineros o agrícolas. Además, los candidatos pueden usar su propio dinero para ayudar a financiar sus campañas.

Wapichana, que declaró 20 mil reales brasileños -unos US$ 3.900- en ingresos y bienes, compite por uno de los ochos escaños que tiene asignado el estado en Diputados contra Rodrigo Cataratas, un empresario pro-minería del Partido Liberal de Bolsonaro que declaró 33 millones de reales brasileños -unos US$ 6,45 millones-. Una lucha que promete ser dura y no terminará el día de las elecciones.

Si es reelegido con suficiente apoyo en el Congreso, Bolsonaro podría intentar impulsar su proyecto de ley planeado desde hace mucho tiempo para permitir la minería y otras actividades industriales en las tierras indígenas. Las solicitudes de las empresas en Raposa Serra do Sol, que incluyen minas de oro y diamantes, han aumentado desde que Bolsonaro asumió el cargo, según los datos compilados por el grupo de monitoreo Amazonia Minada.

Algunos temen que una represa hidroeléctrica planificada desde hace mucho tiempo en el río Cotingo, un proyecto considerado estratégico por los intereses mineros, también podría resucitar en caso de que Bolsonaro se imponga en las elecciones, lo que representa un riesgo de inundación para muchas comunidades en Raposa Serra do Sol.

“Si Bolsonaro es reelegido, veremos una continuación de las políticas antiindígenas”, dijo Antenor Vaz, excoordinador de la agencia indígena de Brasil, Funai, que ahora trabaja como consultor independiente. “Raposa Serra do Sol enfrentaría aún más presión de los mineros ilegales, así como de los grandes terratenientes de fuera de la reserva”, agregó.

De vuelta en su evento de campaña, Wapichana sostiene que la representación indígena en el Congreso es de vital importancia, tanto para Brasil como para el planeta en su conjunto. “Muchas personas no indígenas tienen los mismos intereses que los indígenas, como la preservación del medio ambiente”, dijo. “El planeta está pasando por una crisis ambiental y sabemos que mucho depende de la protección de los territorios indígenas”, agregó.

Fuente: Al Jazeera | Primera de una serie de tres notas sobre Roraima en el contexto de las elecciones generales de Brasil. Proyecto apoyado por el Rainforest Journalism Fund del Pulitzer Center.

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