Luego de la condena de la Justicia de Concurso al expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, se abre una nueva etapa para recuperar bienes y poder pagar a los acreedores, en primer lugar a los trabajadores, que serán los únicos que llegarán a cobrar algo si se logra el objetivo de reunir fondos, explicó a El Observador el síndico del concurso, el abogado Fernando Cabrera, representante de la Liga de Defensa Comercial (Lideco).
De todos modos, esa siguiente etapa se dilatará porque Iglesias anunció que apelará y la apelación tiene efecto suspensivo. La sentencia del juez Leonardo Méndez que lo condenó a hacerse cargo de la deuda que dejó la mutualista, lo inhabilitó por 20 años para administrar bienes propios o ajenos, así como a representar a terceros.
Según explicó el síndico una vez que quede firme el fallo se abrirá otro expediente para la ejecución de la sentencia. La primera medida que se tomará será embargar a Iglesias y se trabajará en la búsqueda de activos con los que se pueda cubrir la deuda aunque será una tarea casi imposible ya que el pasivo total asciende a los US$ 50 o US$ 60 millones.
Cabrera dijo que sólo el pasivo laboral es de US$ 30 millones.
“La aspiración es encontrar algún activo”, dijo Cabrera quien invitó a que si alguien tiene datos de bienes de Iglesias los aporte a la sindicatura. “Van a ser bienvenidos”, acotó.
En situación de insolvencia
La Justicia concluyó, con el trabajo realizado por el síndico, que cuando se presentó el concurso de Casa de Galicia ya no había nada que hacer porque la mutualista ya estaba en situación de insolvencia.
Rocío González
Alberto Iglesias
El juez Méndez sostuvo en la sentencia que “el estado de insolvencia de Casa de Galicia se encontraba determinado por la sumatoria de múltiples elementos causales, exclusivamente derivados de una mala administración, que no supo revertir a lo largo de muchos años una situación deficitaria que fue incrementándose hasta el punto de ser cuatro veces mayor a la media del sector”.
Cabrera afirmó que en el informe final que elevó al juez se probó la culpabilidad de Iglesias. Afirmó que "la ley establece una serie de presunciones que se confirmaron, una de ellas es que no hubiera solicitado a tiempo el concurso, sino que cuando lo presentó ya estaba muy deteriorada la situación. No tenía fondos propios".
El síndico se refirió también a la condena que se le impuso a Iglesias que es la máxima que prevé la ley de Concursos y destacó que últimamente se habían aplicado por parte de la Justicia menores condenas. Estos fallos en los que se responsabilizaba a los titulares de las empresas por concurso culpable con las máximas penas eran más frecuentes al principio de la aplicación de la ley que es de 2008.
Consultado sobre la situación a la que se refirió el juez en la sentencia que descartó la complicidad en el concurso culpable por parte de dos de los acreedores, Cabrera dijo que a su juicio podía haber complicidad pero el juez entendió que no estaba acreditada. Se trataba de dos empresarios, Marcelo Bonanata y Carlos Lousada, quienes daban préstamos que luego reclamaron pero como no los pudieron cobrar el juez entendió que no se generó un perjuicio a la masa de acreedores.
Cabrera dijo que en caso de que se logren recuperar bienes los únicos que cobrarán serán los trabajadores, ya que la ley de Concurso prevé que sean los primeros de la fila a cobrar. De todos modos, no se mostró muy optimista sobre las posibilidades de que logren cobrar todos los créditos adeudados. Contó que en otro concurso como fue el de Metzen y Sena no se logró recuperar bienes.
Asimismo, señaló que los restantes acreedores entre los que están los proveedores como laboratorios, tienen muy pocas chances recuperar sus créditos.
La denuncia penal se resolverá en 2024
El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez investiga por su parte si existió responsabilidad penal en la conducta de Iglesias ante una denuncia que presentó el Ministerio de Salud Pública pero no habrá una resolución hasta después de la feria judicial de enero, dijeron fuentes del caso.
Agregaron que por el momento y dadas las pruebas recabadas no está previsto archivar el caso pero aún faltan elementos para imputar por lo que se sigue trabajando en reunir los elementos. Actualmente se están incorporando unas pruebas que pidió incorporar a la indagatoria la defensa de Iglesias.
El MSP presentó la denuncia “a raíz de múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades (...) y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”, señaló en aquel momento.
El 26 de octubre de 2021 y a sugerencia del MSP, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención administrativa de la institución, “dada la grave situación económica de la institución, y ante su inminente impacto sobre el área asistencial”.
