El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, hizo ante la comisión de Salud de Diputados un racconto de los 16 “hitos histórico-jurídicos" que marcaron la liquidación de la mutualista Casa de Galicia. Van desde el 15 octubre del año pasado, cuando se presentó la solicitud de concurso del entonces presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, hasta el 16 de febrero de este año, cuando un grupo de socios presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 20.022, elaborada por el gobierno para determinar los nuevos prestadores a los que serán derivados los asociados y trabajadores de la institución. La ley fue acompañada de un decreto que reglamentó esa “movilidad”.
El 29 de enero pasado cayó el certificado de Casa de Galicia ante el Banco de Previsión Social (BPS), por lo que la mutualista perdió una de sus escasas fuentes de recursos genuinos: la posibilidad de generar recursos a través de la venta de servicios al Estado. La deuda por aportes y convenios con el organismo previsional suma US$ 10 millones.
La quebrada institución vive al día. Los proveedores exigen cobrar por adelantado: la industria farmacéutica, los que ofrecen insumos hospitalarios o incluso quienes proveen diagnósticos e internaciones psiquiátricas externas. También existen deudas con el personal, que fueron integradas en la masa concursal.
Si Casa de Galicia sigue prestando servicios, es gracias a los US$ 950 mil mensuales que, desde el 31 de diciembre, le deriva la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Las cápitas del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) están totalmente cedidas a terceros, salvo lo que corresponde para garantizar el pago de los salarios. Lo mismo pasa con buena parte de la recaudación por cuotas de socios y cobranza de órdenes y tickets, y la venta de servicios especializados.
La mutualista se encamina al cierre de su puertas con un alto nivel de endeudamiento comercial y financiero, documentado según el ministro por una “millonaria” emisión de cheques, en pesos y en dólares, sin fondos para cubrirlos. También con múltiples cesiones de créditos que en muchos casos tenían una segunda garantía, y préstamos financieros renovados varias veces por montos que incluían intereses de los anteriores.
En la lista se cuentan además hipotecas sobre la mayoría de los inmuebles y prendas sobre los bienes muebles.
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