Casaravilla dijo que regasificadora fue una "pequeña parte que salió mal" y reivindicó su gestión

En la puerta del Juzgado Letrado de Primera Instancia de la Ciudad Vieja, Casaravilla aseguró en rueda de prensa que Gas Sayago fue "una buena gestión" que falló por el "Lava Jato".

El Lava Jato fue uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de Brasil, que implicó principalmente a la petrolera Petrobras. La empresa constructora OAS, contratada por el estado uruguayo para la construcción de la regasificadora, fue una de las implicadas al manipular licitaciones y extorsionar al expresidente brasilero Lula para que se la favoreciera en negocios con la petrolera. Según Casaravilla, esa causa originada en Brasil implicó un "tsunami" para el proyecto.

Consultado sobre quién se hacía cargo de las pérdidas que implicó el negocio para el Estado –cuantificadas en más de US$ 200 millones por la auditoría de PwC que antecedió la denuncia–, el exjerarca dijo que el proyecto se enmarcó "en un contexto de muchas cosas que salieron muy bien, algunas que salieron más o menos y algunas que salieron mal".

"Hagamos lo siguiente: yo me hago cargo del 100% del costo de Gas Sayago. Qué porcentaje me vas a dar del beneficio que trajimos con el cambio de la matriz energética, que fueron US$ 500 millones por año. Dame el 10%. Ya van varios años. ¿Cuántos millones tengo a favor? Yo me hago parte de esa pequeña parte que salió mal", afirmó. 

Dos visiones

Tras el cambio de gobierno, la nueva administración de UTE pidió un informe independiente a la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) que informó en junio pérdidas de US$ 213 millones por parte de Gas Sayago de 2010 a 2019. Este costo incluía "gastos por viajes al exterior (US$ 290.000), capacitación que incluía maestrías y posgrados (US$ 247.000), gastos de alimentación (US$ 212.000), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, entre otros gastos", informó Presidencia en su momento.

Jorge Barrera, abogado de la empresa estatal, sostuvo que las declaraciones de Casaravilla en el Juzgado confirman que hubo una malversación del dinero del Estado en el manejo de Gas Sayago. Según afirmó, las irregularidades no se agotaron en ese tipo de gastos, sino que en gran medida se reflejaron en los "actos arbitrarios" de no culminar las operaciones en cuatro oportunidades en las que se podría haber finalizado el proyecto. Según el abogado de la defensa, existió una "voluntad" por continuar una iniciativa que "no tenía razón de ser".

Camilo dos Santos

El abogado de Casaravilla, Juan Pablo Decia, dijo en cambio que en las cuatro "oportunidades" aludidas por la actual administración se realizaron informes técnicos que sostenían que "era beneficioso para el país seguir avanzando con el proyecto", por lo que desde su punto de vista este punto quedó "refutado".

Decia dijo a El Observador que presentaron un informe de noviembre de 2015, de carácter reservado, que a grandes rasgos "establecía la conveniencia de seguir avanzando en el negocio pese al contexto", luego de que el consorcio GNLS –conformado por la francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni– decidiera retirarse del proyecto, tras unirse en 2013, responsabilizando el accionar de OAS. El abogado argumentó que la defensa de UTE buscó preguntar por "el barro", en referencia a asuntos como los sobrecostos en alimentación y masajes, porque "si iban por lo técnico no tenían por dónde entrar".

Idas y vueltas desde 2013

La indagatoria a Casaravilla se extendió por tres horas y media. Todo el caso se rige en el viejo Código Penal, debido a que surgió por primera vez en 2013, por una denuncia del abogado Gustavo Salle Lorier, y por eso se desarrolla de forma reservada. Tanto en 2013 como en una segunda oportunidad en 2017, cuando desde el Parlamento se realizó una denuncia al organismo por los informantes en minoría de una comisión investigadora, no hubo resoluciones sobre el caso.

Según Decia, en 2017 el caso no se archivó como en 2013, sino que quedó "en espera", debido a que se esperó por la declaración de una persona en Brasil que "nunca apareció".

El informe de PwC volvió a traer el tema a la mesa de Fiscalía. Según el abogado del indagado Casaravilla, las únicas pruebas nuevas que se presentaron, con respecto a 2013 y 2017, fueron los gastos destacados por Presidencia. En defensa de su cliente, Decia argumentó que estos fueron de un nivel "cotidiano" de Gas Sayago, en los que no participaba el directorio de UTE.

Casaravilla no duda en afirmar que todo este caso de la malversación de fondos "es político". Cree que los pilotes que quedan sobre la bahía de Montevideo solo sirven para sacar algunas fotos, y que ni el gasto de retirarlos, ni ninguno de los gastos de alimentación y servicios a los empleados de Gas Sayago, se compara con el ahorro que su administración generó durante 10 años con el cambio de la matriz energética, que tasó en U$S 500 millones por año. Antes de retirarse, en medio de los micrófonos y con Decia cuidando sus espaldas, dijo que si él se hacía "100% responsable" de las pérdidas de Gas Sayago, también debía concedérsele un porcentaje de las ganancias por el cambio de la matriz.

¿Qué sigue?

Camilo dos Santos

Este viernes comparecerán en calidad de testigos el exdirector blanco de UTE en la administración de Tabaré Vázquez del 2015 al 2020, Luis Pereyra, y el exdirector colorado José Amy. El 26 de octubre lo harán también para testificar el exdirector nacional de Energía, Ramón Méndez, y el exvicepresidente de UTE, César Briozzo.

Finalmente el 27 de octubre atenderán frente al fiscal Pacheco el expresidente de Ancap y exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, y la exgerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, ambos en calidad de indagados.