8 de julio 2013 - 19:44hs

La maniobra de los psicólogos ñoquis de la ANEP llegó a la justicia penal. La denuncia contra los psicólogos de la Unidad de Diagnóstico Integral (UDI) del organismo de la educación, se presentó a mediados de junio, confirmaron a El Observador fuentes judiciales. El caso está a cargo de la jueza Gabriela Merialdo y del fiscal Gustavo Zubía.

Sin embargo, consultados por El Observador, tanto Merialdo como Zubía señalaron que aún no tomaron contacto con la denuncia. El fiscal explicó que no está seguro si el caso le corresponderá a ellos.

El caso de los psicólogos ñoquis de la ANEP afectó el tratamiento de unos 1.000 niños aproximadamente, como informó El Observador ayer. La maniobra de los profesionales consistía en concurrir a la UDI a marcar la tarjeta de entrada, luego retirarse de inmediato a trabajar en mutualistas o consultorios privados, y en la tarde volver a marcar tarjeta a la hora de salida.

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El Codicen ya inició una investigación y sumarió a tres profesionales, entre ellos al director de la repartición, el psiquiatra Héctor Martín y a los psicólogos Gabriela Campos y Beatriz Muiño. Sin embargo, el consejero Néstor Pereira manifestó a El Observador que la investigación continúa y es probable que en los próximos días haya nuevos sumarios.

Hoy el Codicen recibirá un nuevo informe de la instructora de la investigación y podría determinar sumarios a otros profesionales.

La UDI es la dependencia de la ANEP que estudia los problemas de aprendizaje y dislexia de los alumnos del sistema educativo. A partir del diagnóstico, la unidad puede determinar la “tolerancia” para el alumno en determinadas materias. En casos más graves, su derivación a escuelas espciales.

Marta Machado contó a El Observador las peripecias que pasó para obtener la tolerancia para su hijo Daniel, de 16 años, y señaló que después de tres años de inciado el trámite en la UDI, todavía sigue esperando el informe con el diagnóstico correcto sobre las dificultades que tiene el joven.

“Daniel es un chico que siempre tuvo problemas. En Primaria repitió 5º porque me dijeron que era inmaduro. Pero si lo hubieran atendido a tiempo, si el informe de la UDI hubiera llegado, seguro no estaría tan atrasado. Por lo menos, estaría en 3º de liceo, calculo yo”, afirmó Marta.

Puede haber delito
El catedrático en Derecho Penal y exprocurador de lo Contencioso Administrativo, Miguel Langón dijo a El Observador días pasados que la conducta de los psicólogos constituye una clara falta administrativa que pude dar lugar a la destitución. A su juicio, solo consituiría un delito si se comprobara que se perjudicó a algún niño o se inventó un informe, algo que ahora el Codicen constató ya que mil niños se vieron perjudicados.

Langón explicó que el Estado les podría hacer un juicio por daños y perjuicios para reclamarle lo cobrado injustamente.

Por su parte, una fiscal que pidió no ser nombrado, manifestó a El Observador, que a su entender se puede estar ante un delito de estafa o de fraude. Delito de estafa por actuar con engaño y procurarse un provecho injusto. Y fraude por actuar con engaño en los actos en los que se intervino por razón del cargo, con daño a la Administración. La magistrada coincidió con Langón en que hubo una clara falta administrativa.

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