Caso en que testigo acusó a fiscal de manipularla terminó con condena para el violador

La testigo es una mujer, que vivía a poca distancia de un descampado. Llamó dos veces al servicio 911 para realizar la denuncia luego de ver por la ventana de su casa a una pareja, en la que el joven salió corriendo. Según su versión, abrió la puerta para hablar con la mujer, que le dijo que el hombre la había rapiñado y abusado sexualmente. Eso fue lo que declaró la testigo el 5 de setiembre de 2019 ante Fiscalía.

Luego, según el relato, la testigo le dijo al juez Malvar que la fiscal Lovesio la había "manipulado” y le hizo creer que “era una heroína” por supuestamente haber salvado a la mujer violada. 

"Dije: '¿están discutiendo?' por las dudas que no se pase de vivo (…) él la tomó del brazo, ella hizo así (…) el muchacho se retira caminando (…) yo le digo: '¿estás bien?' y dice ‘me robó’ (…) ¿estás bien? Sí, dice me robó y aparte me violó, estoy diciendo lo que ella me dijo, pero a mí no me consta", declaró y agregó: "No vi que la golpeara ni nada por el estilo (…) Estaban en un pasillo que queda en frente de mi casa (…) me dijo que le robó $ 1.000 (…) estaba alterada como cualquier persona que le cometen un robo (…) me llamó la atención que una persona víctima de violación nunca soltó la tarjeta STM de la mano". 

"Tengo muchas dudas de lo que pasó", respondió al ser consultada por la defensa. 

A raíz de ello, la Fiscalía de Corte comenzó una investigación administrativa sobre Lovesio, que aún está desarrollándose. Ocurrió a pedido de la nueva fiscal del caso, Mariana Alfaro, que en su momento pidió que se investigara argumentando que el caso era sólido y que no había nada que esconder. 

El juez coincidió con esa visión y lo encontró culpable. Según consta en la sentencia a la que accedió El Observador, Malvar expuso que las únicas pruebas que entran a juicio son los dichos de los testigos en la audiencia del juicio oral. Por ende, la declaración presuntamente manipulada de la testigo no fue tenida en cuenta por haberse tomado en sede de Fiscalía. El magistrado no tuvo acceso a esa declaración. 

El hombre se encuentra preso preventivamente en el ex Comcar desde hace dos años. La defensa, encabezada por Ignacio Durán y Rafael Scelza, decidió que apelará la sentencia, confirmó Durán a El Observador. 

Las pruebas por las que el hombre fue condenado

La víctima mantuvo su relato en todo momento. Se encontraba esperando el ómnibus para ir a trabajar a las 5:30 de la mañana en la misma parada que todos los días. Allí, el hombre la tomó por detrás y la condujo a un descampado donde la violó e intentó asfixiarla. Ella se quejó y pidió agua, juntos se dirigieron a un kiosko donde compró una gaseosa e intentó hacer alguna seña pidiendo ayuda que no fue bien interpretada por el ciclista que pasaba por allí. Tratando de demostrar que eran una pareja, él intentó llevarla hacia una plaza, pero ella trataba de ir en dirección contraria. 

Luego forcejearon, ella le ofreció $ 1.000 mil y él le permitió irse. 

El ahora condenado dijo que se trataba de una relación clandestina, consentida y a espaldas de su esposa que se encontraba en el interior del país trabajando. 

La pericia psicológica determinó que el victimario tiene una personalidad borderline, pensamiento infantil y alta impulsividad. La víctima, por su parte, después del hecho se vio afectada en su vida psíquica y social, según el reporte de los peritos que la entrevistaron. Eso le ha impedido volver a trabajar. 

Además, hay una serie de imágenes que a juicio de Malvar vuelven verosímil la declaración de la víctima. Una de ellas es los gestos que le realizó al ciclista cuando estaban frente al kiosko donde compraron la gaseosa. El ciclista le respondió que no entendía lo que le estaba diciendo y ella se llevó el dedo a los labios pidiéndole que hiciera silencio. Luego, hay otra filmación que muestra que en dos oportunidades la víctima pretendió dirigirse a la parada de ómnibus y el hombre se lo impidió. 

Según el juez, la defensa no pudo probar su hipótesis, "tan solo pudo señalar los defectos de la investigación", pero estas, a su juicio, no alcanzan para eliminar la acusación. También destacó que su versión no resulta verosímil. 

La Justicia condenó al acusado a ocho años de prisión, a pagarle a la víctima 12 salarios mínimos nacionales y la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos. También estará inhabilitado por 10 años de ejercicio de funciones públicas y privados en el área educativa, de la salud, aquellas que impliquen trato directo con niños y adolescentes, personas con discapacidad o mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud. 

También se instruyó que se lo inscribiera en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.