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Choque de fiscales: los motivos por los que Juan Gómez le inició sumario a Iglesias
La llegada de Raúl Iglesias a la fiscalía de Delitos Sexuales fue seguida de polémicas decisiones que lo pusieron en primera plana de todos los medios. Un mes y pocos días después, sus actuaciones se tradujeron en un sumario y la retención del 50% de su sueldo, situación que podría extenderse hasta seis meses, dijeron fuentes fiscales a El Observador.
Los motivos esgrimidos fueron tres. El primero –y principal– fue haber hecho público que pediría que los tres imputados por la supuesta violación a una mujer en Cordón a la salida de un boliche bailable pasen a cumplir prisión domiciliaria antes de avisarle a la defensa de la denunciante. Pero, además, tuvieron en cuenta declaraciones de Iglesias en la entrevista que dio a La Pecera (Azul FM), donde dijo que en un caso tan difícil como ese tenía el apoyo de su equipo y de su esposa, que también es funcionaria de la fiscalía. A partir de eso, se entendió que el fiscal divulgó detalles vinculados a la causa con personas externas (su esposa).
Por último, se tuvo en cuenta el informe del Departamento de Políticas Públicas que registraba que se archivaron 154 casos sin haber tenido más de dos minutos el archivo abierto en el sistema, informó Subrayado. El 92% de los casos archivados fueron analizados menos de 30 minutos.
La decisión de sumariarlo fue tomada por el fiscal de Corte Juan Gómez, pero fue comunicada a Iglesias por el abogado sumariante, señalaron fuentes fiscales a El Observador. Iglesias debió entregar el material de trabajo a la institución.
Los fiscales alineados con el pensamiento de Iglesias sostienen que el ingreso en el sistema no se traduce linealmente en el tiempo de trabajo invertido. Afirman que hay elementos a analizar que aún se tienen en formato papel o que la información podría descargarse del sistema y volverse a abrir para tomar una decisión. Los que se paran del lado de Gómez afirman que no es posible que haya archivado más de 400 casos en un mes haciendo un análisis responsable.
La relación entre Gómez e Iglesias ya venía tensa porque tienen diferentes visiones sobre cómo debería conducirse la Fiscalía y están en veredas opuestas en lo que significa la puja de poder dentro de la institución. De hecho, en diálogo con El Observador, Iglesias había pedido ayuda al espectro político porque sentía que Gómez violaba su independencia técnica.
La repercusión política
Los legisladores Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Graciela Bianchi (Partido Nacional) plantearon sus reparos con la decisión tomada por Gómez. Zubía, que fue fiscal penal, alegó que conoce fiscales que archivaron más casos que Iglesias y se preguntó por qué ellos no fueron sumariados.
La senadora Bianchi comunicó en su cuenta de Twitter que le solicitó al coordinador de la bancada del Partido Nacional que cite al fiscal de Corte a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado para pedirle explicaciones. En declaraciones a Telemundo, reprochó que Gómez no tuvo la misma severidad con la fiscal Darviña Viera por los errores y omisiones que cometió en la Operación Océano y con Mariana Alfaro cuando pidió el allanamiento a Azul FM, cuestión que el fiscal consideró un error.
"Lo que está queriendo hacer el fiscal Gómez es darle una señal a los otros fiscales sobre que no pueden tener actitudes o conductas de independencia técnica, cosa que yo vengo diciendo hace años cuando todavía estaba el fiscal Jorge Díaz, que creo que todavía sigue estando en muchos fiscales, tal vez en el propio fiscal Gómez", dijo la legisladora en diálogo con Telenoche.
Bianchi reconoció que "no sería justo" calificar el hecho como una "persecución" del actual fiscal de Corte, pero señaló que "claramente hay una señal a los otros fiscales".
De todas formas, la senadora aseguró haber quedado "impactada" al tomar conocimiento de la sanción a Iglesias porque no creía que Gómez fuera capaz de llegar a este punto. "Pensé que iba a usar mucho más su ecuanimidad y podía corresponder, si hubiera querido investigar, sumario sin medidas cautelares, pero separar del cargo a una persona y retenerle el 50% de los haberes es una medida ya de castigo", valoró.
